La Comisión de Juicio Político empezó a analizar este martes los tres pedidos de desafuero que remtió la Justicia para los disputados Sergio Urribarri, Pedro Báez y José Ángel Allende, los dos primeros involucrados en causas por corrupción en la gestión anterior; el último, en una invetigación penal por coacciones en perjuicio de un periodista.

No pusieron fecha a una definición, aunque desde el oficialismo anunciaron que empezaron a estudiar los pedidos, y que en breve habrá una posición.

Urribarri y Báez tienen dos pedidos para que se le levanten los fueros parlamentarios que establece el artículo 115 de la Constitución de Entre Ríos. Uno ingresó el 22 de mayo, y lleva el número de expediente 716.

Se trata del remitido por el juez de Transición Nº 2, Gustavo Maldonado, que procesó a ambos por el delito de peculado y negociaciones incompatibles por haber otorgado pauta a la firma Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa, quien a su vez  integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.

En esta causa se investigó cómo se le dieron 118 mil pesos en 2011, seis meses antes de que la empresa fuera creada. El caso se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino.

La segunda solicitud de desafuero lleva el número de expediente 1.194. Es la que remitió el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, quien elevó a juicio la causa en la que Urribarri y Báez están acusados de diferentes delitos contra la administración pública por el millonario reparto de publicidad oficial en vía pública entre 2010 y 2015, que tenía como principal beneficiaria a las firmas Tep SRL y Next SRL, que la Fiscalía vincula a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y secretario del bloque de senadores del PJ.

El pasado 27 de junio, el juez José María Chemez envió al presidente de la Cámara de Diputados el pedido de desafuero para el diputado y sindicalista José Allende. Como informó Entre Ríos Ahora oportunamente, el expediente se registró bajo el expediente administrativo N° 1050.

El presidente de la Comisión de Juicio Político, el justicialista Diego Lara, dijo que el bloque del oficialismo todavía no ha tomado posición, y que hay tiempo suficiente para expedirse: hay 60 pedidos para emitir dictamen, y la Cámara de Diputados tiene otros 180 días para expedirse. Aunque surgieron voces desde el propio bloque peronista que anticipan que habría una negativa a los desafueros pedidos por la Justicia para avanzar en las distintas causas en trámite.

Fue la diputada Carmen Toller (PJ), quien argumentó esa pensamiento hacia el final de la reunión de este martes. «La Legislatura está al vaivén de interpretaciones arbitrarias (por parte de los jueces), que son antagónicas, de distintos jueces», opinó, para luego certificar que en las peticiones de los magistrados «hay un trasfondo político más que jurídico».

Otro peronista, Raúl Riganti, que tiene una causa penal en trámite y un pedido de desafuero, no se quedó atrás, y también opinó. «A mi entender, y no soy abogado, desde el llano, me gustaría opinar. Creo que es preocupante que no podamos definir, porque las leyes lo están demostrando, claramente cuáles son los pasos que tiene que seguir un juez. Uno puede leer una osa y otro puede leer otra. Eso, en lo personal, trae un montón de incógnitas. Está involucrada la política. Hay que ver qué es lo que cada juez lee o interpreta. He visto muchísimos casos en los que hay opiniones distintas entre los jueces. Yo no siento seguridad», dijo.

Antes, Lara había adelantado que «no estamos en presencia de ninguna cuestión novedosa. Ya ha habido solicitudes de desafuero de otros legisladores. La Cámara ha sido celosa en términos de ser muy prudente a la hora de analizar los desafueros. Esta es una prerrogativa que la Constitución le establece en favor del poder legislativo, para sus legisladores».

La diputada María Alejandra Vila (Cambiemos) hizo notar que no hay unicidad de criterios de parte de los jueces respecto en qué momento pedir el desfuero. En la causa Allende, lo pidió el fiscal, lo denegó el juez, y luego lo solicitó el abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende y el magistrado debió acceder a esta petición. En otras causas, se da cuando el trámite tiene remisión a juicio.

Su colega Esteban Vitor pidió que la Legislatura avance en un proyecto de su autoría para establecer límites a los fueros .»Me parece que tiene una deuda pendiente la Legislatura. Debemos contar con una ley que nos establezca el verdadero alcance de los fueros. En nuestro bloque tenemos una interpretación restrictiva de los fueros. Entendemos que es un superprivilegio de los legisladores al principio de igualdad ante la ley, y hay un reclamo de la comunidad de que este instituto se aplique de la forma más restrictiva posible. No estoy en contra de los fueros. Pero sí que se lo use de la mejor manera, y de la forma más restrictiva», aseveró.

Vitor dijo que los tres pedidos de desafuero son por causas ajenas al trabajo legislativo. «Los fueros son por cuestiones legislativas -aclaró-.No es el caso del diputado Urribarri. Estas causas vienen en función de su anterior calidad de gobernador, no de legislador».

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.