Con un tono de voz monocorde, la fiscal Patricia Yedro desarrolló la tesis de la Fiscalía en torno a la escandalosa causa de los contratos truchos de la Legislatura: señaló a imputados, ventiló el modus operandi de la «organización», así la llamó, citó nombres, habló de allanamientos, de gran cantidad de tarjetas de débitos halladas en poder de los alfiles de la operatoria, el matrimonio conformado por Flavia Beckman y Hugo Mena, de las cuantiosas sumas de dinero que manejaban de modo discrecional, de las inversiones que hicieron unos y otros, y de los testaferros que habrían utilizado los mandos medios de la organización, Gustavo Pérez, Alfredo Bilbao, Roberto Faure.
Todo eso fue durante la extensísima audiencia que se desarrolló este jueves en Tribunales, entre las 10,20 y cerca de las 15, ante el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, a cuyo término se conoció la decisión del magistrado de imponer a dos de los últimos detenidos en la causa de los contratos truchos, Gustavo Pérez y Roberto Faure, la prisión preventiva por un plazo de 90 días.
En ese ámbito, una sala de audiencias de Tribunales, la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche mostró los ocho «cuadernos» secuestrados, planillas de Excel, copias de mails, capturas de mensajes de texto entre los imputados, todo lo cual abonaría la tesis de que se está frente a una «organización delictiva».
Así, dieron con «nombres, sobrenombres, montos, fechas» de contratados, contratos y beneficiarios eventuales de los cobranzas que se realizaban a través de una red de cobradores que, por esa tarea, percibía una suma de $200 por cada cheque de $50 mil que lograba efectivizar en una ventanilla bancaria.
«Así, descubrimos la vinculación del matrimonio Beckman-Mena y su grupo familiar con Bilbao, el primer detenido en esta causa. Bilbao es la persona a quien este matrimonio le rendía todo aquello que recaudaban de los cobros de estos contratos», dijo la fiscal Patricia Yedro.
De las anotaciones en los cuadernos y en las planillas computarizadas, surgen nombres, abreviaturas ad hoc: así, la Cámara de Diputados figuraría con la sigla «Cadi» y el Senado, como «Case». En ese andamiaje, Gustavo Pérez resultaba clave: era quien manejaba las finanzas del Senado, aunque no menos importante resultó para la Fiscalía Roberto Faure.
«Faure también trabajaba bajo las órdenes de Pérez. Empezamos a peritar computadoras y teléfonos y vimos que el rol de Faure era activo: era el profesional que se encargaba de pagar el monotributo de los contratados, de conseguir las claves fiscales, y lo hacía en vinculación con el estudio contable Integral Asociados. Faure hacía de intermediario entre alguien del Gobierno y Bilbao para poder contar con la documentación oficial, y las claves fiscales y pago de monotributo», señaló Yedro.
Y agregó: «Contamos con numerosa cantidad de mails que se intercambiaban Beckman y Faure».
En la audiencia volvieron a mostrarse por pantalla imagenes escaneadas de lo ocho cuadernos secuestrados con anotaciones de los contratados, y también un mail que se intercambió Faure y José Javier Schneider, un subordinado de Gustavo Pérez en el Senado. «Schneider envía a Fuare un listado de personas a las que había que darles de alta en el banco Bersa», ilustró la fiscal.
La «organización», señaló, recaudaba el dinero de los contratos -a los contratados se les pagaba una ínfima parte, y se les retenían las tarjetas de débito, que manejaban el matrimonio Beckman-Mena y su pyme familiar-, lo recaudado era administrado por Bilbao-Faure, que reportaban a una serie de funcionarios del Senado: «Ale» -podría ser Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado de Sergio Urribarri, empleado de la Cámara Alta-; Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez. Aunque la cadena no se cortaría allí.
«Nos costó bastante desentrañar las anotaciones de los cuadernos .Pero después de mucho análisis y releer los cuadernos, concluimos que toda la masa de dinero que se rendía a Bilbao, luego se la entregaban a alguien más», dijo, aunque no identificó a ese alguien.
