Seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre ellos el adjunto Fabián Monzón, a la vez integrante del directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), más la secretaria gremial, Carina Domínguez, enfrentarán este lunes un seguro pedido de condena en su contra de parte de los fiscales Jorge Gamal Taleb y Laureano Dato en la jornada de los alegatos finales del juicio al que fueron sometidos, acusados de los delitos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad.

En el banquillo de los acusados está también el exministro de Salud, Ariel Lisandro de la Rosa, para quien los fiscales, en la remisión de la causa a juicio oral, habían adelantado que pedirían una condena altísima: 7 años y medio de prisión más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además del exfuncionario del gabinete del gobernador Gustavo Bordet, y de Monzón y Domínguez, hay otros cuatro gremialistas sometidos a proceso: Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira y Noemí Ester Santamaría.

Domínguez, Zarza, Santamaría, Suárez, De la Rosa, Monzón y Barreira.

 

La imputación por el supuesto delito de coacción agravada alcanza  a Zunilda Suárez; a Fabián Monzón, a José Zarza, a Guillermo Barreira, a Carina Domínguez, y a Noemí Ester Santamaría. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas. En tanto, a Domínguez y Suárez se les suma la imputación por el presunto delito de coacción en coautoría. En el caso de De la Rosa, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría.

Para Monzón y Barreira, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.

La causa penal se abrió el 7 de junio de 2017 tras una violenta incursión de la cúpula de la UPCN en la Colonia de Salud Mental de Diamante, cuya directora, Noelia Trossero, había dispuesto la baja de una suplencia extraordinaria que cumplía, desde 2013, la enfermera Yanina Migueles, delegada gremial. La medida la adoptó por cuanto Migueles se había resistido a cumplir un cambio de sala -de la 2 a la 3- y por sus antecedentes: se le reprochó haber administrado erróneamente la medicación a dos pacientes.

Los aprietes, según denunció Trossero, habían empezado el lunes 5, y siguieron el martes 6, con una llamada del exministro De la Rosa a la directora exigiéndole que volviera atrás con el despido de Migueles. En esa comunicación, el exfuncionario la apuró recordándole que sabía «cositas» de ella y que podría hacerlas jugar en su contra. Cuando el fiscal Taleb le consultó en el juicio a qué «cositas» hacía referencia y por qué no había ordenado una investigación ante eventuales irregularidades, De la Rosa no contestó: su abogado, Leopoldo Lambruschini, pidió al tribunal -que integran Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vïrgala- que se lo relevara del interrogatorio. Así ocurrió.

Tampoco el exasesor legal del Ministerio de Salud, Víctor Berta, pudo explicar por qué, en casi un año de trámite, no pudo resolver las denuncias que pesaban sobre Migueles sobre mal desempeño con los pacientes de la Colonia de Salud Mental de Diamante.

El líder de la UPCN, José Ángel Allende, buscó enrostrar irregularidades a la directora de la Colonia de Salud Mental, y cuando declaró en el juicio sostuvo que Trossero había hecho ingresar al hospital a su empleada doméstica y al marido de ésta, sin cumplir con los mínimos requisitos. La Fiscalía le preguntó si tenía certezas de eso que contaba. No las tenía.

En el alegato de apertura del juicio, el lunes 22, el fiscal Laureano Dato calificó como “hechos ilícitos graves” los ocurridos a comienzos de junio de 2017 en la Colonia de Salud Mental de Diamante.  Esos hechos, agregó, tuvieron el propósito de “quebrantar la voluntad” de la directora Noelia Trossero, quien había resuelto la desafectación de una suplencia extraordinaria de la enfermera Yanina Migueles.

“Entendemos que estos hechos son intolerables”, aseveró, y habló sin ambages de que el sindicato que dirige el diputado nacional José Ángel Allende actuó como “patota” y con fines “de apriete”.

Concluida la etapa de debates, y antes de los alegatos, que tendrán lugar este lunes 29, a las 17,30, desde la Fiscalía hará el pedido de condena, y según pudo saber Entre Ríos Ahora, «frente a un hecho grave y buscaremos que la pena refleje eso. Van a ser penas altas las que vamos a pedir». Sucede que los dirigentes de la UPCN y el exministro De la Rosa primero fueron acusados por el delito de coacciones simples, que tiene una pena de 2 a 4 años, pero luego la calificación legal varió a coacciones agravadas, que tiene una pena de 5 a 10 años. La coacción significa lo que en forma corriente se denomina «apriete».

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.