La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos manifestó su «preocupación por los continuos cuestionamientos» que reciben quienes tienen a su cargo investigar delitos contra la Administración Pública entrerriana.

La entidad, que nuclea a los jueces y funcionarios judiciales de la provincia, se expresó así a raíz de la denuncia de destitución que se interpuso contra el Procurador General, Jorge Amilcar García, como también, «al pedido que efectuó un grupo de abogados para inhibir a la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en la causa donde se investiga los contratos en la Legislatura entrerriana». 

En ese sentido, la Asociación reiteró que existen «carriles institucionales para refutar las decisiones tomadas y, por esa vía, canalizar los reclamos o cuestionamientos a los actores del proceso judicial, conforme a las reglas que rigen al Estado Constitucional y de Derecho».

De ese modo, la entidad se refirió al pedido de jury al Procurador General presentado por el abogado victoriense Carlos Reggiardo.

Entre otros reproches, lo censura Reggiardo a García por no haber acusado al juez Carlos Alfredo Rossi, juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, que otorgó la libertad de Sebastián Wagner, asesino de la estudiante Micaela García, absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento de los cargos que pesaban sobre él por mal desempeño en su función.

“Este quizás es el cargo más grave ya que hay un manifiesto, claro y evidente incumplimiento del procedimiento de la Ley de enjuiciamiento, que en su artículo 27 dice expresamente que: ‘La acusación formal del Fiscal contendrá una relación precisa del hecho y de la actuación que le cupo al imputado con la prueba que pretenda producir en el debate. De ella se correrá traslado a la Defensa por el término de quince (15) días hábiles para que se expida sobre la pretensión fiscal y ofrezca en su caso, la prueba de su parte. El auto de formación de causa obligará al fiscal a mantener la acusación’”, dice el abogado en su escrito.

Pero la entidad que nuclea a los magistrados también se refirió al planteo que hubo para apartar a la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyenech, de la causa que investiga la millonaria defraudación al fiscal en la causa de los contratos truchos en la Legislatura y que el tema pase a la Justicia Federal.

El planteo de los letrados Guillermo Vartorelli, Leopoldo Cappa, José Velázquez, Emilio Fouces y Miguel Ángel Cullen impulsa la “formal inhibitoria” para que el juez federal de Paraná, con competencia electoral, “se declare competente” respecto del legajo en el cual se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita, entre otros.

En el escrito, los abogados plantean que quien debe entender en la investigación no es la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, ni los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, sino la Justicia Federal “por hallarse amenazado el normal proceso electoral, vulnerando la normativa que intenta garantizar la transparencia y la limpieza del mismo”. Aluden a una “clara violación a las infracciones” de las leyes 26.215 y 26.571.

“Todo imputado o sindicado tiene derecho a que intervenga un juez natural a los efectos de garantizar el debido proceso”, argumentan los letrados, según publicó Análisis Digital respecto a ese planteo.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.