«No podemos poner el carro delante del caballo».

El juez José María Chemez utilizó, como lo hizo ya el fiscal Juan Malvasio, el refranero popular para voltear, una vez más, sendos recursos de apelación de los abogados defensores del exministro de Cultura y actual diputado provincial peronista Pedro Ángel Báez, y del empresario pizzero Germán Buffa, ya sindicato en Tribunales como su «testaferro» en el generoso crecimiento patrimonial.

Báez y su mujer, la trabajadora social Sofía Riquelme, están siendo investigados por enriquecimiento ilícito. La Justicia reprocha a Báez y Riquelme un incremento desproporcionado de su patrimonio luego de su paso por la función pública. El exministro y ahora diputado posee una amplísima casa quinta ubicada en calle Jozami al 2000, en la zona de la Toma Vieja; también un caserón sobre calle Cervantes al 400; un yate que amarra en el Club Náutico; y su esposa, Sofía Riquelme, es socia en la empresa Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia. En esa firma comparte acciones con el empresario Germán Buffa, cuya actividad más visible es el manejo de una franquicia de Planeta Pizza.

El miércoles 9, el juez Chemes, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones, escuchó los planteos de nulidad que interpusieron el defensor de Báez, Ignacio Díaz, y de Buffa, José Velázquez, respecto de un allanamiento concretado a comienzos de mayo en dos propiedades del pizzero a quien se nombra ya sin reparos en Tribunales como el «testaferro» del legislador provincial.

Los defensores habían atacado la resolución del juez de Garantías Nº5 Elvio Osir Garzón, quien el pasado 2 de marzo autorizó el allanamiento en dos propiedades de Buffa, y donde se recolectaron pruebas de interés para la causa de enriquecimiento ilícito de Báez, entre ellos computadoras y teléfonos. Los allanamientos cuestionados por los defensores fueron en una propiedad ubicada en el ingreso a Aldea María Luisa; y en una casa ubicada sobre calle Toribio Ortiz, de Paraná.

En ese audiencia del miércoles, el fiscal Malvasio  consideró que los argumentos de los defensores “son meros disconformismos a la detallada y meticulosa resolución del juez de Garantías, que autorizó el allanamiento del 2 de marzo y que el 5 de abril rechazó el planteo de nulidad de Báez y la exclusión probatoria de Buffa”.

Más adelante, consideró paradójico y sorprendente que el diputado Báez, a través de su abogado, cuestione el allanamiento realizado sobre el empresario Buffa. “Si no tienen ninguna vinculación, no se entiende por qué se pretende nulificar la resolución del juez de Garantías Nº 5”, sostuvo el fiscal y agregó que en las diferentes audiencias los defensores no demostraron que se afectó el derecho de defensa y el debido proceso.

Chemez no admitió ninguno de los planteos de los defensores. Y les dijo que habían aceptado el planteo aún cuando incurrieron los letrados en motivaciones «vagas y genéricas» para cuestionar los allanamientos.
Al defensor de Báez, que reclamó que para llevar adelante los allanamientos en las fincas de Buffa debió el fiscal ampliar la apertura de la causa por enriquecimiento que pesa sobre el exministro Báez. Ese incidente, dijo Chemez, «no puede tener favorable acogida».

«El juez de Garantías ha ordenado el allanamiento dentro de lo delineado por el fiscal en el auto de apertura», sostuvo. Y el allanamiento, agregó, fue fundado: los informes que recabó la Fiscalía en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) indican que Buffa es socio de Innova Turismo, en la que es también socia la esposa de Báez. «No existe complejidad que justifique ampliación del acto de apertura de la causa. Se ordena un allanamiento dentro de este hecho, en busca de pruebas que vinculen a Innova Turismo con Báez y con Riquelme en la causa por enrquecimiento ilícito», aseveró.

Para establecer el delito de enriquecimiento, primero hay que investigarlo al funcionario, y para eso se requieren medidas procesales como un allanamiento a quien se sindica como testaferro del investigado, razonó el juez. Ni Báez ni Riquelme podrán ser obligados a justificar su patrimonio si antes no se los investiga para determinar qué patrimonio tienen, aseveró. Otra cosa sería, argumentó, «anteponer el carro al caballo».

Al defensor de Buffa también le rechazó el planteo. El abogado José Velázquez reprochó la decisión de Garzón por cuanto, dijo, la orden de allanamiento no estufo fundada. «El juez dictó el allanamiento en base al pedido de Fiscalía, y es un pedido suficientemente fundamentado», opinó Chemez.

Entre lo fundamentos ,citó, informes de AFIP que «vinculan a Bufa con distintas sociedades, entre ellas Innova Turismo, en la cual la esposa de Báez es socia». También Global Means SA, perteneciente a Buffa, quien firmó cédluas autorizando el manejo de vehículos de esa empresa a la propia Sofía Riquelme y a un hijo del diptuado Báez, Francisco Nicolás Báez.

«El pedido de auorización de la orden de allanamiento por parte de la Fiscalía fue un pedido serio, extenso y f undado», subrayó.

Chemez hizo una defensa cerrada de lo hecho por Garzón.»La decisión la adoptó un magistrado de la Constitución, respetuoso de la Constitución, que antes de autorizar un allanamiento, leyó los fundamentos. No ha habido vulneración de normas procesales ni de garantías constitucionales», apuntó.

 

La causa

La sospecha de la Fiscalía es que, siendo funcionario público, el diputado Báez incrementó de manera desproporcionada su patrimonio entre 1991 y 2016.  Como detalló Entre Ríos Ahora, hasta ahora, en el expediente surgió que entre su patrimonio figuran una casa quinta en la zona de calle Jozami al 2000, en la Toma Vieja; una casona sobre calle Cervantes al 400; un yate que amarra en el Club Náutico – una embarcación modelo Mamba 25, a un costo de mercado de unos 50 mil dólares, bautizado Petit Pois-; además, junto a su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, manejan la firma Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.

Además, la Fiscalía considera que existen elementos de convicción que permiten sostener como probable que el empresario Germán Buffa sería testaferro de Báez. Buffa maneja una franquicia de Planeta Pizza en Paraná, y también está al frente de la empresa Global Means, que en 2011 consiguió que la gestión de Sergio Urribarri y Báez le diera una pauta de publicidad oficial un mes antes de que fuera constituida legalmente. Por ese hecho, el juez de Transición Gustavo Maldonado lo procesó junto a los actuales diputados en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública.

En la investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito de Báez, la fiscalía cuenta entre la prueba con un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fechada el 17 de abril de 2017, en el que surge que Buffa es apoderado de la firma Innova Turismo, en la que la cónyuge de Báez es socia. Además, existe un documento firmado por una escribana mediante el cual se autorizó a la pareja del diputado y a su hijo a conducir un automóvil propiedad de la empresa Global Means SA, que preside Buffa.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.