“A Urribarri ya le va a tocar. Si no es así, vamos a armar un gran lío”.
Rubén Pagliotto, el abogado que junto a su par Guillermo Mulet, motoriza la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito del exgobernador Sergio Urribarri y su familia, dice que el procedimiento que cumplió este lunes la Justicia en propiedades del secretario de la Cámara de Senadores, Juan Pablo Aguilera, es sólo el comienzo.
Lo que deberá seguir ahora, dice, es caer con todo el peso al exGobernador.
En realidad, como reconoció el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, “son varias las causas que se están tramitando” y que surgen de investigaciones periodísticas en la provincia sobre casos de corrupción. “Son todos delitos contra la Administración Pública en la gestión anterior, del exgobernador Urribarri”, se ocupó de aclarar el jefe de los fiscales, durante una entrevista que concedió a LT14.
Ordenados por los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro, se produjeron un total de ocho allanamientos este lunes, a cargo de fuerzas federales. Los procedimientos se cumplieron en las empresas que se atribuyen a Aguilera, hermano de Ana Lía Aguilera, esposa del exgobernador Urribarri, y en los domicilios particulares de los socios de esas empresas, como Tep SRL.
Y parten de una investigación focalizada sobre Aguilera bajo el rótulo de “negociaciones incompatibles con la función pública”: o sea que mientras fue funcionario, también fue proveedor del Estado.
A través de la firma Cinco Tipos, después Tep SRl, o Formato Urbano, se sospecha que Aguilera se constituyó en proveedor casi exclusivo en rubro cartelería de la administración Urribarri. Lo hizo siendo a la vez funcionario. Y pariente.
Además de empresario, Aguilera es funcionario: primero en el Senado, después en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, y ahora de vuelta en el Senado.
El abogado Marcos Rodríguez Allende, que representa a los Urribarri y a los Aguilera, dijo que la esposa del cuñado de Urribarri, Luciana Almada, figura “con un 10% de las acciones” en Tep SRL.
Pero la sospecha es que tras la pantalla de socios que son amigos de Aguilera se esconden las verdaderas relaciones comerciales en esas empresas. “Estos son delitos documentales. Aquí no hay bolsas como las del señor López –dijo el procurador García–. Todos estos delitos documentales, negociaciones incompatibles, peculado, defraudación a la Adminsitración Pública, hay que probarlos. Y en eso estamos”.
Respecto del uso de fuerzas federales, García minimizó el asunto. “Se hizo para evitar discusiones”, aseguró, por cuanto la Policía de Entre Ríos depende directamente del ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, uno de los investigados en la causa por enriquecimiento ilícito. “No hay ninguna sospecha de parcialidad. Simplemente para dar una imagen de más transparencia”, agregó.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.