La Fiscalía de Estado pidió al Consejo de Tasaciones que tase las dos propiedades que entregó al Estado el exdirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Hugo Héctor Righelato, en el marco de un juicio abreviado por una causa  en la que estuvo imputado de los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, y en la que terminó condenado a prisión.

«Riguelato entregó dos propiedades que hemos mandado a tasar para determinar si están en sintonía con el daño producido, a pesar de que no está determinado el daño, porque el Tribunal de Cuentas no lo determinó. Aunque la lógica hasta ahora del Ministerio Público Fiscal ha sido obtener la reparación del daño en el mismo juicio abreviado», anticipó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

En el marco de un juicio abreviado, Righelato admitió haber cometidos delitos contra la Administración Pública, aceptó la calificación legal hecha por el Ministerio Público Fiscal y admitió, sin apelar, la pena impuesta: tres años de cárcel de cumplimiento efectivo. Por eso, desde el viernes 20 de abril, cuando el juez de Garantías Nº 5 Elvio Osir Garzón rubricó el acuerdo al que llegó Righelato -que estuvo al frente de Obras Sanitarias durante 13 años, hasta 2016- con la Fiscalía, fue llevado directamente a la Unidad Penal N° 1.

Hugo Héctor Righelato, exDirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos (OSER), firmó un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal que consiste en cumplir 3 años de prisión efectiva, el pago de 10 mil dólares, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de dos propiedades, al admitir haber cometido los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la Administración Pública.

Righelato alcanzó un acuerdo de juicio abreviado que consiste en pasar 3 años de prisión efectiva –aunque serán menos-, pagar una multa de 10 mil dólares, entregar a la Provincia dos propiedades que fueron producto del ilícito; más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Los delitos por los que fue condenado son peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la Administración Pública.

Una de las propiedades que pasará al Estado provincial está ubicada en calle Laprida Nº 1101. La misma fue comprada a nombre de la firma Azul SRL, perteneciente a Righelato y su excónguye Haydee Analía Varela. La segunda propiedad que será decomisada está ubicada en calle Bravard Nº 266, y fue construida con los recursos producidos por la empresa a costa del Estado Provincial. Esta última es donde actualmente vive el exfuncionario de 61 años.

Al exfuncionario se lo condenó porque afectó bienes públicos a la actividad privada mediante una maniobra en la que participaban tres empresas de su círculo: Azul SRL, de su propiedad; Tecnogeo SA y Ecocien SA, a nombre de un amigo personal. Las tres eran contratistas de Obras Sanitarias.

En el acuerdo firmado con la Fiscalía, se dejó en claro que los delitos de Righelato aparecen, en primer término, con la información presentada por la Fundación M´Biguá. Dicha denuncia reveló la afectación de recursos públicos a la actividad privada, y que en esa maniobra las empresas Tecnogeo S.A y Ecocien S.A, utilizaban personal y maquinaria perteneciente a Obras Sanitarias de la Provincia.

También se informó que tras aquella denuncia de la ONG ambientalista, se profundizó la pesquisa mediante tareas de inteligencia realizadas por la División Robos y Hurtos, que encontraron un galpón en calle Los Jacarandaes, en la localidad de Oro Verde, que pertenecía a la firma Azul SA, que luego se sabría que pertenecía a Righelato, y en el que se guardaban elementos pertenecientes a Obras Sanitarias.

En el escrito se menciona que el 11 y 12 de octubre de 2016 el galpón de Azul SRL fue allanado y en su interior se hallaron bienes propiedad del Estado provincial.

El informe de inteligencia señala que en una oportunidad sorprendieron a José Luis Sosa conduciendo un camión propiedad de Obras Sanitarias. Más tarde, mediante información remitida por AFIP, se supo que Sosa era empleado de las firmas Ecocien SA, Azul SRL, y Tecnogeo SA, todas las empresas vinculadas a Righelato.

El acuerdo enumera que Righelato se apropió de un utilitario tipo camioneta, marca Fiat, modelo Strada, color blanco; un camión marca Mercedes Benz, color blanco, los cuales afectó a su empresa Azul SRL y Ecocien, cuyo titular era su amigo personal, Roberto Marcelo Diderle, y su socia era Marilyn Romina Trejo, también empleada de OSER.

También que sustrajo el automóvil marca Toyota, modelo Corola, color gris oscuro, perteneciente a OSER; cubiertas usadas, caños de diferentes dimensiones, bidones, un generador, barras de perforación, una cisterna para agua, tres soldadoras, una hoyadora y hasta vales de combustible de estación de servicio Shell, perteneciente al organismo estatal.

El segundo hecho que Righelato admitió haber cometido es que en carácter de director de OSER “valiéndose normativamente del Decreto de emergencia 4521/12, benefició a la empresa Ecocien S.A”, integrada por su amigo Diderle y Trejo, que fue interpuesta por Righelato.

“Soy totalmente consciente de los hechos que se me imputan y de la pena acordada. Reconozco los hechos y mi autoría sobre los mismos”, dijo Righelato en Tribunales.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.