El sacerdote José Alberto Carlos Barreto declaró este martes en el juicio al cura Justo José Ilarraz por los abusos en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo, y cuando salió, abordado por los periodistas, pretendió una extraña candidez.

No bien traspuso la puerta de la sala de audiencias –los debates son a puertas cerradas-, se atajó: “Ya dije todo. En realidad, todo lo que tenía para decir lo dije ante el juez”.

-¿Cuál es su relación con la causa Ilarraz?

-Me llamaron

-¿Pero por qué lo llamaron?

-Parece que aparezco en los relatos de los muchachos

-¿Qué función cumplía en el Seminario?

-En su momento…

-¿Qué hacía usted?

-Bueno, en realidad, yo quiero ir a mi casa porque estoy un poquito cansado. Me van a disculpar.

-¿No quiere contar nada de lo que declaró en Tribunales?

-Es que lo que yo tenía para decir lo dije ante el tribunal.

-Está bueno que también se conozca públicamente lo que dijo, porque esta causa que estuvo silenciada mucho tiempo. Por eso lo consultamos a usted.

-Y, bueno, lo que yo tenía para decir, queda grabado, filmado y por escrito

-¿Usted sabía que los chicos lo mencionaban en sus relatos?

-Me dijeron que estaba.

-¿Quién, las víctimas?

-Yo les agradezco, y me da gusto que puedan y quieran contribuir a comunicar a la gente y entre todos podamos crecer en la búsqueda de la verdad, que haya justicia, y que nunca más suceda acontecimientos como estos en ningún lugar del planeta

-Eso no va a suceder en la medida que ustedes no cuenten y digan lo que ocurrió

-Buenas tardes.

Cuando declaró en la etapa de la instrucción de la causa Ilarraz, Barreto, que es párroco en Cristo Peregrino y que supo de los abusos de Ilarraz de boca del sacerdote Eduardo Armándola, hoy en misión en África, José Carlos Alberto Barreto, dijo conocer a todos los denunciantes.

Estuvo en el Seminario desde 1980 a 1994, y allí fue alumno de Ilarraz. En la Justicia, entonces, dijo sentir “malestar porque ocurrió estando allí y nunca vio nada, ni escuchó nada mientras fue alumno de Ilarraz y luego cuando ya era bedel”.

 

 

Responsabilidades

Alfredo Nicola fue citado como testigo por haber sido uno de los firmantes de una carta, en 2010, que fue entregada al entonces arzobispo Mario Maulión, y en la que se pidió que Ilarraz sea denunciado en la Justicia. “Yo fuiuno de los firmantes de esa carta y creo que está dando resultados. El fin de esa carta fue justamente que se llegue a esto, que se esclarezca, y que por supuesto nunca más pase”, dijo Nicola a la salida.

No quiso cargar con responsabilidades en forma pública sobre las espaldas de los últimos tres obispos de Paraná –Estanislao Karlic, Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari- aunque admitió que durante el transcurso del juicio a Ilarraz se está poniendo a la luz “qué pasó, qué no pasó, qué silencios hubo, qué responsabilidades hubo de cada uno, y se tendrá que asumir eso”.

-¿Pensas que hubo encubrimiento?

-Es duro: si hubo encubrimiento, van a tener que asumirlo en los tribunales para que se esclarezca este punto.

¿Qué opinión tenés de Ilarraz?

-Yo le creo a las víctimas. De ahí se desprende mi opinión. Esto no tiene que pasar nunca más en ningún lado, menos en la Iglesia.

-¿Qué pensas de las responsabilidades Puiggar, Karlic, Maulión? ¿Pensás que deberían venir a declarar?

-Sí, deberían venir a declarar, por escrito o como seas. Ellos tienen que dar su opinión.

 

La carta

 

“Uno de los temas abordados con gran preocupación en estas reuniones de Decanato es el relativo a los abusos cometidos por sacerdotes a menores confiados a su ministerio. Sobre todo nos preocupa la creciente notoriedad que uno de los casos está teniendo entre la gente de nuestras parroquias, el del p. Justo Ilarraz, quien fuera formador en el Seminario Menor a principios de la década del 90”.

