Un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel confirmó el procesamiento del exgobernador Sergio Urribarri, actual presidente de la Cámara de Diputados, y del exministro de Cultura y Comunicación y hoy diputado provincial peronista, Pedro Ángel Báez, medida dictada el 1° de marzo por el juez de Transición Gustavo Maldonado.

Durante una audiencia «in voce» que tuvo lugar el 20 de abril, la fiscal Matilde Federik pidió la confirmación de ese procesamiento y fue al hueso de la cuestión no sólo al reafirmar lo que antes, y en otra causa, ha planteado el Ministerio Público Fiscal, respecto a que el empresario pizzero Germán Buffa es «testaferro» del exministro Báez, sino que aseguró que la empresa Global Means SA, que se benefició con una pauta de publicad oficial en 2011, es parte del patrimonio del diputado provincial.

Urribarri, Báez y Buffa fueron procesados el 1° de marzo último por el juez de Transición Gustavo Maldonado, en una causa que investiga la contratación de publicidad oficial con una firma que, al momento de firmarse la orden respectiva, no estaba creada.

Se trata de la empresa Global Means SA, del empresario Germán Buffa, quien a su vez maneja una franquicia en Paraná de Planeta Pizza, integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito. Ante un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, los defensores Raúl Barrandeguy, Marcos Rodríguez Allende y Candelario Pérez (Urribarri) e Ignacio Díaz (Báez) pidieron el sobreseimiento de sus representados, o, en su defecto, que se dicte la falta de mérito.

La fiscal Federik se opuso de modo cerrado a esa posibilidad. “Si bien los fundamentos del procesamiento (dictado por Maldonado) son escuetos no por ello son menos sólidos. Son inconmovibles”, afirmó. La representante del Ministerio Público pidió confirmar el procesamiento de Urribarri y Báez, que dictó el juez Maldonado, por entender que en el otorgamiento de una publicidad oficial por $118 mil, en julio de 2011, Urribarri y Báez direccionaron esa pauta hacia Global Means SA. Aún a sabiendas de que en ese momento esa empresa no tenía existencia real. “Lo que se direcciona es la contratación pública hacia una empresa inexistente en aquel momento”, subrayó.

Se trata de una causa que investiga los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de una denuncia que hiciera en 2013 el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino.

Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. La orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

El modo cómo se aprobó esa publicidad llevó a la fiscal Federik que esa contratación se  explica de una sola manera:  Báez es propietario de Global Means SA. O sea, que actuó de los dos lados del mostrador: otorgó la publicidad y la cobró él mismo.

«La cronología de las fechas consignadas en los documentos, revela que la Orden de Publicidad Nº 2038 por $118.000,00 (de fecha cierta 01/07/2011) fue emitida con anterioridad a la propuesta del publicista (posiblemente de fecha 15/07/2011, pero de fecha cierta todavía posterior), lo que hace difícil, sino imposible, explicar cómo hicieron los imputados para evaluar al momento de firmar la Orden de Publicidad la razonabilidad en la relación precio producto, y para realizar la reserva preventiva del gasto estimado, conforme lo exigen los artículos 13 y 14 de la Ley de Contabilidad Provincial Nº 5140 y el art. 94 del Decreto Nº 795/96», dice el fallo del tribunal.
«Más allá de que el sentido común -y la normativa- indican que la propuesta de publicidad o presupuesto de Global Means S.A. debe necesariamente haber existido con fecha anterior a la emisión y firma de la Orden de Publicidad Nº 2038, cabe destacar que tanto los testigos Mariela del Carmen Teruel  como Pablo Dimier  fueron claros y contestes al sostener que sin una propuesta de publicidad o presupuesto es imposible que se genere una orden de publicidad, ya que el procedimiento de contratación se inicia justamente con el presupuesto del medio, en base al cual se confecciona luego la orden de publicidad, razón por la cual el presupuesto debe ser de la misma fecha de emisión de la orden de publicidad o anterior, pero nunca debe ser posterior ya que la orden se hace en base a ese presupuesto», señala.
Y apunta: «Ello, dejando de lado que ambos testigos minimizaron el asunto, y optaron por inferir que la discordancia de fechas entre la orden de publicidad y la propuesta de «Global Means S.A.» en el caso concreto posiblemente obedecería a un error de impresión, que no obstante, aún en ese caso, debiera haber sido observado y requeridas las explicaciones por los organismos de control legal y técnico, tal como lo sostuvo Dimier».

Señala depsués las irregularidades en la contratación de Global Means SA al plantear que «según surge de la constancia de alta en AFIP de la empresa Global Means SA, en la misma se consigna fecha de Contrato Social el 15/08/2011, y fecha de inicio de actividad principal del 10/2011 para todos los impuestos registrados, lo que torna inverosímil que en el mes de julio de 2011 se le haya requerido a Global Means SA que incluya el IVA en su presupuesto, siendo que no estaba inscripto ante la AFIP, porque ni siquiera existía como persona jurídica».

«Otro dato relevante que sugiere la existencia de irregularidades en la tramitación de las actuaciones administrativas referidas, es que la reserva preventiva del gasto (volante de registro de compromiso de expediente) obrante a fs. 09, por el monto de $118.000,00 se realizó con fecha de imputación el 29/02/2012, esto es, más de seis meses después de la emisión de la Orden de Publicidad Nº 2038 del 01/07/2011, de lo que se infiere que la misma habría sido emitida sin la reserva del gasto previa que exigen las leyes de contabilidad pública provincial.-
Mención aparte merece la circunstancia de que el expediente administrativo Nº 1299284 (A.G. 885/3) por el que se tramitó el pago de la publicidad contratada, según su carátula fue generado en fecha 24/03/2012, mientras que según el volante del seguimiento informático del portal del gobierno de la provincia incorporado a la causa, habría sido iniciado el 10/02/2012, lo que probablemente significa que el trámite tendiente a efectivizar el pago de la publicidad contratada haya sido iniciado con anterioridad inclusive al trámite Nº 1301524 que contiene la propuesta de Global Means SA y la Orden de Publicidad Nº 2038 (iniciado posiblemente el 17/02/2012)».
Báez y Urribarri contrataron publicidad con una empresa inexistente, dice el fallo. «Del contenido de la información consignada en los formularios de preinscripción online en el registro de medios, el comprobante de alta en dicho registro (de fecha de recepción 01/11/11) y de la constancia de inscripción en AFIP y ATER de Global Means SA, se infiere con alta probabilidad, que al momento de haber sido emitida y firmada la Orden de Publicidad Nº 2038 (de fecha 01/07/2011), dicha empresa no existía legalmente en el mundo jurídico como persona de existencia ideal -pues no estaba constituida-, por ende no se encontraba inscripta ante el fisco nacional ni provincial, ni tampoco se encontraba inscripta ni pre inscripta en el registro integrado de medios (pues si se consignó en este último formulario de preinscripción tanto la razón social como el número de CUIT de la empresa y la fecha de inscripción en la I.G.J. del contrato constitutivo de la S.A., necesariamente su llenado debe haber sido con fecha posterior a que se constituyera e inscribiera en el Registro Público la entidad y a que se diera de alta en AFIP, pues lógicamente, nadie podía conocer con anterioridad al 16/09/2011 tales datos)».

El fallo, además, es un duro revés para Báez al dar cuenta de que existe una relación con el empresario Buffa, al sostener que los elementos reunidos se permite «inferir que posiblemente los funcionarios han obrado en el caso por interpósita persona -modalidad que prevé el tipo penal del art. 265- presentándose a Global Means SA como un proveedor más a los ojos de la administración, lo que contrasta con las particularidades de los trámites administrativos que viabilizaron la contratación publicitaria objeto de imputación, y con los elementos que dan cuenta de una serie de conexiones y relaciones existentes entre Báez y Buffa, el presidente de la firma».

Y no atiende el tribunal los argumentos de la defensa respecto a que los trámites de adjudicación de esa publicidad fueron aprobados por la Contaduría, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas, sin ninguna observación. La sentencia hace notar que «la aprobación previa y posterior de los procedimientos administrativos, como de las rendiciones de cuentas presentadas a los organismos de control no tienen incidencia alguna en la cuestión penal».

