El 22 de mayo de 1996, la Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley Nº 9.008, que en su artículo 20º decía: “El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta días de su promulgación”.
Ni sesenta, ni cien, ni un año ni dos: pasaron veinte años y esa ley no ha sido nunca reglamentada en la provincia.
Esa ley, en su artículo 1º fijó como objetivo el de “lograr la definición y demarcación de la línea de ribera y mapas de zonas de riesgo hídrico, en los ríos Paraná, Uruguay e interiores navegables de la Provincia de Entre Ríos”.
En el artículo 2º se estableció: 1) La definición y demarcación en el terreno y en cartografía, y la preparación de mapas de zonas de riesgo que incluyan:
a) la delimitación de zona prohibida;
b) la delimitación de zonas con restricciones severas;
c) la delimitación de zonas con restricciones parciales;
d) la delimitación de zonas de advertencia; y
e) los deslindes a que se refiere el Artículo 2750 –2º párrafo- del Código Civil Argentino;
2) La incorporación a la zonificación de áreas de conservación de fauna y flora silvestre;
3) La obligatoriedad de evaluar el impacto ambiental y el procedimiento correlativo de las obras y trabajos a ejecutar, que deberá ser determinado por la autoridad de aplicación, concordante a la importancia de las obras; y
La imposición, a los beneficiarios, del costa de construcción, mantenimiento y operación de las obras de control, defensa o saneamiento de inundaciones.
Y ordenó realizar las demarcaciones “a los efectos del dominio, jurisdicción y competencia de la provincia”.
Veinte años después, entonces, nada se hizo.
Y por eso el senador provincial Nicolás Mattiauda (Cambiemos) pidió al Poder Ejecutivo que reglamente esa norma, sancionada hace veinte años y que fija los usos de las zonas de riesgo hídrico
El legislador recordó que esa ley dispone “la definición y demarcación de la línea de ribera y mapas de zonas de riesgo hídrico” en los ríos Paraná, Uruguay e interiores navegables de Entre Ríos.
Sin reglamentar, aseguró el legislador, se convierte en letra muerta.
Y eso es así por cuanto “la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Hidráulica y Recursos Hídricos de la Provincia, no puede dar cumplimiento con lo prescripto en el texto normativo, con los efectos y consecuencias negativas que conlleva”, explicó Mattiauda.
La Ley Nº 9.008 establece los usos que se les pueden dar a las zonas con riesgo hídrico, apuntando al establecimiento de la línea de ribera.
En el artículo 2° señala que a los efectos de su cumplimiento, se realizará la definición y demarcación en el terreno y en cartografía, y la preparación de mapas de zonas de riesgo que incluyan la delimitación de zonas prohibidas, con restricciones severas y parciales, y de advertencia; la incorporación a la zonificación de áreas de conservación de fauna y flora silvestre; la obligatoriedad de evaluar el impacto ambiental y el procedimiento correlativo de las obras y trabajos a ejecutar, que deberá ser determinado por la autoridad de aplicación, concordante a la importancia de las obras; y la imposición, a los beneficiarios, del costo de construcción, mantenimiento y operación de las obras de control, defensa o saneamiento de inundaciones.

La delimitación de zonas de riesgo hídrico permite obtener el dato preciso respecto a qué lugares no deben ser ocupados para urbanizar, por ejemplo, apuntando a generar un suelo apto.

Pero todo eso está en veremos. Sin reglamentar.
Y de eso han pasado veinte años.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.