La de este jueves fue la última audiencia debate antes de los alegatos del próximo lunes en el juicio que se le sigue a seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al exministro de Salud, Ariel de la Rosa, acusados de los delitos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad.

El juicio, que se tramita en Paraná ante un tribunal conformado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala, sienta en el banquillo a los dirigentes Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira y Noemí Ester Santamaría, y al exministro De la Rosa.

Los gremialistas imputados por el supuesto delito de coacción agravada son Zunilda Suárez; a Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio, los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron. En tanto, a Domínguez y Suárez se le suma la imputación por el presunto delito de coacción en coautoría. En el caso de De la Rosa, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría.

Para Monzón y Barreira, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.

Según la acusación de los fiscales Laureano Dato y Jorge Gamal Taleb, hubo situaciones de “apriete” y actitudes “patoreriles” de parte de dirigentes de UPCN para conseguir que la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, reincorporase a una enfermera, Yanina Migueles, cuya suplencia extraordinaria fue dada de baja el 1° de junio de 2017 luego de que resistiera un cambio de sala dispuesto por la directora, y en función también de dos antecedentes de faltas a su deber al haber suministrado de forma errónea la medicación a dos pacientes, hechos ocurridos a lo largo de 2016.

La baja de la supencia extraordinaria de Migueles, delegada de UPCN, motivó el conflicto que se suscitó en Diamante entre los días 5 y 7 de junio de 2017 y que derivó en la intervención de la Policía, primero, y la apertura de una causa penal, después.

Evasivas

El primero en declarar este jueves fue el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Víctor Berta, quien brindó un testimonio que rodeó siempre un mismo tema: la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, dispuso el despido de la enfermera Yanina Migueles, sin estar facultada para ello, por lo cual su decisión fue “nula”.

Los fiscales Laureano Dato y Jorge Gamal Taleb, debieron batallar fuertemente para enfocar sus respuestas a las preguntas puntuales que les hacían.

Berta acompañó a Ariel de la Rosa en el año y medio que estuvo al frente de Salud, hasta que presentó la renuncia, el viernes 9 de junio de 2017, en medio del escándalo ocurrido en Diamante. Y tiene una causa penal en trámite que todavía tramita en la Justicia. Fue investigado cuando Alejandro Cánepa era fiscal, antes de convertirse en juicio de juicio, y uno de los tres magistrados que juzga la causa UPCN.

Dijo que su intervención en la decisión de De la Rosa de dar vuelta lo resuelto por Trossero y recontratar a Migueles fue “técnico”.  Pero se permitió algunas consideraciones. “Fueron unos días complicados”, aseguró, y dijo que la decisión de dar un corte al estado de conflicto que se había creado entre la directora del hospital y el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue para “cuidar la paz social”.

Berta señaló dos detalles que a su criterio convirtieron en nula la decisión de  Trossero: se estaba ante una delegada gremial a la que no se puede despedir sin antes quitar los fueros sindicales, y además la directora no estaba facultada para resolver el fin de una suplencia extraordinaria, cuestión que sólo podía ser resuelta por el ministro. En ese sentido, habló de los “vicios de la baja” de la enfermera Migueles. “Tenía tutela sindical”, destacó.

Berta aseguró que los hechos “se precipitaron” –en alusión a las tensiones que se vivieron en el hospital de Diamante entre los días 5 y 7 de junio de 2017- porque “la directora del hospital se apresura a notificar a la persona cuya baja había pedido en un expediente administrativo al ministro. Se apresura a notificarla que había sido dada de baja, el 1° de junio”, por cuanto esa decisión no estaba firme.  Contó después de la prisa con la que se intervino desde el Ministerio de Salud. “Tomamos medidas rápidamente. Frente a un hecho de la administración, como la notificación de un acto que nadie dispuso, la dirección del hospital lo que tenía que hacer, ante un acto nulo de nulidad absoluta, es abocarse inmediatamente a revisarlo. No necesitaba que el ministro le diga qué hacer. En ninguna oportunidad desde la dirección del hospital se comunicaron con la dirección de Asuntos Jurídicos como para por lo menos requerir opinión jurídica. No hubo ningún contacto para hablar del tema”.

Ante la pregunta del fiscal Taleb, Berta no supo explicar cuándo firmó el dictamen que sirvió de base para la resolución ministerial que dispuso la recontratación de Migueles. No consiguió más precisiones el representante del Ministerio Público Fiscal por cuanto el exdirector de Asuntos Jurídicos volvía al primer punto: contar de la irregularidad de lo resuelto por Trossero.

Entonces, le hicieron notar que en el caso de Diamante el Ministerio de Salud dictaminó que la directora no tenía facultad para dar de baja una suplencia extraordinaria, pero que ello había ocurrido en el Hospital San José, de Federación, y no había existido ningún reproche.

