Hábil político, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, no esperó mucho para salir a salvar la ropa y descargar toda la carga de la culpa por los abusos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo sobre las espaldas del cura Justo José Ilarraz, único imputado en la causa, que estuvo sentado en el banquillo de los acusados en el proceso que se desarrolló en los Tribunales entre el lunes 16 de abril y el jueves 10 de mayo. Este lunes 21 de mayo se dio a conocer el veredicto: culpable. Y la condena: 25 años de cárcel para Ilarraz.
«El veredicto dado a conocer por el Tribunal viene a establecer, por parte de la justicia, la culpabilidad que le cabe a quien incumplió con su vocación y su promesa a Dios -en lo personal, atentando contra quienes eran merecedores de su cuidado y protección, en primera instancia, y vulnerando la confianza de la institución que lo albergaba, la de sus pares y sus superiores, y también la de toda la sociedad», dijo Puiggari en un pronunciamiento que no incluyó ni una línea hacia las víctimas, ningún pedido de perdón, nada que sonara a autocrítica por los errores cometidos, y el encubrimiento.
«La Iglesia en Paraná -dijo Puiggari en el documento que se conoció este lunes- a partir de testimonios y otros aportes, ha contribuido en todo lo que le fuera requerido por parte del Tribunal, como también lo hizo durante la etapa preliminar de instrucción de la causa». Quizá olvidó recordar que tres de los curas citados -Pedro Barzán, Alfonso Dittler y Joseph Charle André Gauthier- no se presentaron a testimoniar en el juicio, sin dar razones; y que dos miembros del clero, Mario Gervasoni, secretario privado de Puiggari, y David Hergenreder, deberán enfrentar sendas causas penales por falso testimonio. Y que otros dos curas, Gabriel Battello y Carlos Gimeno, supieron de boca de las víctimas de los abusos de Ilarraz y jamás dijeron nada, nunca denunciaron los hechos, y guardaron un cerrado silencio.
Los abusos de Ilarraz fueron conocidos de primera mano por el arzobispo Estanislao Karlic (quien gobernó la Iglesia entre 1983/2003); por su sucesor, Mario Maulión, que asumió el gobierno de la diócesis el 9 de julio de 2003 y se mantuvo en el cargo hasta que alcanzó la edad límite para el servicio activo, los 75 años. El 4 de noviembre de 2010 el papa Benedicto XVI aceptó su dimisión, y designó en su reemplazo al entonces obispo de Mar del Plata, Juan Alberto Puiggari, que tomó posesión de su nueva función el 7 de marzo de 2011. Puiggari también supo. ¿Por qué no denunciaron los hechos?
«Actué en lo que era mi competencia. Considero que en la denuncia ante la Justicia civil tenían prioridad los padres y el interés superior de los jóvenes, dada la naturaleza de los hechos”, argumentó Karlic respecto de su silencio. Y Puiggari, sobre lo mismo, contestó: «Desde 1995, más de una vez sugería a una de las víctimas la conveniencia de enterar a su madre de lo ocurrido, ante lo cual me expresó que no lo hiciera porque su madre tenía mucha estima al Pbro. Ilarraz y una noticia de ese tipo podría afectar su salud”. Maulión, a su turno, se lavó las manos de modo elegante: dijo en la Justicia que se enteró de los abusos de Ilarraz “por conversaciones con el señor Hernán Rausch (uno de los siete denunciantes, NdelR), por una nota de un grupo de sacerdotes y que no puede precisar en qué fecha fue. Que no le correspondía tomar ninguna medida al respecto ya que se trataban de hechos acaecidos con anterioridad a su asunción como arzobispo de Paraná. Que recibió la referida nota de varios sacerdotes pero su tratamiento quedó para el nuevo obispo, porque él ya estaba dejando sus funciones, cree que ya se encontraba como administrador apostólico”.
Cada uno explicó por qué no hizo nada.
Aunque había, además, una cadena de mandos extensa en el Seminario, que de un modo u otro supo de los abusos en el Seminario.
Estructura
Cuando ocurrieron los hechos, Puiggari era prefecto de disciplina del Menor-Mayor, los últimos dos años del colegio secundario con internado que funciona en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo; Ilarraz, a su vez, era prefecto de disciplina del Menor-Menor, de primero a tercer años, el ciclo básico. Precisamente, los alumnos del Menor-Menor fueron quienes denunciaron los abusos.
La estructura funcional del Seminario, entonces, estaba conformada así: el rector, cabeza máxima y superior del cura Ilarraz, era Luis Alberto Jacob; por debajo, y como directores espirituales, estaban el ya fallecido cura Andrés Emilio Senger, y el arzobispo Puiggari; y como prefecto de estudios, el ahora canciller de la curia, Hernán Quijano Guesalaga.
En una escala inferior, y como responsable de Teología, César Raúl Molaro, sacerdote agregado de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz del Opus Dei; y como prefecto de disciplina del curso propedéutico, Silvio Fariña Vaccarezza, también designado oficial de justicia, y encargado de llevar adelante, en 1995, la investigación diocesana que encomendó Karlic después de escuchar a las víctimas de los abusos.
¿Qué hizo cada uno de ellos? Nada.
Ricardo Leguizamón
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.