La situación judicial del abogado Milton Ramón Urrutia se trató este martes en los Tribunales de Nogoyá pero no fue resuelta por el jueza de Garantías Gustavo Acosta, que aplazó una definición para el próximo lunes 26.

Urrutia pidió que se decrete la nulidad de la investigación abierta en su contra por el Ministerio Público Fiscal, en la que se sospecha la existencia del delito de estafa procesal en perjuicio de un grupo de productores apícolas de distintos puntos de la provincia que habían contratado sus servicios como abogado.

El abogado no sólo habla de nulidad sino que además planteó la incompetencia de los fiscales de la Unidad Fiscal de Nogoyá para investigar.

La causa es un desprendimiento de un juicio que se desarrolló en Gualeguay y que terminó con la condena para dos acopiadores de miel que estafaron a un grupo de productores.

Como informó Entre Ríos Ahora, el 5 de noviembre la Justicia de Gualeguay condenó a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo a Mónica Patricia García, y a 2 años y 8 meses a Fernando López Durán, representantes de la firma Bee Witch, acusados de estafas reiteradas, en perjuicio  de un grupo de productores apícolas de la zona de Nogoyá.

El tribunal, conformado por los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Dardo Tórtul, consideró que “ha quedado debidamente probado en lo sustancial que los mismos (García y López Durán) resultaron constitutivos de reiteradas maniobras defraudatorias consumadas por ambos imputados en perjuicio de 24 productores de miel de nuestra provincia, a quienes, con conocimiento previo y cierto de que no les cumplirían las condiciones acordadas, ocultando la real situación económica y financiera de la firma que representaban, aparentando una solvencia que ya no tenían, y librando cheques de pago diferido en cantidad significativa, por millonarios montos, que también sabían al tiempo de su emisión y entrega que a sus vencimientos no cumplirían, induciéndolos a error, logran a través de tales ardides y engaños, les entreguen importantes cantidades de la miel que producían, defraudando de este modo la confianza y el crédito que les otorgaran fruto de aquellas maniobras, todo lo cual aconteció en las fechas y en las circunstancias atribuídas”.

La estafa supuso que los productores entregaran 200 mil kilogramos de miel a la firma, por un monto total de $4 millones,  “que las víctimas no percibieron en los tiempos y modalidades pactadas, lo que puede darnos hoy, luego de dos años y lo que aquellas sumas podrían representar en la actualidad, una idea cierta de la magnitud de dichas maniobras, que lejos de resultar como pretende la defensa meros incumplimientos contractuales ajenos al derecho represivo, constituyeron conductas de neto corte defraudatorio, que atrapadas por el catálogo represivo merecen consecuente reproche”.

La defensa de los productores fue ejercida por Urrutia y María Alejandra Pérez, quienes si embargo no llegaron a tomar parte del juicio por cuanto renunciaron antes.

Su actuación fue reprochada por el tribunal que en su fallo planteó que “no puede soslayarse que queda en tela de juicio la actuación de los profesionales en dichas circunstancias, quienes no pueden ignorar esas implicancias, constitutivas de eventuales falsedades, y de las ulterioridades que en definitiva pudieran tener como posibles o eventuales conductas ilícitas, en tanto surgió aquellas afirmaciones en algunas de las denuncias emergieron de modo elocuente contradichas en las audiencias celebradas en donde los productores precitados no solo aclararon sus reales domicilios y lugares de carga, sino también explicaron por qué suponían estaba ello así consignado, que no saben confeccionar una denuncia, que la misma estaba hecha por sus letrados y que la firmaron por indicación de estos, todo lo cual, estando presente en el debate justamente el Fiscal de la Jurisdicción en donde fueron formalizadas permitirá eventualmente al M.P.F. (Ministerio Público Fiscal) evaluar si advierte algún mérito para aclarar por cuerda separad esas circunstancias”.

La denuncia la impulsó el fiscal Rodrigo Molina, y el caso quedó en manos de su colega, Federico Uriburu. Aunque la declaración de imputado de Urrutia no pudo darse por cuanto el letrado planteó la nulidad. No obstante, mientras ese incidente no  se resuelva, la pesquisa de los fiscales avanza, y han citado a Urrutia para el próximo martes 27 a declaración de imputado en Nogoyá. Ya había sido citado para cumplir con ese trámite una semana atrás, y se negó.

Urrutia ha tenido actuación en dos casos resonantes de corrupción de menores: en la causa que terminó en condena del cura Juan Diego Escobar Gaviria se desempeñó como su abogado defensor; en el juicio a Justo José Ilarraz, como abogado querellante. Ambos miembros del clero fueron condenados a 25 años de prisión.

 

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.