 

«Así, de la valoración integral de los indicios probatorios antes reseñados, puede deducirse que tanto la informalidad con la que se manejó el procedimiento administrativo que derivó en la contratación de la pauta publicitaria a favor Global Means SA como la flexibilidad y laxitud con que se ejerció el control de legalidad -previo y posterior- del trámite, se explican racionalmente en la concurrencia de un interés de parte -de carácter extra-administrativo- que fue volcado en el negocio jurídico en miras de un beneficio propio o de un tercero, en base a lo acordado mutuamente entre los imputados», dice, de modo contundente, el fallo.

 

Debate

En la audiencia “in voce” que se realizó el viernes 20 -y en la que participaron, por el Ministerio Público Fiscal, Matilde Federik y Patricia Yedro- se puso el acento en el modo extranísimo cómo el tándem Urribarri/Báez emitieron una orden de publicidad fechada el 1°de julio de 2011 y la propuesta de Global Means SA recién fuera hecha el 15 de julio de ese año. “Los defensores quieren presentar este hecho como un supuesto error material -dijo Federik-. Pero Global Means en esa fecha ni siquiera existía como sujeto en el mundo jurídico, menos existía frente a la AFIP como responsable ante el IVA”.

“Son estas irregularidades tan groseras lo que permiten sostener que hubo interés en contratar con una empresa que no existía”, apuntó. Al no existir como empresa, tampoco podía estar inscripta en el Registro de Medios, creado el 13 de febrero de 2008 por el área que dirigía Báez. “Ni siquiera estaba hecha la preinscripción en ese Registro. El 16 de septiembre de 2011 es la fecha del contrato de constitución de la sociedad Global Means SA. No se pudo haber inscripto el 1° de julio en ese Registro de Medios una firma cuyo registro de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas se da recién el 16 de septiembre de 2011. Salvo que el señor Buffa tuviera poderes de adivinación, y supiera cuáles eran los números que le iban a asignar en Personas Jurídicas”, ironizó.

Luego, reprochó la declaración de los asesores legales del Ministerio de Cultura y Comunicación -Pablo Dimier, Walter Carballo y María del Carmen Teruel, “que vinieron a declarar y trataron de defender su propia negligencia”.

Pero además, el apuro por contratar no tuvo justificación, dijo Federik. “No se trató de publicitar una campaña de vacunación por el dengue. No se trataba de publicitar actos de gobierno. Báez quería acercarse a los ruralistas después del quiebre de la (resolución) 125. ¿Qué nivel de urgencia tenía esa publicación?”, planteó.

Pero además hizo notar que Global Means SA no sólo no estaba constituida como empresa, ni tenía inscripción en la AFIP, sino que tampoco tributaba en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

“Tal era el interés de Báez y de Urribarri para contratar, que decidieron correr el riesgo de sortear todos estos mecanismos”, planteó más adelante.

 

Negociaciones

En medio del debate, la fiscal Federik sorprendió con algunas revelaciones. “Existe prueba agregada al expediente, y que se va a agregar, ahora que hemos tomado el timón de esta causa, que nos permite sostener la relación directa entre Global Means y Báez”, señaló. Y para ello tomó parte de la declaración indagatoria del propio titular de Global Means SA, Germán Buffa, quien “dijo conocer al hijo de Báez, haber asesorado a la esposa, Sofía Riquelme; y al propio Báez para un emprendimiento de apart hotel”.

Riquelme y Buffa integran Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.

Innova Turismo SRL “sospechosamente fue creada en la misma época en que ocurrieron estos hechos. El 7 de septiembre de2011 se presentó un poder ante la AFIP que establece que el señor Buffa es el apoderado de esta empresa. Esto no es causal”, aseguró la fiscal.

La relación entre Báez y Buffa no sólo se da en base a los emprendimientos que tiene su mujer con el empresario pizzero, sino que el Ministerio Público Fiscal evaluó cruces de llamadas y estableció que hubo 166 contactos telefónicos entre ambos en el período que va de mayo de 2011 al 30 de enero de 2012. Luego, Federik mencionó la “frutilla del postre”: Buffa, como presidente de Global Means SA le otorgó autorización de manejo a un vehículo de la firma a la esposa de Báez, Sofía Riquelme, y al hijo del matrimonio, Francisco Báez.
“Claramente, la empresa (Global Means SA) pertenece al señor Báez”, concluyó.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.