Un nuevo pedido de desafuero emitió la Justicia para un diputado provincial. A los solicitados para el presidente de la Cámara Baja y exgobernador, Sergio Urribarri, y su ladero Pedro Báez, se suma el del legislador y dirigente sindical José Allende.

El pedido de desafuero para Allende ingresó a la Cámara en la última sesión y se registró bajo el expediente administrativo N° 1050. Se trata de la solicitud realizada por el juez José María Chemez en la causa en la que el diputado está acusado de haber amenazado al periodista Martín Carboni, de NoticiaUno.com. Además de Chemez, el legislador será juzgado por los vocales Daniel Julián Malatesta y María Carolina Castagno. La causa está a cargo del fiscal de Coordinación Álvaro Piérola.

El mandamás de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) iba a ser juzgado el pasado 29 de junio, pero el debate fue suspendido a raíz de la solicitud realizada por el abogado del diputado, su sobrino Marcos Rodríguez Allende.

Dos días antes del juicio, el 27 de junio, el letrado presentó un escrito pidiendo la suspensión del debate ya que su defendido se amparó en los fueros y que para ser juzgado, primero, la Cámara de Diputados debe levantarle la inmunidad parlamentaria. El Tribunal aceptó el pedido y suspendió el debate. Ahora, la Justicia solicitó el desafuero del dirigente peronista tal como manda el procedimiento en los casos donde está involucrado un legislador.

El escrito fue remitido por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). En el texto, el juez Chemez se dirige al cuerpo legislativo para informarle en relación al legajo N° 7436, caratulado “Allende José Angel S/Amenazas”.

El expediente aguarda su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, que preside el peronista Diego Lara. La solicitud judicial para Allende se suma a los expediente de Urribarri y Báez que tiene dos pedidos de desafuero para ser juzgados por supuestos delitos contra la administración pública.

Uno de los pedidos fue realizado por el juez Gustavo Maldonado, en la causa por el supuesto direccionamiento de pauta oficial (alrededor de $100 mil) a la empresa Global Means, del empresario pizzero Germán Buffa. En este caso, que se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino, al procesarlos el magistrado le trabó un embargo con un monto peculiar: $1.000.

Distinto fue el caso en la segunda causa que va a juicio. Es la que elevó a debate recientemente el juez José Eduardo Ruhl en el expediente que investiga el presunto direccionamiento de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, a empresas ligadas a Juan Pablo Aguilera -Tep y Next-, cuñado del exgobernador. En este caso la Fiscalía calculó que en ese período la estafa a la administración ascendió a los $24 millones. El juez embargó en $26 millones a Urribarri, Báez, Aguilera y al empresario Jesús Bustamante.  Este último terminó aceptando su culpabilidad en un juicio abreviado.

El expediente que llegó a Diputados

El escrito enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, fechado el 27 de junio, consta de 14 páginas y comienza recordando que el juicio oral iba a realizarse el 29 de junio, a las 9, por el delito de amenazas coactivas, tipificado en el artículo 149 bis, 2º párrafo del Código Penal, pero que Allende “ha manifestado que no concurrirá amparándose en los fueros parlamentarios que establece el artículo 115 de la Constitución de Entre Ríos”.

“Que, en la continuidad del trámite se impone la comparecencia del diputado Allende para la realización del juicio oral y público, por lo que, de conformidad a lo peticionado por la defensa técnica, se impone requerir a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad a lo tasado por los artículos 18, 20 y conds. Del CPP, el formal desafuero del diputado provincial José Ángel Allende”, agrega.

El expediente lo completa documentación fechada el 27 de octubre de 2017, cuando el juez Mauricio Mayer hizo lugar al pedido del fiscal Piérola de elevar la causa a juicio; además hay un legajo del 6 de noviembre, cuando, por sorteo, se definió al juez José María Chemez, vocal Nº 9, como juez unipersonal para juzgar a Allende; luego hay otro legajo de la OGA en el que se informa que la fecha de juicio fue fijada para el 13 de abril de este año; la página siguiente, de fecha 10 de abril, es la comunicación de que el juicio fue pospuesto a raíz de la solicitud realizada por correo por el abogado del legislador, quien adujo que no podía asistir por “motivos de índole personal impostergables”. Finalmente, dos días después, la OGA reprogramó el juicio para el 29 de junio.

Entre las últimas páginas se encuentra el escrito presentado al juez Chemez por el Fiscal de Coordinación, Álvaro Piérola,  el 7 de junio,  en el que solicita que pida a la Cámara de Diputados “el levantamiento de los fueros constitucionales, del cual goza, a los efectos que el mencionado sea puesto a disposición del Tribunal competente para su juzgamiento”.

El 11 de junio, el juez Chemez consideró que el Tribunal que debe juzgar a Allende debe ser colegiado, y no unipersonal. Por ese motivo, pidió a la OGA que se realice un sorteo para integrar dos jueces. El magistrado fundamentó su decisión en el criterio sentado en otras tres causas que en un principio iban a ser con un tribunal unipersonal pero que luego pasaron a integrase por tres jueces: la causa que pesa sobre 6 dirigentes de UPCN y el exministro de Salud, Ariel De la Rosa, acusados de haber apretado a la directora del hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero; el de los 14 dirigentes del sinidcato que fueron juzgados y absueltos por un delito similar ocurrido en el hospital de Villaguay; y la causa por la que va a ir a juicio el extitular de Sidecreer, Juan José Canosa, por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Al día siguiente, la OGA sorteó a los jueces que acompañaran a Chemez. Serán los vocales Daniel Julián Malatesta y María Carolina Castagno. Finalmente, con fecha del 27 de junio, dos días antes del juicio, el abogado Marcos Rodríguez Allende pidió suspender la audiencia ya que su defendido se amparó en los fueros. Ese  mismo día, Chemez y Castagno firmaron la suspensión de la audiencia e hicieron lugar a realizar el formal pedido de desafuero del diputado a la Cámara Baja provincial.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.