En el entramado aparecen otros nombres, como el de Verónica Caíno, una licenciada en Administración de Empresas, dueña de un vivero, que aparece en los listados de contratados de ambas Cámaras, Diputados y Senadores. Se trata de la esposa de Gustavo Pérez.
Caíno hizo una inversión en la compra de ganado, que después revendió al contador Bilbao. «No era dinero de Caíno el que se utilizó para esa compra, sino dinero de (Gustavo) Pérez, que invertía con su familia, junto a Bilbao, dinero proveniente de la sustracción de fondos públicos», aseveró la fiscal.
«Pérez -anotó- cumplía funciones de organizador de la organización, y era en quien terminaba, hasta donde avanzamos, la mayor parte del dinero sustraído. Hay elementos que permiten comprobar no solo la materialidad del hecho sino también la intervención de Pérez y de Faure».
¿Cómo se descubrió la relación entre Pérez y Faure?
El exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado otorgó la fianza para que Faure y Bilbao pudieran alquilar el departamento en el que pusieron su estudio contable, que luego mudaron, en Avenida Alameda de la Federación.
La fiscal Anticorrupcón Cecilia Goyeneche fundamentó el pedido de prisión preventiva ante el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y por el potencial riesgo de fuga. Para eso, mencionó la tramitación de una visa para ingresar a Estados Unidos por parte de Gustavo Pérez. Sobre ese punto, su defensor, Miguel Cullen, explicó que en realidad se trataba de un trámite iniciado en agosto: un viaje a Disney por los 15 años de la hija.
Goyeneche habló de una «investigación gigante», de información a la cual la Fiscalía no ha podido acceder de forma completa, pero que está en poder de Pérez y de Faure «desde el momento uno».
Dijo que después de que fuera corrido Gustavo Pérez de su rol de director del Servicio Administrativo Contable del Senado siguió yendo a Casa de Gobierno, y que esa pista surgió de escuchas telefónicas. El abogado defensor Cullen lo explicó en el hecho de que Pérez, cuando dejó su cargo político, volvió a su cargo de planta en la Legislatura.
«Faure y Pérez saben para quienes recaudaban, aunque a esas personas no hemos podido llegara a descubrir quiénes eran. No todo el dinero quedaba en su poder», analizó Goyeneche.
Dijo que Pérez tiene hoy «un enorme poder económico, con un importante crecimiento patrimonial», y habló de la existencia de testaferros. Durante el allanamiento a la casa de Gustavo Pérez se secuestró la escritura de una casa en Villa Libertador que, en realidad, está a nombre de María Victoria Alvarez, hija de Flavia Beckman, y su pareja, Esteban Scialocomo.
También habló de la existencia de poderes. «Los poderes son un indicio de la existencia de testaferros», añadió.
El «enorme poder» de Pérez en el Senado fue considerado como elemento de peso para pedir la prisión preventiva y así evitar el entorpecimiento de la investigación judicial.
La organización
La Fiscalía sostiene que 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman. Hugo Ruben MENA (con prisión preventiva por 4 meses), Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo (con preventiva por 4 meses), María Victoria Alvarez Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización.- Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a pesos $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000 por vínculo».
Por otra parte, «en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11/12/2011, con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena».
