«Estamos haciendo lo que se debe hacer para que los entrerrianos estén cada vez más seguros en materia de salud», dijo el exgobernador Sergio Urribarri el martes 20 de septiembre de 2011 cuando anunció la firma del contrato de obra para construir el Hospital de la Baxada Teresa Ratto, un proyecto de $200 millones con un plazo de ejecución de 24 meses.

Siete años después, la obra no se ha concluido. El consorcio que ganó la licitación, Isolux Ingeniería SA y AMG Obras Civiles SA, se retiró en 2016 por desacuerdos con el PAMI, el organismo que financió la construcción del hospital, aunque no hay ninguna certeza de que ese grupo de empresas pueda llegar a concluir lo que inició. El representante de Isolux, el abogado cordobés Juan Carlos de Goycoechea, forma parte hoy de los 14 imputados arrepentidos que suma la causa de los «cuadernos de la corrupción» que se desató tras las revelaciones del chofer Oscar Centeno, especie de lazarillo rentado de Roberto Baratta, el segundo del todopoderoso ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio de Vido.

«En el año 2002, en mi estudio jurídico de Córdoba capital soy contactado por el representante en Argentina de la empresa Dragados y Construcciones, cuyo presidente era Francisco Arnaiz, español, para que yo los atendiera ya que mi especialidad es el Derecho Público. Se me requería para que atendiera a esa empresa en el marco de tres proyectos de obras públicas que ejecutaban en Córdoba, con un crédito que había firmado Argentina con España para una maternidad provincial y dos hospitales zonales. Cuando se termina la ejecución de las obras, bajo la gobernación de (Ramón) Mestre, este Arnaiz se va de Dragados y me recomienda como abogado de la empresa a la que él se trasladaba. que es Ibadesa SA, también española, especialista en temas hospitalarios, a la cual atiendo para la ejecución del hospital Cutral Co de Neuquén. A Ibadesa la compra Isolux en el año 2003 o 2004 y generan la empresa Ibalux SA. Con esa empresa se termina el hospital de Cutral Co y posteriormente se me plantea la posibilidad de empezar a trabajar en los negocios que quería atender en la Argentina la Empresa Isolux», contó el empresario en la Justicia.

Entre 2009 y2014, confesó De Goycoechea ante el fiscal Carlos Stornelli, que lleva adelante la investigación de los «cuadernos de las coimas», realizó las entregas del dinero a Baratta. «Normalmente le entregaba los dólares en la misma bolsa de tela que me daban en la misma financiera y nunca superaron los montos antes indicados -u$s 200 mil, u$s 250 mil, u$s 300 mil-. En esas oportunidades,(el segundo de Julio de Vido, Roberto) Baratta tomaba la bolsa, no contaba el dinero y la introducía en un portafolios, o porta notebook rígido, tipo carrito. Siempre pedía un vaso de agua, se lo veía acelerado».

También contó:»El único integrante de la empresa que hacía las entregas era yo. Las entregas eran muy sistemáticas, llegaba Baratta, tocaba el portero eléctrico, subía, se sentaba en el único sillón largo que tenía el estudio, charlaba dos minutos, se hacía el amigo, preguntaba por la familia, tomaba el vaso de agua, recibía el dinero, lo introducía en el portafolios antes descripto y se iba. Con el único funcionario que traté por el tema de las entregas de dinero fue con Roberto Baratta».

Facturas truchas

En la causa que timonea el juez federal Claudio Bonadío se presentaron dos abogados entrerrianos que han sido clave en la apertura de investigaciones judiciales sobre la corrupción en los tribunales provinciales: Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto. «Con el doctor Guillermo Mulet llevamos al juzgado de Bonadío un aspecto hasta ahora no declarado por ningún arrepentido: la vinculación de la AFIP y (el extitular del organismo durante el kirchnerismo, Ricardo) Echegaray con este mecanismo de saqueo sistemático e ininterrumpido de fondos públicos a través de la obra pública. Eso nos surge de Pietroboni quien, dos años antes de que este asunto estallara, contó con pelos y señales cómo funcionó este mecanismo a través de la cartelización de las empresas dedicadas a la obra pública, los sobreprecios y el pago de coimas, indicando a sus principales protagonistas», dice Pagliotto.

«Lo sustancial, además de que las declaraciones de Petroboni han sido dos años después convalidadas en esta causa por un número cada vez más grande de ´arrepentidos´, es el aporte de un tema novedoso que, hasta ahora, ningún empresario contó: los créditos fiscales que cada empresario recibía en compensación de las coimas que pagaban a la asociación ilícita de funcionarios, a través de la entrega de facturas apócrifas que cumplían la función de ocultar el destino final del dinero que eran estos retornos -subraya el letrado-. ¿Por qué? Porque todo dinero debe siempre tener una trazabilidad tal que permita acreditar tanto el origen como el destino lícito del mismo. El dinero salía del Estado, como anticipo financiero a favor del empresario adjudicatario de la obra pública. Iba por transferencia bancaria a su cuenta o se abonaba con un cheque. Contra ese pago se extendía una factura por parte de la empresa. Luego, el empresario retiraba esa suma del banco y pagaba con ella la ´coima´ a los funcionarios (pago ilícito o destino ilícito). Para ocultar ante AFIP este ilegal destino, los funcionarios venales entregaban al empresario sobornado facturas apócrifas a fin de obtener crédito fiscal por IVA compra e incluso achicar su rango de ganancias por gastos de la actividad. Aquí aparecen involucrados directamente la AFIP y Ricardo Echegaray, quien junto con Julio Miguel De Vido urdieron este mecanismo que, para no dejar rastros del pago de coimas, implicó una clara maniobra de defraudación fiscal. Esto se lo arrimamos  al juzgado de Bonadío. Les pareció interesante y prestaron especial atención».

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora