Durante una audiencia que tendrá lugar este viernes, a las 8,30, en Tribunales, el Ministerio Público Fiscal procurará extender la prisión preventiva en la que están actualmente los cinco involucrados en el escándalo de los contratos en la Legislatura provincial.

De los cinco detenidos, cuatro están en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en tanto que la quinta persona involucrada en el caso tiene prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria. La idea del Ministerio Público Fiscal sería extender la medida, sin plazo.

Son cinco las personas detenidas, acusadas de fraude y asociación ilícita. Los detenidos son: Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, y Roberto Ariel Fauré.

La causa, sin embargo, quedó caratulada Beckman Flavia Marcela, Scialocomo Esteban Ángel Alberto, Álvarez María Victoria s/Estafa». En el marco de esa investigación penal preparatoria, la audiencia de este viernes, a las 8,30, será presidida por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, y acudirán por la Fiscalía el agente fiscal Ignacio Aramberry, y por los imputados, los abogados Humberto Franchi, José Velázquez  e Iván Vernengo.

La investigación apunta a determinar cuál era el destino de cuantiosas sumas de dinero que provenía de contratos rubricados con personal que dependía de la Legislatura. La mayoría percibía como salario una parte ínfima, y el resto -junto a las tarjetas de débito para percibir los haberes- lo administraban terceros.

Según publica el sitio Análisis Digital,  este año sacaron alrededor de 13 millones de pesos por mes con esa modalidad de los contratos. Hay que recordar que la Legislatura tiene un presupuesto de 1.000 millones entre ambas cámaras. Los cálculos indican que entre 2008 y 2018 se presupuestaron algo así como 12.000 millones de pesos, tomándose valores actuales. En 2019, el presupuesto provincial prevé algo así como 630 millones anuales para cada cámara.

De acuerdo al presupuesto actual -al que se accede por la web oficial-, cada cámara tiene previsto contratos por unos 25 millones por mes. A partir de datos de gente cercana a los propios Contables legislativos, se establecería que los contratos necesarios y reales serían un poco más de 5 millones de pesos.

En la pesquisa judicial quedarían comprometidos, según Análisis Digital, los actuales presidentes de ámbas cámaras: Sergio Urribarri, en Diputados, y Adán Bahl, en el Senado. Pero también el antecesor de Urribarri, José Allende; y quienes lo precedieron a Bahl, Pedro Guastavino, José Lauritto y José Cáceres.   También se apunta a autoridades de ambas cámaras. Del Senado, entre otros, a los ex directores contables Juan Domingo Orabona y Gustavo Pérez; a los ex secretarios Mauro Urribarri y Sigrid Kunath; a Natalio Gerdau que actualmente ocupa ese cargo; y a los ex prosecretarios Juan Pablo Aguilera y José Kramer. De Diputados, al ex director contable Sergio Cardozo; al secretario Nicolás Pierini; al prosecretario Sergio Cornejo; y a la ex prosecretaria Claudia Krenz.

En el marco de la investigación judicial, el Senado aprobó este miércoles, por unanimidad de sus miembros, ponerse a disposición de la Justicia. La norma aprobada por la Cámara Alta dice: «Hacer saber al Ministerio Público Fiscal la disposición de esta Cámara a colaborar con la investigación que está llevando a cabo y la de brindar la información y documentación siempre que fuere pertinente y conducente al objeto de la investigación penal preparatoria en curso». Pero a la vez pidió a la Fiscalía «tenga a bien precisar el requerimiento contenido en los Oficios N° 1.308 y 1.310, indicando en forma expresa, detallada y separada la documentación que fuere pertinente y conducente al objeto de la de la investigación penal preparatoria, que lleva adelante en la causa MPF N° 87.933, “Beckman Flavia y Otros S/Asociación Ilícita y otro”, para que oportunamente pueda ser considerada por éste cuerpo».

Ocho días atrás, la Cámara de Diputados había resuelto no brindar información “por no ajustarse lo requerido al Artículo 280 del Código Procesal Penal de Entre Ríos». Y agregaron: «Observamos desproporcionada la solicitud presentada, el normal funcionamiento de un Poder del Estado como es el Poder Legislativo exige un obrar con prudencia, y por las razones expresadas, entendemos que no están dadas las garantías para cumplir con la requisitoria fiscal, por no ajustarse la misma al CPPER, la Constitución Provincial, Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, en el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho donde se han puesto en juego el funcionamiento de un poder del Estado y los derechos humanos del personal contratado”, indicaron los legisladores oficialistas para rechazar la requisitoria fiscal, a la que tildaron de “desproporcionada.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.