La Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos repudió el ataque del que fueron víctimas, el viernes, dos integrantes de la Junta Electoral del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), los abogados Pablo Testa y Rodrigo Ibañez.
Fue durante una protesta de algunas agrupaciones que pugnaban por conocer los listados de electores y los lugares de votación, información que la Junta Electoral demoró en entregar, y distribuyó sobre la hora. Uno de los dirigentes que pudo verse durante esa protesta fue el dirigente municipal de Concordia Maximiliano Torres, que aspira a ocupar un cargo de director en Iosper.
Fernando Cañete, presidente de Iosper, se presentó en la Justicia con una denuncia contra Torres y también el dirigente muncipal de Paraná Hugo Vásquez por esas agresiones. El caso cayó en manos del fiscal Julián Bongiovanni. El juez José Eduardo Ruhl acogió un pedido del fiscal e impuso restricciones a Torres y Vásquez.
Desde la Sección Paraná del Colegio de Abogados expresaron su repudio hacia las agresiones, y mostraron solidaridad hacia los abogados agredidos, a la vez que reclamó «una pronta dilucidación de los hechos mediante una investigación eficiente que permita individualizar y responsabilizar a los autores de tamaña tropelía».
«La violencia ejercida por las personas que se envalentonan al actuar de modo grupal, no muestra más que su propia bajeza, con la gravedad mayor que se manifiesta en el buscado anonimato individual que da el tumulto, y el desprecio por la transparencia del proceso electoral en que se enmarca. Es evidente que quienes así actuaron poco interés y respeto tienen por las reglas de la democracia, pues se dio en el marco del proceso electoral de tan cara institución como es el Iosper», señaló la entidad.
Y agregó: «Los abogados agredidos, con meritorio compromiso con la obra social de todos los empleados y funcionario públicos entrerrianos, asumieron la responsabilidad de componer la Junta Electoral y avanzar en un proceso electoral transparente donde se exprese la votación libre que elija a las nuevas autoridades. Como tales, son merecedores del más respetable y considerado trato».
«Las agresiones ejecutadas como represalias contra el accionar profesional de los abogados que atienden a los derechos e intereses de colectivos de quienes pretenden elegir o ser elegidos, constituye un ataque al orden institucional, republicano y democrático en que nuestra sociedad se organiza -apuntó el Colegio-. Es responsabilidad de quienes participan o quieren participar en cualquier proceso electoral, de reclamo o de decisión, erradicar la violencia como método de presión o protesta, y ajusten sus conductas al único camino y recurso válido que es el ejercicio de los derechos a través de las vías legales».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora