El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos sancionó a un auditor de su plantel por haber utilizado su rango de funcionario público de un organismo de control para pedir información a la Municipalidad de Paraná sobre las liquidaciones efectuadas a asociaciones mutuales durante 2017, en concepto de retención de haberes por código de descuento, solicitud que, en realidad, era para su trabajo particular como contador.

El auditor sancionado es el contador Nicolás Meresman, quien pretendió obtener la documentación como asesor externo de la Federación de Mutuales de Entre Ríos (Fedem), pero invocando su rol dentro en el organismo de control.

El caso sucedió en medio de la investigación judicial en la que la Fiscalía acusa al intendente Sergio Varisco de ser autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, y como partícipes primarios, al asesor legal Walter Rolandelli y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo.

El jefe del Cuerpo de Auditores del organismo provincial advirtió la irregular conducta del auditor Meresman cuando el Contador General del municipio, Eduardo Campdesuñe, remitió la información pedida por Meresman al organismo de control.

Las autoridades del Tribunal de Cuentas observaron que Meresman no era el auditor designado en el municipio, sino que su tarea estaba abocada a Enersa y a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), con lo cual se le abrió de inmediato un expediente para conocer si violó el artículo 62° inciso E) de la Ley 9755, del Marco de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos, que expresa que serán sancionados quienes se valgan directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función.

El expediente se caratuló “Jefatura Cuerpo de Auditores comunica información remitida por la Municipalidad de Paraná». El 7 de mayo de este año, el presidente interino del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas, y José Luis Gea Sanchez, vocal del organismo, firmaron la resolución Nº 0487, en la que concluyeron que el auditor violó el citado artículo de la ley y le aplicaron una muy leve sanción: 3 días de suspensión sin goce de haberes.

En la resolución, publicada en el sitio Web del organismo de control, se relataron los hechos que llevaron al castigo al auditor.  En primer lugar, se menciona que el Jefe del Cuerpo de Auditores tomó conocimiento de la situación cuando recibió información enviada por el Contador General de la municipalidad, Eduardo Campdesuñe, consistente en liquidaciones efectuadas por el municipio a distintas asociaciones mutuales durante el Ejercicio 2017.

El requerimiento había sido formulado por el auditor Nicolás Meresman. En ese marco, se pone de resalto que “el titular del Departamento Auditoría destaca que las gestiones efectuadas por ante el Municipio local, por parte del referido auditor, no tiene ninguna vinculación con las actividades actuales que tiene asignadas en Enersa como en la Administradora Tributaria de Entre Ríos, sugiriendo la devolución de la documental remitida al organismo oficiante”.

Advertida la irregularidad, la documentación fue devuelta al municipio mediante el oficio N° 077/2018.

En su descargo, el auditor dijo que se trató de un simple error. Que se equivocó al estampar su sello de auditor del organismo en el pedido de información que realizó a la Contaduría General  municipal. En vez de poner su sello particular de contador, puso el que correspondía a su cargo en el Tribunal de Cuentas.

Además, dijo que en realidad la información solicitada era en ejercicio de su profesión como asesor externo de la Federación de Mutuales de Entre Ríos (Fedem). Y resaltó que al ser advertido de la irregularidad por parte del Jefe del Cuerpo de Auditores, desistió de lo requerido.

Tras analizar el descargo y la documental presentada, se concluyó que Meresman quebrantó la prohibición prevista por el artículo 62 inciso E de la Ley Nº 9755, del Marco Regulatorio del Empleado Público, que advierte que serán sancionados aquello que se valgan directa o indirectamente de “facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función …».

Así, en la resolución se concluyó que “surge manifiesto de la nota presentada por ante el Contador General del municipio local, que obra agregado por cuerda y que se identifica como fs. 2/ 1, ya que valiéndose de facultades inherentes a su función de auditor, como es la de solicitar informes en los organismos que se encuentran bajo la competencia del TCER, como es el Municipio de Paraná, requirió un detalle de lo liquidado a distintas Asociaciones Mutuales, durante el Ejercicio 2017, en concepto de retenciones efectuadas al personal dependiente del mismo, no estando autorizado para ello, en virtud de no encontrarse cumpliendo funciones en el mismo ni habérsele requerido, desde la Jefatura, colaboración alguna sobre dicha entidad”.

En esa línea, se agregó: “No hay duda alguna de que no se trató de un error al poner el sello, pues de haber sido así, siguiendo lo dicho en su descargo, hubiera invocado su  condición de profesional independiente en Ciencias Económicas o Asesor externo de la Federación de Mutuales de Entre Ríos, o inclusive como ciudadano”.

Asimismo, se resaltó que “no solo estampó el sello de auditor sino que además invocó tal carácter, lo cual hace que la defensa intentada no pueda ser considerada y por ende resulte inadmisible”.

Por último, se entendió que “el detalle de lo liquidado a las mutuales individualizadas en la nota referenciada, solo era de interés del peticionante, según manifiesta como Asesor Externo de la Feder, y no del Tribunal de Cuentas Provincial y menos aún del Cuerpo de Auditores al cual pertenece”.

Al momento de evaluar su sanción, se tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes disciplinarios, y se le aplicó un castigo levísimo: tres días de suspensión sin goce de haberes.

Causa judicial

El caso del auditor toma relevancia en medio de la causa judicial, pronto a ser elevada a juicio, en torno a la posible comisión de delitos por parte del intendente de Paraná, Sergio Varisco, en la tramitación de un adelanto financiero a la Mutual Modelo, que se comenzó a tramitar en el verano de 2016 pero que finalmente no se concretó.

Varisco está acusado por el Ministerio Público Fiscal de ser autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, en tanto que el asesor legal Walter Rolandelli y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, como partícipes primarios.

La Mutual Modelo tienen entre sus clientes a los empleados de la municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual.

El pasado 13 de septiembre se realizó la audiencia de elevación a juicio de la causa solicitada por la fiscal Patricia Yedro. La decisión está en manos de la juez de Garantías Ricardo Bonazzola, quien dará a conocer su resolución el 1º de octubre.

La fiscal Yedro acusa a Varisco, Rolandelli y Picazzo de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública. Y es que entiende que hubo decisión de “favorecer” económicamente a la Mutual Modelo cuando el 22 de enero de 2016 pidió al intendente un adelanto financiero de $1,5 millones para sobrellevar la difícil situación financiera por la que atravesaba.

El dinero nunca fue entregado a la Mutual, y el trámite fue rechazado en julio de 2017, luego de que el diputado provincial Gustavo Guzmán (PJ) presentara la denuncia penal en la Justicia.

Por su parte, los defensores de los acusados pidieron al juez el sobreseimiento y, por lo tanto,  que rechace la elevación a juicio ya que sostienen que ese tipo de auxilios financieros a las mutuales, que la Fiscalía cuestiona, son un mecanismo habitual y lícito. Señalaron que la operatoria comenzó durante la gestión del exintendente José Carlos Halle. Y que nunca fue observado, ni siquiera por el ahora juez de juicios Alejandro Cánepa, que fue asesor legal durante la intendencia de Halle, y que antes de asumir como magistrado fue miembro del Ministerio Público Fiscal.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.