En la Cámara de Senadores de Entre Ríos aseguran que este año se avanzará para poner fin a una antigua deuda: la reglamentación del artículo 37° de la Constitución provincial, reformada en 2008, que establece una Ley de Ética Pública. Hace 10 años que ese apartado de la Carta Magna no tiene una ley que lo reglamente. Uno de los puntos más importantes  es el que establece que los funcionarios deban “presentar, al tiempo de asumir y cesar en el cargo, manifestación de bienes”.

En Diputados hubo un proyecto con media sanción, pero no avanzó en el Senado. En 2016, en la Cámara Alta ingresó una nueva iniciativa que busca ampliar el alcance de quienes deben presentar declaraciones juradas. En el texto se propone que, además de los funcionarios, también transparenten sus bienes las cúpulas de organizaciones que reciban fondos del Estado, como los sindicatos, uniones empresariales y ONG’s.

Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos entrerrianos son secretas, según el ordenamiento legal actual. Ese carácter fue establecido en 1953, bajo la Ley 3.886. Según el artículo 9º de dicha norma, sólo se puede acceder a su contenido por orden de un juez o con el permiso del declarante.

En 2016 hubo tres iniciativas en la Cámara de Diputados para reglamentar la Ética Pública: uno de Rosario Romero (FPV, hoy ministra de Gobierno), otro de Gustavo Zavallo (Frente Renovador) y un tercero de Fuad Sosa (Cambiemos). Todos tenían un punto en común: establecer el carácter semisecreto de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Las tres propuestas fueron unificadas y,  el 6 de julio de 2016, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto.

Sin embargo, la Cámara de Senadores nunca avanzó en su sanción definitiva. A fin de terminar con la morosidad legislativa, el pasado 17 de abril, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Lucas Larrarte, aseguró que comenzarán a estudiar el proyecto de Diputados y el que presentó en diciembre de 2016 el senador por el departamento Diamante Omar Schild (Cambiemos), a fin de avanzar en un texto definitivo.

Consultado por Entre Ríos Ahora, el senador Schild señaló que su proyecto también busca que otras personas que no cumplen funciones en el Estado, pero que reciben fondos públicos, presenten sus declaraciones juradas. Su propuesta es que esta declaración no sea una obligación, sino que sea por adhesión, es decir, por la voluntad de las cúpulas de las organizaciones.

“Por vía de adhesión incorporamos a los órganos ejecutivos de las personas jurídicas que reciban fondos del Estado. Por ejemplo: los sindicatos, obras sociales, uniones industriales, colegios profesionales, o cooperativas que están a cargo un servicio público, por ejemplo las cooperativas eléctricas”, dijo el legislador y agregó que a su entender será “el Estado quien debe reglamentar el monto de las personas jurídicas cuyos autoridades deben hacer la declaración jurada”.

Preguntado sobre la viabilidad de dejar abierta a las autoridades de las entidades la voluntad de presentar o no la información sobre sus bienes, el senador  aseguró que  “seguramente va a haber instituciones que lo hagan porque no tienen anda que ocultar, y otras que sí lo tienen”.

El legislador también indicó que el proyecto incorpora a los municipios que carezcan de Cartas Orgánicas u ordenanza que regule la materia. “Proponemos que toda aquella persona que maneje un monto mensual superior a su haber bruto mensual estén obligados a presentar la declaración jurada. El presidente de la comuna, el secretario, el tesorero, los que están en parte de suministros, contrataciones y personas que estén en concurso licitaciones”, explicó.

En cuanto a la autoridad de aplicación de la ley, sostuvo en el ámbito del Poder Ejecutivo debe constituirse un organismo de Ética Pública. “El organismo debe ser un cuerpo colegiado de ocho miembros, que lo designan los presidentes de las cámaras legislativas a instancias de las propuestas de los presidentes de bloque. Eso deberá guardar correlación con los niveles de representación político”, explicó.

En esa línea, el legislador opositor afirmó que “respecto del Poder Legislativo y Judicial, cada Poder deberá establecer su órgano de aplicación, que reciba la denuncia, sirva de cuerpo para evacuar consultas, y que aplique tareas de educación de los límites de las prerrogativas que marca la ley”.

Schild también aseguró que la obligación de presentar declaración jurada abarca a los órganos extra poderes como el Tribunal Cuentas, la Tesorería General, la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y la Fiscalía de estado. “Es buscar la forma de comprometer a todo funcionario público que administre fondos del Estado”, asentó.

En cuanto al acceso a las declaraciones juradas por parte de cualquier ciudadano o para uso periodístico, el legislador se mostró a favor de que su publicidad sea “semi pública”. Es decir, que exista un texto completo de carácter secreto; y un resumen, que será abierto a la ciudadanía.

“Hay dos posturas en cuanto al acceso a la declaración jurada: una que esté totalmente abierta, que creo que eso sería un extremo; y otra que sea semi pública. En mi proyecto dejo abierto el derecho a la prensa a publicar, pero no puede una persona que se nutre de esa información para hacer un ejercicio ilegal con esa información”, sostuvo.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.