El chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, abrió la puerta de la ruta de las coimas de la obra pública durante una década: entre 2005 y 2015, Oscar Centeno anotó en ocho cuadernos Gloria un minucioso detalle de cómo operaba el sistema de retornos que iban de las oficinas de los empresarios a los  bolsillos de los funcionarios.

Entre los empresarios anotados, y ya con orden de detención por parte del juez federal Claudio Bonadío, hay nombres conocidos en Entre Ríos. Carlos Wagner (Esuco), Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra (Electroingeniería), Armando Loson (Albanesi SA), Carlos Mundin (BTU SA), Javier Sánchez Caballero (IECSA), Juan Carlos Goycochea (ex Isolux) y Francisco Valenti (Pescarmona).

El 22 de septiembre de 2011, el exgobernador Sergio Urribarri firmó el contrato para el inicio de la construcción de lo que hoy es el Hospital de la Baxada Teresa Ratto. La obra, con una inversión de $200 millones  y un plazo incumplido, de 24 meses, se adjudicó a un consorcio conformado por las empresas Isolux Ingeniería SA y AMG Obras Civiles SA. Casi siete años después, la obra civil no está concluida. Desde octubre de 2016 los trabajos están paralizados y el hospital sin concluir. El consorcio Isolux Ingeniería SA y AMG Obras Civiles SA está en una  batalla legal contra el PAMI, que financió la obra.

Ahora se sabe que uno de los empresarios de Isolux, Juan Carlos Goycoechea, está detenido en la megacausa de «los cuadernos de las coimas».

Otro de los empresarios detenidos, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), ejeutivo de Esuco, Carlos Wagner, también estuvo ligado a la obra pública en Paraná.

La obra que solucionaría de raíz las graves falencias en la provisión de agua potable en Paraná fue anunciada con bombos y platillos el 7 de julio de 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, durante un acto realizado en la Plaza 1° de Mayo. La obra se iba a iniciar en octubre de ese año y  la inversión —calculada en ese momento en $43 millones— quedaba a cuenta de la Nación. El plazo de ejecución se estimaba en dos años; es decir, que la habilitación se debía producir en el segundo semestre de 2006. Pero los trabajos empezaron varios meses después, en 2005, con un presupuesto global casi duplicado —unos $78 millones—. Con el paso del tiempo, ese monto fue subiendo hasta ubicarse ahora en alrededor de $90 millones.

Durante la visita de Kirchner a Paraná, se firmó un convenio entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales y se consideró que el llamado a licitación era inminente. Ese día, el Presidente estimó que en unos 30 días se iba a firmar el contrato y que antes de fines de año empezaba la obra. Al final, recién en febrero de 2005 se realizó la licitación: Degremont SA y Esuco SA firmaron el contrato en abril de 2005 para construir la planta potabilizadora por $51.054.587,46; e Hidroconst-Isolux rubricaron el contrato en mayo de 2005 con un presupuesto de $27.445.757,66.

En 2010, ante la seguidilla de roturas, la Comuna convocó a los fabricantes de los caños (Petroplast, una empresa de Mendoza) y pidió un informe al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa), organismo a cargo del financiamiento y control de la construcción de la nueva planta, la cañería y centros de distribución.

Los avisos de las roturas al Ente se fueron realizando cuando la obra estaba aún en garantía: ya en 2008, apenas empezó a funcionar y arrancaba la gestión de José Carlos Halle en la Comuna, se debió suspender el funcionamiento del sistema por las fallas.

La respuesta del organismo a ese pedido de informe fue en 2010 y señaló que los problemas en la red tenían su origen en las capas freáticas y el movimiento del terreno. En tanto, la versión más fuerte que manejaban empleados de Obra Sanitaria daba cuenta de que la cañería “estaba mal puesta”.

El mismo año, un vecino de Paraná acudió a la Auditoria General de la Nación (AGN) para que intervenga a raíz de lo que consideró “serias fallas de funcionamiento que presenta la obra de la Nueva Planta Potabilizadora de Agua de Paraná y obras complementarias”. Un año después, en 2011, el tema también pasó por el Concejo Deliberante. En 2010, el abogado radical Marcelo Viola fue con una denuncia ante la Auditoría General de la Nación (AGN).

La planta nunca resolvió el problema para lo cual fue construida. Esta semana, se supo que los ejecutivos de las firmas que la construyeron están detenidos como parte de un gran andamiaje de corrupción y pago de coimas en la obra pública.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.