“No conozco, pero es incorrecta esa decisión. No es de competencia del director del hospital disponer la baja de una suplencia”, dijo, pero no quiso seguir hablando por cuanto no conocía el caso.

Taleb quiso saber si Berta había investigado las dos denuncias por mala administración de medicación a sendos pacientes por parte de la enfermera Migueles. “Ese episodio no tiene ninguna relación con la baja de la agente Migueles”, respondió, y volvió a caer en las evasivas.

-Vuelvo a la pregunta –insistió Taleb.

-No recuerdo cuándo elevó las actuaciones la licenciada Trossero- respondió Berta-. Pudo haber habido denuncia de irregularidades. Pero son denuncias que tienen que ser verificadas. No quiere decir que porque las denuncien se hagan, existan.

Cuando ya el tribunal le comunicó que estaba resuelto su testimonio y que podía retirarse, Berta habló de un episodio personal que nada tenía que ver con el tema que lo había convocado. Recordó que el 9 de junio de 2017, cuando renuncia De la Rosa a su cargo de ministro luego de haber sido imputado por coacciones agravadas y amenazas por parte de la Justicia, falleció su padre. “No me pude despedir de él. No fueron días fáciles”, dijo. Y se quebró.

 

El error, según Allende

El diputado provincial y líder de la UPCN José Ángel Allende declaró como testigo en el juicio a seis dirigentes de su sindicato y al exministro De la Rosa. Lo primero que aclaró es que para él “fue un error” haber designado a Noelia Trossero al frente de la Colonia de Salud Mental de Diamante, pero que como se trata de nombramientos políticos, en este caso con la intervención del diputado Juan Darrichón, lo aceptó.

Dijo que no bien asumió su cargo, Trossero designó a su empleada doméstica y al esposo de ésta en el hospital. Pero cuando el fiscal Gamal Taleb le pidió precisiones, no pudo darlas.

-¿Sabe el nombre de la doméstica?

-No. Fue comentado por los delegados. Yo no fui nunca a la Colonia. No tengo el nombre.

-¿Usted lo afirma con certeza?

-Yo digo, cuando se me pregunta, cuáles eran los motivos de conflicto, que teníamos información de que habían entrado dos personas que fueron nombrados de tal manera. Eso es lo que me llega.

-¿Lo sabe con certeza?

-Sé que los trabajadores del lugar manifestaron exactamente lo que digo. La veracidad o no habrá que verlo en los hechos. Lo que sí es cierto es que había dos personas que no tenían el psicofísico. Tampoco era nada del otro mundo. Los que estamos en esta actividad estamos acostumbrados a que esto suceda.

Después, Taleb le preguntó qué opinión tenía de la toma de un hospital por parte de un sindicato.

-¿Qué se entiende por toma? Es impedir el egreso e ingreso. Me parece una aberración. Los hospitales no se toman. UPCN tiene por metodología que no solo no tomamos hospitales sino que el gremio no va a parar hospitales. Hemos decidido en la comisión directiva del sindicato no parar los hospitales para no perjudicar a la gente. Hasta eso hemos llegado.

Luego, abundó: “La toma es cuando uno toma algo y prácticamente se lo apropia e impide el accionar. Nosotros no tomamos hospitales ni hemos tomado hospitales. Otro sindicato ha tomado una sala de hospital. Al extremo que hoy como estamos en conflicto, en algunas áreas levantamos firmas en contra de una actitud. Lo que no vamos a hacer en el Hospital de Niños, donde se nos deben 11 mil francos, es parar. No paramos porque así se perjudica a los chicos. Pero sí pedimos que se refuerce el servicio para que se devuelvan los francos a los trabajadores”.

 

 

Testimonios

Durante la última etapa de las testimoniales, previa a la de los alegatos, que será el lunes, a las 17,30, declaró Claudio Ríos, empleado de la Colonia de Salud Mental de Diamante. Los fiscales hicieron escuchar unos audios de whatsapp que le había enviado José Zarza contándole de la organización de la visita de un grupo de dirigentes de UPCN a Diamante.

José Zarza reprochó los dichos del fiscal Dato. “Se nos ha tratado como patota. Yo no pertenezco a ninguna patota. Eso me ha dolido. No pertenecemos a ninguna patota. No nos consideramos patotero”.

También declararon los imputados Zunilda Suárez, Guillermo Barreira y Noemí Santamaría, que aportó como prueba la grabación de  una supuesta entrevista radial hecha a Trossero. No pudo aportar demasiados detalles de cómo le había llegado. Que se la pasó su madre, y que a esta, a su vez, se la había enviado una tía.

El fiscal Taleb quiso saber el nombre. Santamaría dijo no recordar, que es “una tía lejana”, y por toda referencia dijo que se llama “tía Chocha”.

En ese marco, el fiscal pidió enviar un oficio a Radio Río, de Diamante, para que informe si efectivamente esa entrevista existió, y en ese caso, para que envíen la grabación completa.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.