El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, se refirió a las personas que viven en la calle. Estimó que serían más de un centenar que sufre esta situación que viene reiterándose desde hace años. Recordó, en una consulta realizada por Diario Junio, que desde la época de la intendencia de José Carlos Halle (2007-2011) y luego a sus sucesores, la Defensoría del Pueblo recomienda seguir una política diferente dado que la situación de quienes viven en la calle parece solo preocupar “en invierno y por un rato”.

“No hablo de la ciudadanía en general, sino de quienes son gobernantes en estos momentos en las distintas ciudades”, dijo, al referirse al drama que no solo tiene como escenario a Paraná.

“Nadie se acuesta una noche y dice ‘mañana me voy a vivir a la calle’. Algo pasó, hay una historia en cada una de esas personas. Algunos, (sufren) el quiebre de lazos afectivos. Otros (padecen problemas) desde lo social, lo laboral, adicciones, crisis económicas; pero no siempre es la pobreza”, apuntó.

Seguidamente, afirmó que en el albergue municipal hay decenas de personas y entre 15 y 20 duermen en el hall del hospital San Martín. Otros pernoctan en una plaza. Creo que son muchos más que 100 personas”, sostuvo, en declaraciones periodísticas.

El problema de las personas que viven en la calle ocupa a la Defensoría del Pueblo desde el inicio de la institución, en 2003. En diciembre de ese año, impulsó un proyecto de ordenanza que proponía la creación de un albergue, entre otras medidas. La casa denominada Hogar Madre Teresa de Calcuta finalmente se instauró -en ese marco- en 2007, pero casi enseguida dejó de atender a la franja de ciudadanos para la que había sido creada y se dedicó a otra demanda social, también con necesidades.

En marzo de 2013, la Defensoría emitió una Recomendación instando a “los gobiernos provincial y municipal, a través de las áreas competentes, a implementar una política pública, destinada a abordar de manera integral, la situación de las personas que viven y/o permanecen en la calle”. Y en abril de 2015, la Defensoría elevó otra Recomendación por la que solicitó al Ejecutivo municipal que reglamente la ordenanza 8.932 e instruya su implementación. Esa norma, sancionada en 2010, prevé la instrumentación de un Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle; pero nunca se aplicó. Paralelamente, la institución ha marcado su posición al respecto. Lo ha hecho públicamente y también en los diferentes ámbitos que ha integrado con el fin de abordar la problemática.

“En invierno y de a ratos”

El Defensor del Pueblo se refirió a la falta de una política de Estado, que sea perdurable y verdaderamente atienda las cuestiones de fondo. En cambio, las medidas vienen siendo esporádicas, parciales, “en invierno y de a ratos”, ejemplificó. Añadió que no es un drama exclusivo de la ciudad capital y descontó que hay personas en situación de calle en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. “Ni hablar de Buenos Aires o en las grandes urbes como Córdoba o Rosario”, sostuvo.

Explicó que “muchas veces se encuentran con personas que cuentan con recursos económicos, limitados pero recursos al fin, como pensiones”. Añadió que ha “charlado con ellos. Algunos tenían trabajo como oficiales albañiles, trabajaban en empresas. Y hoy están solos. Y la mayoría con algún tipo de adicción”.

Seguidamente, remarcó que “desde la caridad y solamente pensando en las personas en el invierno no alcanza. No sirve. Puede servir en lo coyuntural una cama para que la persona no se muera de frío o un plato de comida para que no muera de hambre”.

Así, el problema de fondo no se resuelve, se vuelve crónico. “Con más albergues solamente vamos a tapar esta cuestión bajo la alfombra”, dijo y recordó que la Defensoría insistió con la apertura de albergues como el Hogar Madre Teresa de Calcuta, que se inició en 2007, y luego abrieron dos más. Además hay grupos de personas voluntarias que ayudan y trabajan.

Otra mirada

“Creo que la denominación ‘situación de calle’ se debe a que la ‘situación’ puede cambiar. Y para que cambie, los funcionarios tienen que tener otra mirada”, indicó. Remarcó que es necesario un dispositivo que tenga que ver con un trabajo interdisciplinario con profesionales de diversas áreas (medicina, psicología, trabajo social y abogados) preparados para esa tarea.

La primera cuestión que se debe encarar –continuó- es escuchar a la persona damnificada. “Hay que poner el enfoque en la inclusión nuevamente de esa persona sabiendo que es lo que le pasa a cada uno escuchándolos y empezando a abordar el problema en forma individual con las realidades que cada uno puede llegar a encontrar”, dijo.

Reclamó el trabajo de profesionales a largo plazo que comiencen a sentarse, charlar con las personas en situación de calle, “crear empatía, escucharlos, tener confianza, saber que hay alguien que realmente los pueden ayudar en cuestiones concretas. Quedarnos con que no quiere es muy fácil”, afirmó, tras lo que se refirió a la metodología que habitualmente se implementa y que radica en buscarlos con un vehículo y llevarlos a un lugar.

Con familias pero solos

Hay casos de personas en situación de calle que tienen hijos, nietos o hermanos que podrían asistirlos y, sin embargo, no lo hacen. “Quizás quien perdió un lazo familiar fue por una adicción”, entendió y añadió que son personas que están solas y “ahí es donde debe estar el rol del Estado”.

No obstante, remarcó que no debe confundirse el rol del Estado con “la llegada de una camioneta que los alce para llevarlos a dormir a una especie de cuartel para que no pasen frío”.

“Muchas veces dicen que no quieren ir y obvio que no van a querer porque se sienten con la misma vergüenza que cualquier hombre con dignidad. De saber que en un momento fue alguien en una sociedad, participó, fue un actor de la misma y hoy está ahí, a la intemperie, sin saber cómo resolver y salir de esa situación. De esa forma pueden encontrar de nuevo el camino que en algún momento perdieron para nuevamente incluirse en la sociedad que, de alguna manera, les fue dando la espalda”, expresó.

En relación a la ordenanza 8.932, el Defensor pidió que se instrumente. “Creemos que es importante y que se debe convocar al Estado provincial y nacional con aportes de distintos organismos”, afirmó. Entre las experiencias de estos últimos años, recordó la realizadas a través de la Facultad de Psicología de la UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos) y la de Trabajo Social de la UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos).

El Defensor reclamó, además de un programa, decisión política y presupuesto. “Nosotros como Defensoría vemos que están todos los derechos vulnerados juntos, desde la educación, la vivienda, el trabajo, la salud y hasta la identidad”. Sostuvo, por último, que se debe crear un espacio para un fin concreto como un centro de día donde se los haga participe.