Los hermanos Canosa, Juan José y Carlos, estuvieron involucrados en una causa penal por corrupción. El hermano Carlos zafó; el pater familias, Juan José, no.

Juan José Canosa, extitular del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), actual asesor legal de la Cámara de Diputados, irá a juicio el próximo 28 de agosto, acusado del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Pero hay otra investigación sobre Juan José Canosa: por enriquecimiento. La Justicia pudo revelar que, mientras fue presidente de Sidecreer, invirtió en las financieras con las que operó el organismo, como la Mutual 10 de Abril, la misma que en 2017 llevó a su hermano Carlos a la Justicia para conseguir un embargo sobre sus bienes.

El abecé de este entrevero se entiende si se mira con atención el devenir de las investigaciones judiciales sobre el clan Canosa.

En agosto, como se dijo, se abrirá el primer juicio al expresidente de Sidecreer, hoy asesor legal de Sergio Urribarri en la Cámara de Diputados.

¿Qué se le reprocha a Canosa?

El fiscal Juan Malvasio, que llevó adelante la investigación penal junto a Santiago Brugo, planteó en la acusación:“Se le atribuye (a Canosa) que, como presidente de Sidecreer, desde el 21 de diciembre de 2007 y hasta el 10 de diciembre de 2015, vulneró el principio de imparcialidad, al contratar insumos informáticos” con la firma Excelcom SA, de la cual forman parte la esposa de su hermano, Carlos Canosa,Alicia Cuestas, la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. Y que contrató con la empresa de su hermano, Carlos Canosa, y la suegra de éste, Mirta Gueler, Texmer.

“La Fiscalía entiende que estos hechos encuadran en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, evaluó Malvasio, y por eso consideró que a Canosa le correspondería, una vez concluido el juicio oral y hallado culpable, “la pena de 5 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

La investigación sobre Canosa se abrió a partir de la presentación, en 2016, del senador Raymundo Kisser (Cambiemos), y que en el primer tiempo se caratuló en Tribunales, precisamente, así, “Kisser, Raymundo s/Denuncia”, pero que después se abrió en dos causas paralelas: por un lado, negociaciones incompatibles con la función pública, y por otro, enriquecimiento ilícito.

Aquella investigación sobre negociaciones incompatibles  reveló el modo cómo Canosa, desde Sidecreer  distribuyó contrataciones y licitaciones con firmas dirigidas por miembros de su familia. Precisamente, la figura legal de negociaciones incompatibles con la función pública alude a las contrataciones que hacía desde tarjeta de crédito oficial con miembros de su familia, quienes habían quedado imputados todos como partícipes necesarios, pero que después se fueron desligando de la causa.

Pero no es la única causa que salpica a Canosa. También hay una investigación en curso sobre enriquecimiento ilícito.

El viernes 4 de agosto de 2017, hubo una audiencia en Tribunales que sirvió para conocer de qué modo supone la Fiscalía que Canosa se fue enriqueciendo en la función pública, y en qué lugares ha ido invirtiendo su dinero. Entre otros lugares, invirtió en distintas mutuales, la Mutual 10 de Abril y la Mutual Amcap (Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar). “El presidente de la Mutual 10 de Abril pone en conocimiento de Fiscalía que el imputado Canosa tenía depositados, como inversión, la suma 920 mil pesos,  operación que fue garantizada con un cheque del Banco Santander Río. Las distintas mutuales, a las que se les requirió la proporción de información, a fin de investigar el delito de enriquecimiento ilícito por el cual se investiga a Canosa, pusieron en conocimiento de la Fiscalía que no había dinero alguno del imputado Canosa invertido en dichas mutuales. Eso motivó que el 27 de abril, la Fiscalía solicitara a la jueza libre orden de allanamiento a las mutuales a fin de secuestrar todo tipo de documentación que involucre a Canosa y que tenga relación con el objeto procesal”, detalló en esa audiencia el fiscal Malvasio.

Sólo después de esos allanamientos surgieron aportación de pruebas por parte de otra mutual en la que Canosa puso a buen resguardo sus ahorros: en Amcap puso entre $300 mil a $400 mil.

Lo curioso es que una de las mutuales en las que invirtió Canosa, la Mutual 10 de Abril, inició un juicio y consiguió que la Justicia embargue a su hermano, Carlos Canosa -involucrado en la causa por negociaciones incompatibles con la función pública- en la suma de $343.750.

El embargo lo decretó la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 10, Adriana Acevedo, e involucra a Carlos Canosa y a su mujer, Alicia Susana Cuestas. La causa está caratulada «Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Cuestas Alicia Susana y Otro».

«A lo  solicitado, decrétase embargo hasta cubrir con su importe la suma reclamada de $263.750,00, con más la de $80.000,00 estimada provisoriamente para intereses y costas, sobre el inmueble propiedad de la demandada, Alicia Susana Cuestas» dice la resolución judicial.

La resolución está fechada en julio de 2017, cuando en Tribunales se ventilaban las inversiones de Juan José Canosa en la Mutual 10 de Abril, la misma que embargó a su hermano y a su cuñada.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.