En medio del conflicto docente -hay una conciliación obligatoria que se extiende hasta el 4 de diciembre para alcanzar un acuerdo salarial-, el Consejo General de Educación (CGE) volvió a hablar del control «biométrico» de asistencia de maestros y profesores en las escuelas.
En realidad, la resolución N° 4.333 está vigente desde el 22 de septiembre -gestión del renunciado José Luis Panozzo- a través de la cual se dispuso la «implementación del sistema de registro y asistenia mediante el uso de relojes biométricos en establecimientos educativos de la provincia y demás dependencias del Consejo de Educación».
La implementación de ese tipo de controles, según el CGE, «brindará la posibilidad de reemplazar el soporte papel por procedimientos electrónicos de sericio on line, los que permitirán registrar, comunicar y transferir información con mayor eficiencia, exactitud y transparencia, puesto que la asistencia diaria registrada por el personal será procesada de modo automático y de manera inmediata en el Sistema de Administración de Gestión Educativa (Sage).
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El ausentismo docente es un problema de la gestión de todos los gobiernos. Según la Ley de Presupuesto, el índice de suplencias no puede superar el 8%, pero en forma corriente ese índice se excede largamente.
Enterados de la decisión del CGE de difundir a través de las direcciones departamentales de Educación respecto de la vigencia de aquella resolución, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) salió a repudiar la medida. El gremio ratificó «nuestro categórico rechazo a la implementación del sistema de control facial para el registro de la asistencia en las escuelas entrerrianas, dado que se trata de un dispositivo de control que persigue como único fin el disciplinamiento de las y los trabajadores docentes, no contribuyendo en forma alguna a resolver los verdaderos problemas del sistema educativo».
«Entendemos -plantea Agmer- que si la intención de la patronal es mejorar la asistencia de nuestros compañeros y compañeras en sus horarios de trabajo, la manera de lograrlo es propiciando mejores condiciones salariales, laborales y pedagógicas, no asumiendo posturas tecnocráticas en el sistema educativo como lo hace a través de estas decisiones. Es falso que con este sistema biométrico se subsanen los problemas en las liquidaciones o el ausentismo, remarcando que el método actual funciona correctamete. Por tal motivo, exigimos al CGE que dé marcha atrás con esta medida arbitraria e innecesaria, puesto que no comporta ningún beneficio para las escuelas públicas de la provincia».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.