El 21 de mayo, casi seis años después de la apertura de la investigación penal en la Justicia, a veintitrés del inicio de un proceso canónico en la Iglesia de Paraná y treinta años después de los abusos y corrupción de menores cometidos por el cura Justo José Ilarraz en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, llegó la condena.

Ilarraz fue sentenciado a 25 años de cárcel a partir de un fallo unánime firmado por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, que valoró el testimonio de las siete víctimas que llevaron al sacerdote al banquillo, que, estableció la sentencia, «satisfacen las pautas objetivas de análisis oportunamente referidas, lo cual, permite sin dudas, otorgarles credibilidad y veracidad».

«En cuanto al modo y motivación en que Ilarraz llevó adelante las acciones lesivas atribuidas, puedo afirmar con convicción de certeza, que su comportamiento, en todos los casos, no fue la consecuencia de actos circunstanciales, aislados o instintivos, sino por el contrario, fue el producto de una conducta o plan premeditadamente concebido, reiterado a lo largo del tiempo con matices semejantes, el cual fue pacientemente desarrollado por éste para lograr su cometido; abusar de los indefensos menores a su cargo, en pos de satisfacer sus desviados deseos o instintos sexuales. A) Sobre el particular se puede establecer en primer término, que resultaron facilitadoras en la conformación de la estrategia o plan urdido por Ilarraz, las siguientes circunstancias: a) la estructura organizativa y la educación que se impartía en el Seminario; b) la posición funcional que Ilarraz ocupaba en él; y, c) la conducta de sus pares y superiores al respecto».

Los jueces reprocharon el silenciamiento de la Iglesia, ya que, dice el fallo, “coadyuvó como elemento facilitador del plan de Ilarraz, la posición asumida por sus superiores y pares actuantes al tiempo de los hechos; ya que sin su omisión el acusado no hubiera podido cumplir sus designios delictivos con la libertad e impunidad con que lo hizo”.

Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993: fue nombrado en ese cargo por el entonces arzobispo Estanislao Karlic. El prefecto estaba a cargo de los niños que cursaban el ciclo básico de la secundaria con internado, y era una especie de celador, aunque también adoptaba la función de confesor.

Fabián Schunk ingresó el Seminario en 1988, y salió siendo cura en 2000. Pero a comienzos de 2006 dejó los hábitos. En el tiempo que permaneció al cuidado de Ilarraz fue abusado por Ilarraz. Aunque no fue el iniciador de la investigación en la Justicia, con el tiempo se convirtió en un pilar clave para que fiscales y jueces pudieran correr el velo del encubrimiento que existía sobre los abusos ocurridos en el Seminario. Fue uno de los siete que declararon frente al tribunal, que llevaron a Ilarraz a la condena: desde el 21 de mayo Ilarraz está con prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria -en un departamento de su familia sobre calle Corrientes-, a la espera de que la sentencia quede firme. El arresto se dispuso ante el riesgo de fuga.

«La condena fue lo que esperábamos. El tribunal estuvo a la altura de nuestras expectativas», dice ahora Fabián Schunk, dos meses después de aquel fallo. «Nos dimos una impasse después de la condena. Ahora estamos empezando a comunicarnos de vuelta. Pasaron dos meses de la condena y no hemos recibido ningún llamado de teléfono, ninguna señal que apunte a un pedido de disculpas. No se acercó nadie», lamenta.

-¿Quiénes deberían hacerlo?

-Los principales involucrados de la Iglesia. ¿Por qué ellos? Porque nosotros entramos con 12 años al Seminario, y estuvimos a cargo de ellos. Es un momento para que hagan un mea culpa, y se acerquen y se ponga a disposición. Y que hagan un pedido de disculpas por lo que nos pasó.

Dos meses después de la condena a Ilarraz, nada de eso ocurrió. Entonces, el camino que ahora analizan seguir las víctimas de Ilarraz es el de la demanda civil.

La Iglesia de Paraná ya tiene una demanda en los Tribunales de Nogoyá, impulsado por víctimas y familiares de víctimas de los abusos del cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado en 2017 a 25 años de cárcel.

Ahora, las víctimas de Ilarraz piensan ir por el mismo sendero. «Me parece muy bien lo que hicieron las víctimas de Escobar Gaviria. Nosotros ni siquiera tuvimos un gesto de acercamiento. Era lo que esperábamos y no llegó. Me parece que la demanda civil corresponde. Parece mentira, pero en este tema, hasta que no se les tocan el bolsillo, no cambian. La Iglesia ha demostrado, en el caso de la causa Ilarraz, que el pedido de perdón que han hecho ha sido vacío, fingido. Si hubiese sido real, verdadero, se tendrían que haber comunicado con nosotros. Ha sido un pedido de perdón para la tribuna. La única manera de ellos tomen conciencia de la gravedad de los abusos, de las consecuencias de los abusos, y del daño producido, es asumir el costo. Es un derecho nuestro. Nadie se queja de una persona accidentada que reclama indemnización. O de alguien que despiden de su trabajo. Las víctimas también reclamamos. Además, acá las víctimas siguen siendo ignoradas por la Iglesia.

-¿No llegó el mensaje de la Justicia a la Iglesia?

-No llegó el mensaje. Me parece que no. En otros lugares del mundo, hay señales de cambio. Yo creo que aquí, en Entre Ríos o en Argentina, siguen los mismos pasos, no cambian, porque la sociedad todavía sigue dormida. Con los hechos graves que han sucedido acá, y que siguen sucediendo, nadie ha pedido la renuncia de nadie. Los obispos creen que son intocables, y por eso esto sigue así. Nosotros hemos reclamado que Ilarraz deje de ser cura. Desde un comienzo lo hemos pedido. Pero Ilarraz sigue siendo cura. Vamos a ir por todos los medios para que los que tienen responsabilidad, paguen por el delito cometido. Me parece que es nuestro derecho y no vamos a dejar ninguna instancia librada al azar. Esta causa Ilarraz es y ha sido por los niños de hoy y de mañana.

 

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.