El empresario publicitario José María Bustamante firmó un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa que investiga la distribución irregular de publicidad oficial durante la administración del exgobernador Sergio Urribarir a empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. En esa investigación penal, Urribarri, su ministro de Cultura y actual diputado provincial, Pedro Báez, y el propio Aguilera fueron embargados, cada uno, en una cifra de $26 millones. Además, la Fiscalía adelantó que pedirá en el juicio oral penas de cumplimiento efectivo para Urribarri y Báez de ocho años de prisión.

La tesis de la Fiscalía es que las empresas Tep SRL y Next SRL, que se sindican como propiedad de Aguilera, participaban del negocio del reparto de la publicidad, junto con las firmas de Bustamente, de Paraná, y de Fernando Montañana, de Concepción del Uruguay. Se investiga la distribución de publicidad por un monto de $24 millones, que se repartió así: $12 millones para Tep y Next; $ 6 millones para Bustamante; y $6 millones para Montañana. Desde el Ministerio Público Fiscal señalan que Bustamante admitió su intervención en ese mecanismo de distribución de la pauta. Que el contrato lo conseguía Aguilera y después «repartía».

«Este acuerdo de juicio abreviado abona la tesis de imputación que sostenemos: una persona, por fuera de lo que es el grupo político de Urribarri y Báez, nos está acreditando que los hechos ocurrieron como nosotros lo veíamos sosteniendo. Bustamante confiesa lo propio, no tiene la figura más amplia de arrepentido. Cuenta lo suyo, lo propio», señalaron desde el Ministerio Público Fiscal. De ese modo, Bustamante pretende acceder a una pena de cumplimiento condicional, de dos años y ocho meses. Y, después, quedar al aguardo de la demanda que podría entablar la Fiscalía de Estado por el perjuicio patrimonial al fisco.

La audiencia para presentar ante el juez el acuerdo de juicio abreviado se celebrará el martes 15, a las 12,30. Será ante el juez Ricardo Daniel Bonazzola, con la asistencia del abogado defensor de Bustamante, Gastón Rosemberg.

La imputación fiscal sostiene que. en «el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”.

La causa es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. En varias fotos, descubrió el fiscal Santiago Brugo -que ya no participa de la investigación- aparecía la misma vaca.

El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La terea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

La causa principal ya tiene pedido de remisión a juicio, y la audiencia para elevarla a debate oral será el próximo 1° de junio.

El 12 de abril último, la Justicia confirmó  el embargo por $26 millones dispuesto sobre los bienes del exgobernador Urribarri. La medida también alcanza al exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez, y al secretario del bloque de senadores del oficialismo y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a quien se sindica como “socio oculto” de las firmas Tep SRL y Next SRL, beneficiarias del direccionamiento de órdenes de publicidad oficial por un valor de $24 millones.

El juez Daniel Julián Antonio Malatesta, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, adoptó esa decisión y de ese modo rechazó los argumentos de la defensa, y además no hizo lugar a un planteo de excepción de falta de acción, que no había tenido eco favorable ante el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, decisión que fue apelada. Los defensores técnicos plantearon que esas órdenes de publicidad fueron aprobadas, sin observaciones, por la Tesorería, la Contaduría y el Tribunal de Cuentas, y que por tanto es “cosa juzgada” y no se puede investigar delito alguno.

En el marco de esa investigación, y luego de resolver los embargos, el juez Ruhl fue denunciado por el propio Urribarri ante el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.