Los cheques de los contratos «eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como ser: Esteban Angel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartin, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caino, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Luna (f), entre otros. A las personas del circulo de confianza que operaban como ´cobradores´ de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de esta ciudad o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87, sitios donde Beckamn, Mena, Balladares y Scialocomo, entre otros, les repartían los valores para su cobro, el que se ejecutaba en diversas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos, preponderantemente, en las Sucursales Nº 184 “Institucional” (calle Urquiza y San Martín de esta capital); Nº 1 “Casa Central” (calle Montecaseros y 25 de Mayo de Paraná); y Nº 65 (Malvinas Nº 156 de esta ciudad). -Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas a Hugo Rubén Mena, Fabiana Marcela Beckman, Jorge Pablo Balladares, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, y/o otro/s integrante/s de la asociación, quienes aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los “cobradores” alrededor de pesos doscientos ($200) a cambio de la percepción de cada cheque.-Asimismo, y desde el año 2017, se bancarizó el pago de algunos de los referidos contratos, principalmente de aquellos dados por la Cámara de Senadores, a través de la apertura de “cuentas sueldo” a los contratados y el otorgamiento de la correspondiente Tarjeta de Débito. Estas tarjetas, pese a ser un instrumento personal, eran retenidas por Flavia Marcela Becckman, Hugo Rubén Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país.-Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Gustavo Hernán Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Ariel Faure, Alejandro Almada, y a Alfredo Bilbao. A su vez, este último recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas.-La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Fare, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos “contratistas”, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de “Entre Ríos Servicios”, emplazada en el propio Estudio “Integral Asesoría” de los tres primeros contadores mencionados. Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Honorable Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido Krapp, el corredor inmobiliaro Renato Jesús Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también integrantes de Integral Asesoría; y con la Cámara de Senadores de la Nación en favor de Gustavo Falco y nuevamente de Renato Jesús Mansukka, a través de contratos suscriptos por el Senador Nacional Pedro Guillermo Ángel Guastavino. Alfredo Bilbao también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique De Breuil (empleado de planta permanente del Honorable Senado de la povincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el Senador Pedro Guastavino), de una parte del dinero resultante. Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes invesiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas» .
Reproches
Los dos defensores que hablaron en la audiencia de hoy frente al juez Ruhl, Miguel Cullen, en representación de Gustavo Pérez, y Leopoldo Cappa, por Roberto Ariel Faure, descartaron las hipótesis de la Fiscalía por falta de pruebas suficientes. «La orfandad de pruebas concretas es abrumadora», observó Cullen. Y dijo que si la investigación se apoya en los contratos, esas contrataciones hechas por legisladores no son ilegales. «No son contratos prohibidos. Los legisladores pueden realizar los contratos. Hay presupuesto para ello. No ha sido cuestionado por inconstitucional por la Fiscalía ese hecho», dijo, aunque, al final, el juez Ruhl le respondió: le dijo que la existencia de contratados que percibían una ínfima parte del contrato, por tareas que no cumplían en la Legislatura, no puede ser aceptado como lícito.
«La hipótesis de la Fiscalía no tiene asidero en la realidad», argumentó Cullen. «Acá, Gustavo Pérez resulta ser para la Fiscalía una especie de Pablo Escobar Gaviria», ironizó.
Al rechazar la prisión preventiva solicitada por las fiscales, se preguntó si «la única solución es la prisión», y negó que haya riesgo de entorpecimiento de la investigación: «Gustavo Pérez renunció a su cargo en el Senado – no lo echaron- para facilitar la investigación judicial». Y entendió como desproporcionado que la Justicia le haya inhibido los bienes y le haya aplicado un embargo por $10 millones. Aunque en realidad lo que hay no es embargo, sino inhibición general de bienes, aclararon desde la Fiscalía.
Leopoldo Cappa, defensor de Faure, rechazó, al igual que Cullen, el pedido de preventiva, negó la existencia de fundamentos en el pedido de la Fiscalía, y habló de la inexistencia de riesgo procesal. Y habló de una estrategia de los fiscales tendientes a conseguir «quebrar» imputados, y «meterles» miedo.
Al final, el juez Ruhl decidió desatender los reproches de los defensores, morigerar la preventiva por un plazo de 90 días -y no hasta que se realice la audiencia de elevación a juicio, de fecha incierta- y fundamentó la medida en el riesgo procesal de eventual entorpecimiento de la investigación por parte de Pérez y Faure, pero descartó el posible peligro de fuga.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.