El huracán judicial que desató la aparición de los 8 cuadernos «Gloria» que escribió a lo largo de una década, entre 2005 y 2015, Oscar Centeno, exchofer de Robert Baratta, el segundo del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, no amaina.

Las revelaciones -cómo funcionó el entramado de pago de coimas en la obra pública que salpica a todo el kirchnerismo pero que también involucra al presidente Mauricio Macri ya que en la causa está involucrado su primo, Ángelo Calcaterra- ha sacado a la superficie lo que ya otras investigaciones judiciales han revelado: el negocio que representa la obra pública para el financiamiento de la política.

Los principales actores de la Cámara Argentina de la Construcción están en la mira de la Justicia. Uno,  Juan Chediack, expresidente y actual vicepresidente de la Cámara se encuentra en la mira de la Justicia por la causa de las coimas de la corrupción. Firmó un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli  para declarar como arrepentido. Admitió la comisión de delitos y aportó datos sobre cómo se repartía la obra pública durante el kirchnerismo. Otro es Carlos Wagner, entre 2004 y 2012, presidente de la Cámara de la Construcción, ejecutivo de Esuco, una de las firmas que construyó la planta potabilizadora de Paraná. «La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador», contó Wagner en la Justicia.

Marizza, Szczech, Hereñú.

 

La delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción ha estado al mando, ahora, por Miguel Ángel Marizza, de Caballi Construcciónes SA, y, antes, por Néstor Iván Szczech, de Szczech & Szczech, ambos imputados en la Justicia entrerriana por los delitos de Fraude a la Administración Pública y Defraudación. No están solos:  también los empresarios Rubén Grasso (Cemyc ) y Daniel Hereñu (OICSA). Otra de las firmas del club de la obra en la provincia, Luis Losi SA, fue mencionada por Wagner en su declaración en la Justicia como partícipe de las maniobras de pago de coimas. Es, de momento, la única firma entrerriana mencionada en el escándalo de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Todos han prestado testimonial como imputados en la causa, al igual que Alicia Feltes, actual directora de Vialidad.

La Justicia tiene lista la causa para su remisión a juicio, aunque falta un paso previo: que la única perito contable con que cuenta el Poder Judicial, Luciana Ara, emita dictamen sobre los números que ha realizado el Ministerio Público Fiscal para determinar los sobreprecios.

«Se recibe pericia y se hace la remisión a juicio», dicen desde la Fiscalía.

 

La causa

El 29 de octubre de 2014, el exgobernador Sergio Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de ese año.

El acuerdo lo firmó el entonces titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.

Así, se puso en marcha el denominado Operativo de obras, servicios y provisiones de bienes esenciales para la Cumbre del Mercosur. Alicia Feltes, actual titular de  Vialidad, fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.

Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”, según el texto del documento oficial.

El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.

El delito que investiga es Fraude a la Administración Pública, y la fuerte sospecha de que en esas contrataciones se pagaron sobreprecios.

El miércoles 19 de octubre de 2016, el fiscal Juan Malvasio realizó allanamientos en las sedes de las firmas, en la Cámara de la Construcción y en la oficina de la titular de Vialidad, Alicia Feltes. De aquel operativo, el acusador público se llevó computadoras, documentación y hasta el teléfono celular de la funcionaria. Mientras, solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur por la realización de distintas obras. La empresa Cemyc SRL (Grasso) cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $ 12.683.198,14; Szczech & Szczech SA cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. En último lugar se ubicó Luis Losi SA, con $ 535.184,34.

Los trabajos se realizaron en las dos sedes que tuvo la Cumbre: la Escuela Centenario y el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. Se colocaron carpas, mobiliario, plantines de ambientación, decoración, instalación de equipos de audio y videos, banners, servicio informático y de limpieza, entre otros elementos para el funcionamiento del encuentro continental.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.