Un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel confirmó el procesamiento del exgobernador Sergio Urribarri, actual presidente de la Cámara de Diputados, y del exministro de Cultura y Comunicación y hoy diputado provincial peronista, Pedro Ángel Báez, medida dictada el 1° de marzo por el juez de Transición Gustavo Maldonado.
Durante una audiencia «in voce» que tuvo lugar el 20 de abril, la fiscal Matilde Federik pidió la confirmación de ese procesamiento y fue al hueso de la cuestión no sólo al reafirmar lo que antes, y en otra causa, ha planteado el Ministerio Público Fiscal, respecto a que el empresario pizzero Germán Buffa es «testaferro» del exministro Báez, sino que aseguró que la empresa Global Means SA, que se benefició con una pauta de publicad oficial en 2011, es parte del patrimonio del diputado provincial.
Urribarri, Báez y Buffa fueron procesados el 1° de marzo último por el juez de Transición Gustavo Maldonado, en una causa que investiga la contratación de publicidad oficial con una firma que, al momento de firmarse la orden respectiva, no estaba creada.
Se trata de la empresa Global Means SA, del empresario Germán Buffa, quien a su vez maneja una franquicia en Paraná de Planeta Pizza, integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito. Ante un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, los defensores Raúl Barrandeguy, Marcos Rodríguez Allende y Candelario Pérez (Urribarri) e Ignacio Díaz (Báez) pidieron el sobreseimiento de sus representados, o, en su defecto, que se dicte la falta de mérito.
La fiscal Federik se opuso de modo cerrado a esa posibilidad. “Si bien los fundamentos del procesamiento (dictado por Maldonado) son escuetos no por ello son menos sólidos. Son inconmovibles”, afirmó. La representante del Ministerio Público pidió confirmar el procesamiento de Urribarri y Báez, que dictó el juez Maldonado, por entender que en el otorgamiento de una publicidad oficial por $118 mil, en julio de 2011, Urribarri y Báez direccionaron esa pauta hacia Global Means SA. Aún a sabiendas de que en ese momento esa empresa no tenía existencia real. “Lo que se direcciona es la contratación pública hacia una empresa inexistente en aquel momento”, subrayó.
Se trata de una causa que investiga los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de una denuncia que hiciera en 2013 el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. La orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
El modo cómo se aprobó esa publicidad llevó a la fiscal Federik que esa contratación se explica de una sola manera: Báez es propietario de Global Means SA. O sea, que actuó de los dos lados del mostrador: otorgó la publicidad y la cobró él mismo.
Señala depsués las irregularidades en la contratación de Global Means SA al plantear que «según surge de la constancia de alta en AFIP de la empresa Global Means SA, en la misma se consigna fecha de Contrato Social el 15/08/2011, y fecha de inicio de actividad principal del 10/2011 para todos los impuestos registrados, lo que torna inverosímil que en el mes de julio de 2011 se le haya requerido a Global Means SA que incluya el IVA en su presupuesto, siendo que no estaba inscripto ante la AFIP, porque ni siquiera existía como persona jurídica».
El fallo, además, es un duro revés para Báez al dar cuenta de que existe una relación con el empresario Buffa, al sostener que los elementos reunidos se permite «inferir que posiblemente los funcionarios han obrado en el caso por interpósita persona -modalidad que prevé el tipo penal del art. 265- presentándose a Global Means SA como un proveedor más a los ojos de la administración, lo que contrasta con las particularidades de los trámites administrativos que viabilizaron la contratación publicitaria objeto de imputación, y con los elementos que dan cuenta de una serie de conexiones y relaciones existentes entre Báez y Buffa, el presidente de la firma».
Y no atiende el tribunal los argumentos de la defensa respecto a que los trámites de adjudicación de esa publicidad fueron aprobados por la Contaduría, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas, sin ninguna observación. La sentencia hace notar que «la aprobación previa y posterior de los procedimientos administrativos, como de las rendiciones de cuentas presentadas a los organismos de control no tienen incidencia alguna en la cuestión penal».
«Así, de la valoración integral de los indicios probatorios antes reseñados, puede deducirse que tanto la informalidad con la que se manejó el procedimiento administrativo que derivó en la contratación de la pauta publicitaria a favor Global Means SA como la flexibilidad y laxitud con que se ejerció el control de legalidad -previo y posterior- del trámite, se explican racionalmente en la concurrencia de un interés de parte -de carácter extra-administrativo- que fue volcado en el negocio jurídico en miras de un beneficio propio o de un tercero, en base a lo acordado mutuamente entre los imputados», dice, de modo contundente, el fallo.
Debate
En la audiencia “in voce” que se realizó el viernes 20 -y en la que participaron, por el Ministerio Público Fiscal, Matilde Federik y Patricia Yedro- se puso el acento en el modo extranísimo cómo el tándem Urribarri/Báez emitieron una orden de publicidad fechada el 1°de julio de 2011 y la propuesta de Global Means SA recién fuera hecha el 15 de julio de ese año. “Los defensores quieren presentar este hecho como un supuesto error material -dijo Federik-. Pero Global Means en esa fecha ni siquiera existía como sujeto en el mundo jurídico, menos existía frente a la AFIP como responsable ante el IVA”.
“Son estas irregularidades tan groseras lo que permiten sostener que hubo interés en contratar con una empresa que no existía”, apuntó. Al no existir como empresa, tampoco podía estar inscripta en el Registro de Medios, creado el 13 de febrero de 2008 por el área que dirigía Báez. “Ni siquiera estaba hecha la preinscripción en ese Registro. El 16 de septiembre de 2011 es la fecha del contrato de constitución de la sociedad Global Means SA. No se pudo haber inscripto el 1° de julio en ese Registro de Medios una firma cuyo registro de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas se da recién el 16 de septiembre de 2011. Salvo que el señor Buffa tuviera poderes de adivinación, y supiera cuáles eran los números que le iban a asignar en Personas Jurídicas”, ironizó.
Luego, reprochó la declaración de los asesores legales del Ministerio de Cultura y Comunicación -Pablo Dimier, Walter Carballo y María del Carmen Teruel, “que vinieron a declarar y trataron de defender su propia negligencia”.
Pero además, el apuro por contratar no tuvo justificación, dijo Federik. “No se trató de publicitar una campaña de vacunación por el dengue. No se trataba de publicitar actos de gobierno. Báez quería acercarse a los ruralistas después del quiebre de la (resolución) 125. ¿Qué nivel de urgencia tenía esa publicación?”, planteó.
Pero además hizo notar que Global Means SA no sólo no estaba constituida como empresa, ni tenía inscripción en la AFIP, sino que tampoco tributaba en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
“Tal era el interés de Báez y de Urribarri para contratar, que decidieron correr el riesgo de sortear todos estos mecanismos”, planteó más adelante.
Negociaciones
En medio del debate, la fiscal Federik sorprendió con algunas revelaciones. “Existe prueba agregada al expediente, y que se va a agregar, ahora que hemos tomado el timón de esta causa, que nos permite sostener la relación directa entre Global Means y Báez”, señaló. Y para ello tomó parte de la declaración indagatoria del propio titular de Global Means SA, Germán Buffa, quien “dijo conocer al hijo de Báez, haber asesorado a la esposa, Sofía Riquelme; y al propio Báez para un emprendimiento de apart hotel”.
Riquelme y Buffa integran Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.
Innova Turismo SRL “sospechosamente fue creada en la misma época en que ocurrieron estos hechos. El 7 de septiembre de2011 se presentó un poder ante la AFIP que establece que el señor Buffa es el apoderado de esta empresa. Esto no es causal”, aseguró la fiscal.
La relación entre Báez y Buffa no sólo se da en base a los emprendimientos que tiene su mujer con el empresario pizzero, sino que el Ministerio Público Fiscal evaluó cruces de llamadas y estableció que hubo 166 contactos telefónicos entre ambos en el período que va de mayo de 2011 al 30 de enero de 2012. Luego, Federik mencionó la “frutilla del postre”: Buffa, como presidente de Global Means SA le otorgó autorización de manejo a un vehículo de la firma a la esposa de Báez, Sofía Riquelme, y al hijo del matrimonio, Francisco Báez.
“Claramente, la empresa (Global Means SA) pertenece al señor Báez”, concluyó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.