“Ha sorprendido la repercusión nacional que ha tenido este caso, colocándome casi como autor material (del femicidio de Micaela García). Me han demonizado. Me resultó difícil entender todo esto”.
Carlos Alfredo Rossi, el suspendido juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, se sentó hoy en el lugar contrario, en el banquillo de los acusados, frente al Jurado de Enjuiciamiento que en diciembre de 2017 abrió una causa en su contra, que carga con ocho acusaciones por mal desempeño y falta de idoneidad en sus funciones, y todo eso derivado de una resolución que adoptó el 1° de julio de 2016: otorgarle la libertad condicional a Sebastián Wagner, quien purgaba una condena a 9 años de prisión por el doble delito de abuso sexual.
El 1° de abril de 2017, Wagner cometió el femicidio de la estudiante uruguayense Micaela García. La joven estudiaba en Gualeguay. Su cuerpo fue hallado recién el sábado 8 de abril.
Antes de hacer su alegato de defensa frente al tribunal que comenzó a juzgarlo este martes –conformado por Germán Carlomagno, Miguel Giorgio y Daniel Carubia, los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ); el senador Daniel Olano, la diputada Ester González, y los abogados Jorge Campos y Roberto Beheran-, Rossi mostró su “consternación por el atroz hecho cometido por Wagner”, y dijo: “Me resulta repudiable desde todo punto de vista. Me preguntaron si me arrepentí de ese fallo (el que dejó libre a Wagner). Y yo digo que si hubiese sabido las consecuencias, seguramente no lo dictaba. Es más: ese día ni siquiera hubiera ido a trabajar. Pero el comportamiento futuro de la persona es imposible de determinar. Los jueces no tenemos la bola de cristal antes de tomar una decisión”, dijo Rossi.
El magistrado habló cerca de mediodía, después de la declaración de los dos testigos propuestos por la Asamblea Participativa de Mujeres -que presentó uno de los ochos pedidos de enjuiciamiento a Rossi-: la antropóloga Rita Segato y el médico psiquiatra Enrique Stola. Segato, que dijo que desde hace 25 años viene estudiando el crimen de género, sostuvo ante el tribunal que “retirarle el fuero de juez (a Rossi) será ejemplificador”. Aunque aseguró además que el jury dejará expuestos “a quienes están detrás de él, quienes sustentan sus decisiones”. Y Stola buceó un poco más hondo cuando dijo que con los abusadores sexuales “el Poder Judicial no puede resolver algo que la sociedad no resuelve”.
En su extensa declaración, Rossi dijo que era “un chivo expiatorio”, que se descargaron sobre sus espaldas las responsabilidades que otros organismos no cumplieron. Y dijo que al resolver la libertad condicional de Wagner –que el 1° de abril de 2017 cometió el femicidio de Micaela García, en Gualeguay- se ciñó al criterio que sustenta el STJ, que en su jurisprudencia dice que los informes del Servicio Penitenciario no deben ser vinculantes para el juez.
Y recordó el jury que se le siguió al juez Miguel Retamoso, en 2004, por haber otorgado la libertad de Miguel Lencina, luego acusado por la desaparición de la joven Fernanda Aguirre. A Lencina nada se le pudo probar por cuanto se suicidó en la cárcel, pero el proceso a Retamoso no prosperó. Al traer a la memoria aquel caso, Rossi recordó una frase que entonces le dijo el exintegrante del STJ Miguel Carlín: “¿Vio? Eso pasa cuando un juez se rige por los informes criminológicos del Servicio Pentenciario”.
Después recordó un caso similar al de Wagner: un preso que estaba con salidas transitorias, dispuestas por la Cámara de Casación Penal, que cometió un homicidio al mes de estar fuera de la cárcel. “En este caso ocurrió lo mismo que pasó conmigo. Pero nadie pidió el juicio para los integrantes de la Cámara de Casación Penal. No se alzaron voces de ningún tipo para condenar socialmente a quienes lo habían liberado”, dijo.
Luego dijo que su resolución para liberar a Sebastián Wagner se produjo el 1° de julio de 2016, y que el femicidio ocurrió el 1° de abril de 2017. En ese tiempo, el fiscal coordinador, Lisandro Beheran, en ningún momento apeló la medida. “Beheran admitió que la resolución no era arbitraria y que por eso no apeló”, resaltó Rossi. Y después se dirigió al Jurado de Enjuiciamiento: “Me preocupa la remoción de un juez por una resolución que toma y que no fue recurrida. Esto atenta contra la independencia del Poder Judicial. Acá, el Jurado de Enjuiciamiento se está constituyendo en un tribunal de alzada que revisa la revisión de un juez de Ejecución de Penas”.
Entonces, cargó las culpas sobre el Ministerio Público Fiscal, que permitió que Wagner, que cargaba con dos hechos de abuso sexual, por lo cual le hubiese correspondido una pena de 30 años de prisión, acordó llevarlo a prisión mediante un procedimiento de juicio abreviado y sin siquiera pedir el máximo por uno de los dos casos, 15 años. En vez de eso, se le impuso una pena de 9 años. “El primer responsable por la liberación de Wagner fue el fiscal, con su grosera intervención”, dijo. “Fue una grosera irresponsabilidad del fiscal, porque además sabía que había un tercer hecho de abuso, que no pudo probar por una cuestión de presupuesto, y por eso no se llegó a culpabilizarlo por ese tercer caso. La irrisoria pena de 9 años impuesta es la principal causa por la que Wagner estaba en libertad”, sostuvo.
Después cargó contra las condiciones de alojamiento de los internos por parte del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, la mayoría de los cuales están en condiciones de “hacinamiento”. Al respecto, comentó que “muchas cárceles tienen el doble de internos de su capacidad. En estas condiciones, el tratamiento y la reinserción a través de actividades laborales o educativas en vez de en un derecho, se convierten en un privilegio. Esto hace que sólo entre el 15% y el 20% de los internos participe en actividades laborales o educativas por falta de cupo”, sostuvo.
Además, en la Granja Penal de Gualeguaychú, donde estaba alojado Wagner, había 200 internos y nada más que un psicólogo. “Es irrisorio que una persona pueda hacerse cargo de esa población. Esto ocurre porque el tratamiento de los internos siempre fue relegado a un segundo plano”, aseguró.
A eso, se suma la inexistencia del trabajo del Patronato de Liberados, que debe hacer un seguimiento de cada interno que recupera la libertad con salidas transitorias. “No existe el Patronato de Liberados. En vez de haber control de reinserción social y seguimiento de cada una de las personas, lo que hay es la obligación del interno de volver a la cárcel una vez por mes a firmar un papel. No existe ningún control. El Patronato de Liberados jamás me hizo saber nada de Wagner”, sostuvo.
Al final de su exposición, Rossi pidió al tribunal que “se aplique la dialéctica hegeliana: tesis, antítesis, síntesis. Esto es, acusación, defensa y sentencia. Pido que no se vulnere ningún derecho, y que haya garantía del debido proceso. La cuestión a debatir será si la Constitución está vigente o no está vigente. Yo voto porque esté vigente”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora