La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano recibió una impugnación contra el pliego de Gustavo Daniel Piquet, propuesto por el Poder Ejecutivo para el cargo de Defensor de Pobres y Menores –multifuero- de Federación.

La impugnación contra Piquet fue presentada por Carla Delisa Delmonte, quien lo acusa de falta de idoneidad para desempeñarse en el cargo. La impugnación -que ya tienen en sus manos los senadores de la comisión- es una compleja historia familiar, en la que se cruzan intereses económicos, un largo proceso civil, y una serie de decisiones judiciales discutibles.

En un escrito de 68 páginas, la mujer relata a los senadores un largo proceso judicial en el que el que, a su juicio, se evidencia que Piquet incurrió en faltas cuando estuvo interinamente al frente del Juzgado de Familia de Gualeguay, entre 2012 y 2017.

En rigor, Delmonte acusa a Piquet de haber tramitado irregularmente dos causas: una en la que pretendía que su madre Juana Griselda Amarillo, de 66 años, sea declarada incapaz; y otra en la que denunció que su padre, Silvio José María Delmonte, ejercía violencia de género sobre su madre. En ambos expedientes, la demandante obtuvo fallos contrarios a su pretensión, aunque consiguió que dos organismos cuestionaran el accionar de Piquet. Uno fue el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi); y otro, la Subsecretaría de la Mujer de la Provincia.

El caso que persigue a Piquet

Según se desprende del escrito al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, el proceso judicial que relata Delmonte se desata a raíz del control que ejerce su padre sobre 580 hectáreas de campos y cientos de cabezas de ganado en Gualeguay, valuados en millones de dólares, que heredó su madre Juana Amarillo. “Desde antes que yo naciera, mi padre presionaba a mi abuela para que le transfiera los campos a mi mamá (‘que le dé su parte’). Es por eso que mi mamá los recibió antes que falleciera mi abuela. Pero en realidad los recibió mi padre. Él los administra y se queda con las ganancias, previo a darle un poco a mi madre para su subsistencia: en ocasiones mi mamá debía elegir entre comprar alimentos o productos de limpieza, ya que el dinero no le alcanzaba para ambas cosas. Mi mamá tiene miedo a pedirle su dinero. Ella se puso feliz cuando recibió una jubilación, porque iba a poder tener algo de plata para ella. Para aprovecharse de sus campos, le hace firmar poderes de administración sin que mi mamá tenga noción de lo que firma. Es así, que mi padre cuenta con recursos económicos prácticamente ilimitados para defenderse y consolidar sus abusos”, relata Delmonte en su presentación.

Más tarde detalla que su madre no gobierna totalmente sus decisiones y que padece problemas mentales. Por esa razón, el 26 de octubre de 2011 presentó un pedido de inhabilitación y, más tarde, una denuncia por violencia de género.

En cuanto a la primera, dijo: “La causa judicial avanzó con normalidad hasta que en febrero de 2012 se pone en funciones el nuevo Juzgado de Familia de Gualeguay y asume interinamente el Dr. Gustavo Daniel Piquet. Pese a numerosos y reiterados pedidos míos para que impulse el proceso, el Juez Piquet demoró dos años y tres meses en dictar sentencia, y cuando lo hizo, la rechazó”, dijo y especificó que ese revés judicial fue dictado el 11 de febrero de 2014.

Según el extenso relato de la impugnante, en el expediente judicial ocurrió que su madre pasó de tener “capacidad reflexiva limitada casi nula, (inhibición intelectual)” a ser “plenamente capaz”. “A los 63 años de vida, y mientras el Juez Piquet tramitaba la causa, mi mamá no tuvo esa increíble recuperación”, señala Delmonte.

Luego afirma que el juez tuvo en sus manos diferentes informes del Equipo Técnico Interdisciplinario de Tribunales que explicaban que su madre “no está capacitada para vivir sola” y que cuenta “con una capacidad reflexiva limitada casi nula, (inhibición intelectual”). Sin embargo, explica que el magistrado declaró nulo lo actuado por no existir certificado médico y que consideró que la denuncia no era seria. “Jamás quiso dictar medida alguna para proteger a mi mamá”, concluye.

En otro párrafo, resalta que algunos argumentos del juez Piquet coincidieron con el discurso de su padre denunciado. Y cita, por ejemplo, palabras del juez al momento de rechazar su pedido de protección a su madre: «Para comprobar la importancia de que los magistrados analicen con cuidado el cumplimiento de los recaudos para la declaración de insania o inhabilitación, basta considerar que han existido algunos casos –en otras jurisdicciones- de intentos de despojar de sus bienes por familiares inescrupulosos, con el cómodo expediente de hacerlos internar por demencia, la que luego de varios padecimientos se probó que no era tal».

La denunciante vincula ese análisis con declaraciones que realizó su padre, Silvio Delmonte, a quien acusa de manipular a su madre, en una entrevista en la televisión gualeya en octubre de 2013: “Acá hay gente que le hablan de campo y de los dólares y que se yo y se le ponen los ojos blancos. Yo estoy seguro que hay mucha gente interesada, en tomar posesión, pero tenga presente que yo tengo fe en Dios, que esto no se le ha robado a nadie, que es un bien que viene de herencia de generaciones, que estamos defendiendo con orgullo con sacrificio…”.

Es decir, su padre, sin mencionarla, sugiere que su hija tiene interés en los bienes de su madre. Un cruce de acusaciones.

A ese respecto, la denunciante agrega que “los que dicen esto, no son personas cualquieras: uno es quien despojó y despoja a mi madre de sus bienes y el otro, es el Juez que debió proteger a mi mamá de este despojo”.

Más adelante,, recuerda que presentó una denuncia por violencia institucional contra el juez Piquet ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y que dicho organismo falló en contra del magistrado el 3 de julio de 2015: “El Juez a cargo del Juzgado de Familia de la ciudad de Gualeguay, Dr. Gustavo Daniel Piquet, ejerció actos de violencia institucional contra la Sra. J.C.A, al igual que dilató de modo injustificado la resolución de la solicitud de inhabilitación de la misma, dejándola en un absoluto estado de abandono e indefensión…”, sentenció el organismo.

En otro momento, relata que cuando Piquet rechazó declarar a su madre como insana, y que fue en apelación ante la Cámara en los Civil y Comercial de Gualeguaychú, que finalmente dispuso que se designe un “curador de bines” para que administre y custodie el patrimonio de la mujer.

Sin embargo, la denunciante afirma que “el Juez Piquet no se preocupó por hacer cumplir esta orden”, ya que “el curador nunca presentó ningún informe sobre el patrimonio de mi madre, ni de las operaciones, ni de las actividades que se efectúan”. Y agregó que este incumplimiento benefició a los intereses de su padre.

Más adelante, la mujer explica que finalmente el juez dispuso realizar la junta médica a su madre, pero que no fue una junta interdisciplinaria como ordena el Código Civil. La junta estuvo integrada por dos médicas (una psiquiatra y otra forense) y un traumatólogo. La conclusión a la que arribó este equipo médico fue que su madre tiene “plena lucidez” sobre sus actos.

Disconforme con el fallo, Delmonte fue en apelación y llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario. El 12 de septiembre de 2017 el máximo tribunal del país rechazó el recurso por inadmisible.

En cuanto a la causa por violencia de género, la impugnante subraya que el juez demoró 6 meses para resolver su denuncia, que fue rechazada por falta de legitimación. La demanda fue presentada el 11 de octubre de 2012 y el fallo de Piquet es de fecha 12 de abril de 2013.

En su resolución, el juez rechazó la denuncia ya que un tercero no puede “dar curso a un expediente sobre la voluntad de la interesada”. Es decir, es la propia mujer que sufriría violencia quien debe denunciar.

Además, el magistrado dispuso la realización de una terapia psicológica familiar entre los involucrados: la hija, su madre y su padre. Delmonte, que va contra Piquet, rechazó esa resolución por entender que nuevamente se cometía violencia institucional, y por ello fue hasta la Subsecretaría de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, que le dio la razón.

En resumen, la impugnante sostiene ante los senadores que “de la tramitación de la causa de inhabilitación y de violencia de género, surge de manera manifiesta que el Juez interino Gustavo Daniel Piquet no condujo el proceso con apego a la ley, se desentendió de la verdad objetiva de los hechos, no dictó su decisión final en tiempo útil y razonable, y no dictó fallos intrínsecamente (objetivamente) justos”.

Por todo ello, busca impedir que Piquet obtenga el acuerdo constitucional para ser designado como Defensor de Pobres y Menores en Federación. El caso ya está bajo análisis de los legisladores.

 

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.