El texto forma parte de la carta que en 2010 un grupo de sacerdotes del denominado decanato III -la diócesis se divide en 9 decanatos- elevaron al entonces arzobispo Mario Maulión, poniéndolo al corriente de los abusos del cura Justo José Ilarraz -de los que ya había tenido conocimiento en 2005, por intermedio de dos víctimas, denuncias que no atendió-, en el que reprocharon el silenciamiento de las autoridades eclesiásticas y la falta de denuncia en la Justicia.

 

En septiembre de 2010 un grupo de ocho sacerdotes le hizo conocer al arzobispo Maulión la “gran preocupación” que generaban los comentarios acerca de la existencia de casos de abuso de menores por parte de sacerdotes.

Pero se centraron en uno: el caso del cura Ilarraz, y por dos motivos. Primero, porque Ilarraz continuó ejerciendo el sacerdocio a pesar de la investigación que hubo en 1995 a partir del testimonio recogido de las víctimas de sus abusos, sin que siquiera se le hubiera aplicado una sanción canónica o se haya llevado su caso a la Justicia. A Ilarraz lo mandó a investigar el ahora cardenal Estanislao Karlic en 1995, y tras una instrucción sumarísima, en 1996, le aplicó la sanción del destierro y le prohibió volver a Paraná.

Fue así que Ilarraz se mudó a Tucumán, y allá siguió siendo cura hasta 2012, cuando fue suspendido, medida que todavía se mantiene.

Aquella carta dirigida a Maulión fue firmada por grupo de sacerdotes del denominado decanato III –que incluye las parroquias Nuestra Señora de Luján, Santa Ana, San José Obrero, San Francisco de Borja, San Benito Abad, Santa Ana (de Aldea María Luisa), Inmaculada Concepción (de Villa Urquiza), Santa Lucía, Jesús Maestro y Señor de la Humanidad (de Oro Verde), Nuestra Señora de Pompeya y Santo Domingo Savio– , que se mostraron perplejos por el silencio de las autoridades eclesiásticas que, dijeron, podría ser interpretado por los fieles como un acto de “encubrimiento”.

Aquella carta no llegó sólo a las manos de Maulión, sino a la de quienes integraban entonces su consejo presbiteral, una especie de consejo de ministros que componen los decanos de los nueve decanatos en los que se divide la diócesis, más un representante del clero joven, e integrado también por el canciller de la Curia, el rector del Seminario y los vicarios generales.

En 2007, Maulión reformó los estatutos de ese consejo –la última modificación había sido aprobada en diciembre de 1995 por el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic– y fijó como función esencial la de “ayudar eficazmente con sus consejos al arzobispo en el gobierno de la Arquidiócesis”.

En una reunión posterior a la presentación de aquella nota, el consejo presbiteral trató la preocupación de ese grupo de sacerdotes. Pero a no ser por los gestos y las palabras de acompañamiento, no hubo ninguna otra medida: no se actuó en función del tenor del escrito.

El 15 de septiembre de 2010 ese grupo de ocho sacerdotes, pertenecientes al decanato III de la diócesis de Paraná –la jurisdicción de la diócesis de Paraná, que comprende los departamentos Diamante, Feliciano, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, y los distritos Achiras, Banderas y Sauce de Luna del departamento Federal, se divide en 9 decanatos– trató por primera vez el caso Ilarraz.

Volvieron sobre el asunto en una reunión extraordinaria, el jueves 23 de ese mes, y entonces se acordó transcribir en una carta esa preocupación y presentársela a las autoridades eclesiásticas.
Allí, pusieron de manifiesto la “creciente notoriedad” del caso Ilarraz, quien fuera formador de aspirantes al sacerdocio en el Seminario de Paraná.

Y se mostraron preocupados por el hecho de que el sacerdote siguiera ejerciendo el ministerio, aún en medio de las sospechas y las denuncias, con la posibilidad de seguir repitiendo esos abusos.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.