El empresario publicitario Jesús «Cuchi» Bustamante admitió haber pagado coimas para participar del negocio del reparto de publicidad oficial en vía pública durante la administración de Sergio Urribarri como gobernador y de Pedro Báez como ministro de Cultura y Comunicación. Y que esos retornos se los pagó a empresas que el Ministerio Público Fiscal adjudica al actual secretario del bloque de senadores del peronismo, Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Urribarri.

La Fiscalía evaluó las contrataciones de publicidad en vía pública durante los años 2010 a 2015, y estableció que se contrató un monto de $24 millones, que se distribuyó entre las empresas Tep SRL y Next SRl -ambas se adjudican a Aguilera- y las firmas de Jesús Bustamante, en Paraná, y de Hugo Montañana, en Concepción del Uruguay. La mitad de ese monto, dijo hoy el fiscal Gonzalo Badano, durante una audiencia de juicio abreviado que pidió Bustamante, $12 millones, se comprobó que fueron certificados de forma trucha.

Bustamante llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía a través de su abogado defensor, Gastón Rosemberg, al aceptar su participación en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública, una investigación penal que involucra primordialmente a Urribarri, Báez y Aguilera, entre otros, que el 1° de junio llegará a audiencia pública para debatir su remisión a juicio. Para zafar de ese proceso, el empresario publicitario acordó una pena de prisión condicional de dos años y ocho meses, el pago de una multa de $90 mil, en 6 cuotas de $15 mil, la realización de tareas comunitarias durante dos años, un total de 96 horas por año. A cambio, la Fiscalía pidió levantar el embargo que pesan sobre sus bienes, dictado el 2 de febrero último por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl.

Ese acuerdo se debatió durante una audiencia que tuvo lugar el mediodía de este martes ante el juez de Garantías Ricardo Bonazzola, que a su término anunció que la resolución se conocerá el jueves 24 de mayo, a las 12. Entonces, se sabrá si ratifica, o no, el acuerdo de juicio abreviado para Bustamante, un arrepentido que consiguió un beneficio relevante: la Fiscalía había pedido para él la pena de 6 años de prisión efectiva. Ahora, una vez que Bonazzola rubrique el juicio abreviado, sólo serán dos años y ocho meses de prisión condicional.

 

La imputación fiscal sostiene que durante el gobierno de Urribarri y Báez. en “el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”.

La causa es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

La causa principal ya tiene pedido de remisión a juicio, y la audiencia para elevarla a debate oral será el próximo 1° de junio.

Sergio Urribarri, Pedro Báez.

 

El 12 de abril último, la Justicia confirmó  el embargo por $26 millones dispuesto sobre los bienes del exgobernador Urribarri. La medida también alcanza al exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez, y al secretario del bloque de senadores del oficialismo y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a quien se sindica como “socio oculto” de las firmas Tep SRL y Next SRL, beneficiarias del direccionamiento de órdenes de publicidad oficial por un valor de $24 millones.

 

Sobornos

Al inicio de la audiencia, el juez Bonazzola le hizo saber a Bustamante que al acceder al juicio abreviado estaba reconociendo la comisión de un delito y aceptando la pena que se le imponga. El empresario dijo estar en todo de acuerdo.

Juan Pablo Aguilera. 

 

En forma provisoria, en esta causa los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena. Estos cuatro últimos aparecen como “testaferros” de Aguilera en las empresas Tep y Next, según la tesis de los fiscales; Belén Almada es la esposa del cuñado de Urribarri; y Corina Cargnel, la contadora de sus empresas.

El fiscal Badano relató de modo pedagógico la conformación de una organización delictiva para la captación de forma exclusiva de la publicidad oficial en vía pública entre Tep  y Next, de Aguilera, más Bustamante y Montañana, que ello sucedió así entre 2010 y 2015, y que para garantizar la permanencia en ese círculo cerrado era condición sine qua non el pago de sobornos. Señaló que en ese período se perpetró una “maniobra irregular”, “sorteando la libre competencia”, y que el Estado pagaba contra la presentación de “ficticias constataciones” del trabajo realizado. O sea: se pagó por publicidad que jamás se hizo, y que se justificó su realización con, por ejemplo, fotos trucadas.

El encargado de chequear que la publicidad contratada efectivamente se hiciera era Gustavo Tamay, exfuncionario del Ministerio de Cultura, dependiente directo de Báez.

“Bustamente y Montañana participaron de ese mecanismo, siendo beneficiados en un porcentaje de la publicidad oficial, acordando previamente que, una vez cobrado el monto de la publicidad otorgada por el Estado, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera, a través de la contadora Corina Cargnel, quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y control de los contratos, y la percepción de los retornos”, aseguró Badano.

En la investigación penal preparatoria, dijo el fiscal, quedó comprobado que Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos mediante la contratación de publicidad que se direccionaba  hacia Aguilera, Bustamante y Montañana. Esta maniobra se realizó por medio de una organización cuyo fin era beneficiar a Agulera y a sus testaferros. Las empresas Tep SRL y Next SRL se atribuyen a Aguilera. Encontramos evidencia suficiente para sostener que son de Aguilera”.

Pero la participación de Bustamante y Montañana en esa distribución direccionada de la publicidad entre 2010 y 2015 se hizo mediante un acuerdo previo: el pago de retornos. “Montañana y Bustamente se comprometieron a retornar parte del dinero que ganaban al señor Aguilera. Para eso tuvo intervención directa Corina Cargnel, que es contadora de Aguilera. Cargnel era el nexto entre el Ministerio de Cultura y las distintas empresas”, aseveró Badano.

Los secuestros llevados adelante en las oficinas de Tep SRL y Next SRL, en bulevard Racedo al 400, permitieron incautar material y documentación que probarían, según la Fiscalía, el modus operandi de la organización y el pago de los sobornos. Lo más relevante resultó la información hallada en la oficina de la contadora. “Corina Cargnel estaba al tanto de los pagos del Ministerio de Cultura. Y le indicaba a Bustamante cómo debía presentar las facturas. A raíz de ese hecho, de saber cuándo Cultura abonaba las facturas a las empresas, apenas salía un pago, Corina Cargnel se comunicaba con Bustamante para que éste efectúe los retornos a la empresa de Aguilera. Ellos le denominaban el sistema de compensación”, detalló.

Las coimas que pagaba Bustamente a las empresas de Aguilera eran mediante la presentación de facturas por prestaciones “ficticias”. Dijo el fiscal Badano que las coimas no sólo iban a las cuentas de Tep SRL y Tep SRL, sino también a las de los proveedores de éstos.

La estructura de funcionamiento de ese mecanismo de pago de coimas quedó probado, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal, a partir de mails y comunicaciones vía whatsapp.

La logística implicaba que, por ejemplo, Bustamante dejaba en las oficinas de las empresas de Aguilera hojas membretadas en blanco, con su firma, para que la contadora Cargnel las completara, y presentara la oferta ante el Ministerio de Cultura en una determinada contratación que se sabía de antenamno que iría a cualquiera de los tres participantes.

Las pericias contables llegaron a determinar que entre 2010 y 2015 la empresa de Bustamente recibió contrataciones de publicidad en vía pública del Gobierno por un monto superior a los $6 millones, pero de esa cifra total, $3,3 millones habría sido pagado en forma irregular. Aunque al aceptar su participación en los ilícitos, el empresario publicitario sólo deberá hacer frente al pago de una multa de $90 mil, en cuotas de $15 mil.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.