José Ostolaza, abogado defensor del cura Marcelino Ricardo Moya, con una denuncia por abuso y otra por corrupción de menores en la Justicia, decidió no apelar el fallo de la Cámara de Casación Penal, que se conoció el 11 de octubre último, y que rechazó la vía de la prescripción y de ese modo trabó la pretensión del sacerdote de poner un punto final a la investigación penal en su contra.

«Vamos a ir al juicio», anuncia Ostolaza a Entre Ríos Ahora, aunque aclara enseguida que tiene las expectativas puestas en que, más temprano que tarde, se dicte la prescripción. Y cita el caso que tiene a estudio la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2015: la que involucra al cura Justo José Ilarraz, condenado en mayo último a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores.

La causa Ilarraz llegó a la Corte después de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazara la vía de la prescripción. El expediente desembarcó el 21 de octubre de 2015 a la Corte. Recién el 7 de julio de 2018 el alto tribunal federal se pronunció, pero a medias: desestimó el planteo de prescripción de la defensa por cuanto de momento no hay sentencia firme. El fallo del 21 de mayo, que condenó al cura a la cárcel y le impuso desde entonces prisión preventiva domiciliaria, está apelado en la Cámara de Casación Penal.

Ostolaza dice que cuando la Corte se pronuncie sobre la cuestión de fondo aceptará la prescripción.

Y por eso optaron por no apelar ante la Sala Penal del STJ, e ir a juicio ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Confía en que el caso no prosperará por cuanto antes se dictará la prescripción en la Corte.

Voto dividido

Casación rechazó la prescripción en voto dividido. El rechazo en Casación fue con los votos de las camaristas Marcela Badano y Marcela Davite, y la disidencia de Hugo Perotti.

La causa había llegado a Casación el 14 de agosto de 2017.  Fue después de que el 31 de julio del año pasado el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazara el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores de Moya. El camarista  Mariano Martínez confirmó la resolución  del juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, que el 29 de junio de 2017 rechazó la vía de la prescripción y elevó la causa a juicio.

Los abogados que entonces ejercían la defensa de Moya, Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier, pidieron la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote: dos abusos, ocurridos en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.

En todo el proceso, Moya cambió tres veces de abogado defensor.  Primero lo asistió Gustavo Amílcar Vales, de Villaguay, que renunció a mediados de junio de 2017. Entonces, la defensa del sacerdote la asumieron Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier, de Colón. En marzo pasado, asumió esa tarea el uruguayense José Ostolaza.

La causa lleva más de tres años tramitándose en la Justicia.

El lunes 29 de junio de 2015, dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ambos oriundos de Villaguay, se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y contaron sus historias de abuso. Después, el caso recaló en los Tribunales de Villaguay. Allí, la fiscal Nadia Benedetti dio por concluida la investigación penal preparatoria en mayo de 2017 e hizo el pedido de elevación a juicio, que resolvió el juez de Garantías a finales de junio del año pasado.

Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos que ahora se le imputan.

También ejerció en ese tiempo como capellán de la unidad del Ejército que tiene asiento en Villaguay.

Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunta la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.

La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.

Casación rechazó la vía de la prescripción y por eso mismo el caso vuelve al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay para que se fije fecha del juicio. Aunque en medio puede ocurrir una nueva apelación de la defensa.

La defensa de Moya decidió no ir en apelación ante la Sala Penal del STJ.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.