A las 10 de este nartes está convocada una audiencia en los Tribunales de Nogoyá en el marco del pedido de nulidad que planteó el abogado Milton Ramón Urrutia respecto de una investigación penal que lleva adelante el fiscal Federico Uriburu a partir de una denuncia planteada por un funcionario judicial, el fiscal Rodrigo Molina, respecto a la eventual comisión de un delito en la tramitación de una causa que llegó a juicio y ya cuenta con condena.

El 5 de noviembre la Justicia de Gualeguay condenó a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo a Mónica Patricia García, y a 2 años y 8 meses a Fernando López Durán, representantes de la firma Bee Witch, acusados de estafas reiteradas, en perjuicio  de un grupo de productores apícolas de la zona de Nogoyá.

El tribunal, conformado por los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Dardo Tórtul, consideró que “ha quedado debidamente probado en lo sustancial que los mismos (García y López Durán) resultaron constitutivos de reiteradas maniobras defraudatorias consumadas por ambos imputados en perjuicio de 24 productores de miel de nuestra provincia, a quienes, con conocimiento previo y cierto de que no les cumplirían las condiciones acordadas, ocultando la real situación económica y financiera de la firma que representaban, aparentando una solvencia que ya no tenían, y librando cheques de pago diferido en cantidad significativa, por millonarios montos, que también sabían al tiempo de su emisión y entrega que a sus vencimientos no cumplirían, induciéndolos a error, logran a través de tales ardides y engaños, les entreguen importantes cantidades de la miel que producían, defraudando de este modo la confianza y el crédito que les otorgaran fruto de aquellas maniobras, todo lo cual aconteció en las fechas y en las circunstancias atribuídas”.

Fallo de La Miel by Entre Ríos Ahora on Scribd

La estafa supuso que los productores entregaran 200 mil kilogramos de miel a la firma, por un monto total de $4 millones,  “que las víctimas no percibieron en los tiempos y modalidades pactadas, lo que puede darnos hoy, luego de dos años y lo que aquellas sumas podrían representar en la actualidad, una idea cierta de la magnitud de dichas maniobras, que lejos de resultar como pretende la defensa meros incumplimientos contractuales ajenos al derecho represivo, constituyeron conductas de neto corte defraudatorio, que atrapadas por el catálogo represivo merecen consecuente reproche”.

Antes de llegar a juicio, según cuentan fuentes judiciales, Urrutia pretendió alcanzar un acuerdo  entre los productores estafados y la empresa que los estafó. En medio, hubo una serie de maniobras cuya licitud ahora investigan en Tribunales de Nogoyá. Y para eso debía estar presente este miércoles.

Esa situación abrió una causa colateral por el supuesto delito de estafa, que lleva adelante el fiscal Uriburu.

El miércoles 14, Uriburu había citado a Urrutia a declaración de imputado, pero el abogado se rehusó a presentarse a ese compromiso judicial. En vez de eso, inició una demanda en la que pidió la nulidad de esa investigación abierta en su contra.

El trámite, ahora, quedó en manos del juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, que citó a las partes para este martes, a las 10.

Reproches

El fallo que condenó a los dos acopiadores por haber estafado a los productores de miel echa un manto de dudas respecto de la actuación de los abogados defensores de los damnificados, tarea que llevaron adelante Milton Urrutia, Juan Pablo Temón y María Alejandra Pérez.

Un punto que destaca la sentencia es que los abogados pusieron en su denuncia que la carga de toda la miel por parte de los acopiadores denunciados ocurría en la localidad de Lucas González, cuando no fue así: también se cargaba en Gobernador Sola, Maciá y en Chajarí. «Surge del texto de las denuncias, confeccionadas por los profesionales que entonces asesoraban a los damnificados, por las razones que estos últimos una y otra vez explicitaron al declarar en el plenario, daban cuenta como si todos ellos estuviesen domiciliados en la localidad de Lucas González, y como que allí también se hubiesen realizado las cargas y todas las operaciones comerciales.   Así reza cada una de las denuncias que llevan las firmas de los productores y también de los tres letrados precitados, a saber los doctores Urrutia, Temón y Pérez, habiendo sido muy claros los productores víctimas que no habían reparado mucho en ello».

«En realidad el apunte de la Defensa Técnica estuvo orientado a cuestionar la estrategia procesal de los abogados de la parte querellante, a quienes además han adjudicado equívocas maniobras en lo que respecta al derrotero de las negociaciones que sostienen existieron después del colapso, considerándolos un obstáculo, suponiendo que esta deliberada maniobra de falsear datos de domicilio y lugar de carga respecto a algunos de los productores, lo fue mas que por comodidad, para efectuar una mayor presión al tiempo de reclamar y exigir otras condiciones a sus pupilos», dice el fallo.

Para el tribunal no fue un dato menor ese equívoco de los abogados, y la sentencia da cuenta de que «no puede soslayarse que queda en tela de juicio la actuación de los profesionales en dichas circunstancias, quienes no pueden ignorar esas implicancias, constitutivas de eventuales falsedades, y de las ulterioridades que en definitiva pudieran tener como posibles o eventuales conductas ilícitas, en tanto surgió aquellas afirmaciones en algunas de las denuncias emergieron de modo elocuente contradichas en las audiencias celebradas en donde los productores precitados no solo aclararon sus reales domicilios y lugares de carga, sino también explicaron por qué suponían estaba ello así consignado, que no saben confeccionar una denuncia, que la misma estaba hecha por sus letrados y que la firmaron por indicación de estos, todo lo cual, estando presente en el debate justamente el Fiscal de la Jurisdicción en donde fueron formalizadas permitirá eventualmente al M.P.F. evaluar si advierte algún mérito para aclarar por cuerda separad esas circunstancias».

Efectivamente así ocurrió: el fiscal Rodrigo Molina planteó una denuncia contra los abogados actuantes, que ahora tramita su colega Federico Uriburu. Aunque esa investigación ha sido rechazada por el principal denunciado, el abogado Urrutia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.