En el segundo día del juicio oral al expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), el actual asesor legal de la Cámara de Diputados, Juan José Canosa, la apertura del debate contó con el testimonio como testigo del director de Ceremonial de la Provincia, Alberto Rufino Fernández, que dudó, se contradijo y no pudo determinar si  los integrantes del directorio de la tarjeta de crédito son funcionarios públicos.

La declaración enredada de Fernández llevó al fiscal Juan Malvasio –que lleva adelante la acusación contra Canosa por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública- a sostener un árido interrogatorio que molestó al defensor del imputado, Raúl Barrandeguy. “Esto parece la Gestapo”, lo frenó Barrandeguy, y comparó las preguntas del Ministerio Público Fiscal con la policía del nazismo.  En realidad, la segunda jornada del juicio arrancó con un contrapunto entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa respecto de las preguntas que se harán al titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Federico Tomas, que declarará por escrito.

Barrandeguy reprochó “el afán de perseguir a toda costa a mi defendido”.

La discusión fue zanjada por el tribunal que juzga a Canosa  -que integran Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel-, que le pidió a Barrandeguy que reformule las preguntas. El defensor se negó, e hizo reserva del caso federal.

El primer testigo, director de Ceremonial desde 2003, respondió sólo preguntas de la Fiscalía, y en su testimonio dudó en un hecho elemental: no pudo responder si Canosa es o no funcionario público, aunque admitió que figura en el listado de autoridades que elabora el organismo a su cargo. Aseguró que la incorporación de funcionarios al listado se hace “por usos y costumbres”, que al organismo le llegan mails de designaciones o toman como base los decretos de designación del Poder Ejecutivo.

“Sidecreer figuraba en la nómina desde antes de que yo estuviera en Ceremonial. Hay autoridades que no figuran y que no están en la nómina porque de ese modo tendríamos que hacer una nómina muy voluminosa”, respondió.

-¿De quién recibió la directiva para incorporar a Canosa al listado de autoridades? –preguntó el fiscal Malvasio.

-De nadie. Absolutamente de nadie. Lo hace Ceremonial en función a usos y costumbres.

Malvasio insistió y repreguntó una y otra vez. Si Canosa era funcionario público, por qué incorporaba a unos y a otros no al listado de autoridades, si consideraba al presidente de la Coca Cola como funcionario público, si considera a un fiscal funcionario público, su in gendarme es funcionario público, si el mandamás de una corporación privada es funcionario público.

Su insistencia fue reprendida por Barrandeguy, a lo que hizo lugar el tribunal.

Entonces, el fiscal explicó por qué su insistencia.

“A criterio de esta Fiscalía el testigo está siendo mendaz. El testigo ha manifestado que esta nómina de autoridades en función de lo que le informan los organismos públicos. Y cuando se le pregunta cómo se integra a Sidecreer, dice que lo hace por usos y costumbres. Buscamos ir al absurdo, y porque el testigo puede caer en falso testimonio, y remitir causa por falso testimonio”, explicó.

Respondió Barrandeguy:  ”No podemos transformar el procedimiento tendiente a establecer el hecho, en un procedimiento tipo Gestapo, para ver si se contradice o no. Hágalo en otro lugar. Hágale una denuncia. Pero no es momento de perturbar.  Este tipo de interrogatorios tiende solo a servir a una sospecha, pero no en este lugar”.

El presidente del tribunal terció en la discusión. “Entendemos que ha contestado. No sabe si Sidecreer es empresa del Estado”, dijo Alejandro Grippo, y de ese modo cortó el interrogatorio de Malvasio. Y le pidió que no sea “sobreabundante” en las preguntas.

Acusación

La Fiscalía acusa a Canosa de ser responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que le reprochan haber contratado con familiares y amigos cuando estuvo al frente de Sidecreer, entre 2007 y 2015. En la primera jornada de juicio, los acusadores señalaron que el exfuncionario contrató con las empresas Excelcom, Texmer y JDR Construcciones en 32 oportunidades.

La primera firma está a cargo de Diego Urba, amigo de Canosa, quien se encuentra casado con María José Cuesta. En tanto, Texmer, estaba integrada por Mirta Gueler y Carlos Alberto Canosa,  madre de María José Cuesta, y hermano del imputado, respectivamente y en pareja con Alicia Cuestas. Ambas hermanas son hijas de Mirta Gueler.

En tanto, la empresa JDR Construcciones es de José Daniel Romero, que es tío político de Canosa, debido a que está casado con María del Carmen Paul, hermana de Nélida Paul, la mama del imputado. Todo los familiares y allegados se desligaron de la causa el año pasado, al acceder a realizar tareas comunitarias.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.