El exminsitro de Cultura y Comunicación del gobierno de Sergio Urribarri y actual diputado provincial peronista Pedro Ángel Báez dice que esta siendo sometido a un «escarnio» desde la Justicia a partir de las distintas investigaciones penales que lo tienen como principal imputado, y en particular, a raíz del pedido de desafuero para él y el exgobernador que formuló el juez de Transición Gustavo Maldonado. El magistrado  lleva adelante una causa por presunta distribución irregular de publicidad oficial que benefició al empresario pizzero Germán Buffa, a través de su empresa Global Means SA. Buffa está sindicato desde Tribunales como «testaferro» de Báez.

Maldonado, que el 1º de marzo último dictó el procesamiento de Urribarri y de Báez, pidió a la Cámara Baja el desafuero de ambos legisladores. Se trata del paso previo antes de llevarlos a juicio oral.

La petición ingresó el martes a la Cámara de Diputados. Maldonado tiene procesados no sólo a Urribarri, sino también a Báez y al empresario pizzero Germán Buffa,  dueño de la firma Global Means SA, empresa que logró en 2011 lo imposible: accedió a un contrato de publicidad con el Estado provincial aún antes de existir como persona jurídica, ni tener siquiera número de CUIT.

Buffa es gerenciador de una franquicia en Paraná de Planeta Pizza.

La causa en la que están los tres implicados, y ahora procesados, se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino. Cuatro años después, en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para este mes de febrero.

El procesamiento es una figura judicial que ya no existe: la causa que se le sigue a Urribarri por manejo irregular de la publicidad del Estado se tramita por el sistema penal antiguo, en la que el juez, y no el fiscal, es el que investiga. En el sistema actual, equivale a la petición del fiscal de remisión de la causa a juicio. Es considerado como un juicio de probabilidad delictiva.

En declaraciones al programa En el dos mil también, de FM Litoral, Báez sostuvo que nunca, hasta ahora, se amparó en los fueros. «Me he puesto a disposición de la Justicia en todas las oportunidades en las que se me ha requerido. Creo que he sido el primer legislador en la historia institucional de la provincia que, despojándose de los fueros en los hechos, ante la primera requisitoria, me presenté a declarar, sin ampararme en ellos», sostuvo el legislador

Dijo que esa va a ser su conducta de ahora en más. «Los fueros no me los puedo sacar. De manera formal, no me los puedo quitar yo, sino el pleno de la Cámara. De todas maneras, yo no le pedí permiso a nadie para ponerme a disposición de la Justicia y concurrir a las indagatorias a las que se me citó. De manera que en la práctica, no quiero ser de ninguna manera irrespetuoso u ordinario, pero esto del pedido de desafuero es para la tribuna», subrayó.

Báez se mostró sorprendido por cuanto en esa causa, de Global Means SA, tiene pedido de desafuero, y en otra causa, que investiga la distribución de publicidad en beneficio del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, que tendrá audiencia de remisión a juicio el 1º de junio, no hubo pedido de desafuero.

La diferencia, explicaron desde la Justicia, es porque la primera causa se investiga en base a los parámetros del sistema procesal ya sin vigencia, en la que la acción penal está en manos del juez, en este caso Maldonado. Pero la causa de Aguilera, 0 «de la vaca», como se la conoce en Tribunales, la instrucción está al mando del Ministerio Público Fiscal, y en la audiencia de remisión a juicio no es obligatorio que estén presentes los imputados y por eso no se pide desafuero. El desafuero se pedirá en caso de que ese día el juez resuelva la elevación a juicio de la causa.

Báez también relativizó su relación con el empresario Buffa. «Han instalado eso del testaferro. Yo me he enterado ahora que Buffa no tiene patrimonio. ¿Cómo va a ser testaferro alguien que no tiene patrimonio? Eso demuestra claramente que hay otra intencionalidad. Me parece que están haciendo una novela, porque han detectado llamadas telefónicas (entre Báez y Buffa, NdelR). Yo hablaba con absolutamente todos los prestadores de publicidad, todos los comunicadores. Era mi responsabilidad. Obviamente que hablaba con el contador Buffa. Si hablaba diez veces, seguramente una vez era para decirle, `ahí sale una orden de publicidad para contratar publicidad en el diario El Cronista Comercial´; y después, lo llamaba cinco veces, para que me hiciera la gestión para que en El Cronista Comercial se publicara tal o cual información de Entre Ríos. Eso tenía que ver con defender la inversión publicitaria», sostuvo.

La hipótesis que manejan en la Justicia es bien otra. El 20 de abril último, durante una audiencia para debatir el procesamiento de Urribarri, Báez y Buffa -finalmente confirmado-, la fiscal Matilde Federik dijo, sin ambages, que Global Menas SA en realidad no es de Buffa, sino que pertenece al patrimonio de Báez.

Buffa, en teoría dueño de Global Means SA, a su vez maneja una franquicia en Paraná de Planeta Pizza, integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.

La representante del Ministerio Público pidió confirmar el procesamiento de Urribarri y Báez, que dictó el juez Maldonado, por entender que en el otorgamiento de una publicidad oficial por $118 mil, en julio de 2011, Urribarri y Báez direccionaron esa pauta hacia Global Means SA. Aún a sabiendas de que en ese momento esa empresa no tenía existencia real. “Lo que se direcciona es la contratación pública hacia una empresa inexistente en aquel momento”, subrayó.

Se trata de una causa que investiga los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de una denuncia que hiciera en 2013 el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino.

Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. La orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.

El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.

Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.

Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

En la audiencia “in voce” del 2o de abril último se puso el acento en el modo extranísimo cómo el tándem Urribarri/Báez emitieron una orden de publicidad fechada el 1°de julio de 2011 y la propuesta de Global Means SA recién fuera hecha el 15 de julio de ese año. “Los defensores quieren presentar este hecho como un supuesto error material -dijo Federik-. Pero Global Means en esa fecha ni siquiera existía como sujeto en el mundo jurídico, menos existía frente a la AFIP como responsable ante el IVA”.

“Son estas irregularidades tan groseras lo que permiten sostener que hubo interés en contratar con una empresa que no existía”, apuntó. Al no existir como empresa, tampoco podía estar inscripta en el Registro de Medios, creado el 13 de febrero de 2008 por el área que dirigía Báez. “Ni siquiera estaba hecha la preinscripción en ese Registro. El 16 de septiembre de 2011 es la fecha del contrato de constitución de la sociedad Global Means SA. No se pudo haber inscripto el 1° de julio en ese Registro de Medios una firma cuyo registro de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas se da recién el 16 de septiembre de 2011. Salvo que el señor Buffa tuviera poderes de adivinación, y supiera cuáles eran los números que le iban a asignar en Personas Jurídicas”, ironizó.

Federik apuntó que ese «direccionamiento» estuvo relacionado con la ligazón comercial entre Báez y Buffa.

«Existe prueba agregada al expediente, y que se va a agregar, ahora que hemos tomado el timón de esta causa, que nos permite sostener la relación directa entre Global Means y Báez”, señaló. Y para ello tomó parte de la declaración indagatoria del propio titular de Global Means SA, Germán Buffa, quien “dijo conocer al hijo de Báez, haber asesorado a la esposa, Sofía Riquelme; y al propio Báez para un emprendimiento de apart hotel”.

Riquelme y Buffa integran Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.

Innova Turismo SRL “sospechosamente fue creada en la misma época en que ocurrieron estos hechos. El 7 de septiembre de2011 se presentó un poder ante la AFIP que establece que el señor Buffa es el apoderado de esta empresa. Esto no es causal”, aseguró la fiscal.

La relación entre Báez y Buffa no sólo se da en base a los emprendimientos que tiene su mujer con el empresario pizzero, sino que el Ministerio Público Fiscal evaluó cruces de llamadas y estableció que hubo 166 contactos telefónicos entre ambos en el período que va de mayo de 2011 al 30 de enero de 2012. Luego, Federik mencionó la “frutilla del postre”: Buffa, como presidente de Global Means SA le otorgó autorización de manejo a un vehículo de la firma a la esposa de Báez, Sofía Riquelme, y al hijo del matrimonio, Francisco Báez.

“Claramente, la empresa (Global Means SA) pertenece al señor Báez”, concluyó la fiscal.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.