El presidente interino del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Federico Tomás,  habló del trabajo del organismo en cuanto al control del gasto de los fondos públicos en las diferentes áreas del Estado. Principalmente, explicó el trabajo que se realiza en el marco de la causa por los contratos truchos de la Legislatura.

En ese sentido, señaló que el organismo mantiene un contacto fluido con el Poder Judicial, para intercambiar y colaborar en distintos expedientes en los que se investigan supuestos delitos contra la Administración Pública. No obstante, marcó diferencias respecto de algunos fallos en los que se cuestionó el rol del organismo a la hora de auditar áreas del Estado.

Por otro lado, ratificó su voluntad de presentarse al concurso público -demorado- de antecedente y oposición para formalizar en el cargo. “Cuando me tocó tomar posesión del cargo –interinamente- dije que lo iba a hacer con responsabilidad que el cargo se merecía, y es lo que intento día a día.  Sé que hay muchas cosas por mejorar, y no me canso de decirlo: nosotros no cajoneamos ningún expediente”, sentenció en defensa del organismo que preside de forma interina desde agosto de 2016 tras la salida de Guillermo Smaldone.

En diálogo con el programa Puro Cuento, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, Tomás respondió, en primer lugar, sobre las críticas que recibió el Tribunal de Cuentas en algunos fallos judiciales, como en la condena al exvicegobernador Héctor Alanis, en la que la Justicia habló de “controles laxos” que posibilitaron la defraudación al Estado.

Sobre el caso mencionado, el funcionario recordó que en el juicio se juzgaron hechos ocurridos a fines de los ’90, mucho antes de su llegada a la presidencia.

Aclaró que cuando hay un hecho de corrupción, existen diferentes tipos de responsabilidades: “Hay responsabilidad penal, donde intervienen fiscales y jueces. Esa responsabilidad se maneja con un Código Procesal Penal. Después, hay una responsabilidad de tipo disciplinaria, donde interviene la Dirección de Sumarios de la provincia o de la municipalidad. Ahí se evalúa la continuidad o no de la relación del empleado con el Estado. Eso pude terminar en cesantía, exoneración o suspensión. Y después tenemos lo que llamamos la responsabilidad contable que es la que le toca al Tribunal de Cuentas”.

En ese marco, advirtió que puede ocurrir que la Justicia penal arribe a una conclusión que no coincida con el Tribunal de Cuentas. Al respecto, puso como ejemplo el caso Alanis, donde la Justicia cuestionó el rol de los auditores del organismo en el Senado –entre ellos estaba Cristian Treppo, actual intendente de Seguí- .

En esa causa, señaló que el organismo tiene un “fuerte cuestionamiento” de la Justicia puesto que “efectivamente estaban aprobadas las cuentas del Senado, y sin embargo se establece que hubo delito por parte de los funcionario que administraban los fondos del Estado”.

Tomás explicó que no coincide con el análisis que hizo la Justicia, porque el ámbito de control del Tribunal de Cuentas es acotado y posterior, lo que hace difícil detectar alguna irregularidad. “Tenemos un ámbito de control que es acotado en lo que hace a la función que nosotros ejercemos. Nosotros cuando vamos y controlamos los fondos públicos, analizamos un legajo renditivo, que es documental. Vemos la documentación y analizamos si está confeccionada en legal forma. Y ahí nos expedimos sobre la legalidad del gasto en función de la documental”, puntualizó.

“En la causa de Alanis la discusión era si el Tribunal de Cuentas había cotejado documentación respaldatoria, porque había desaparecido. Y los informes de los auditores decían que habían cotejado. Cuando la Justicia empieza a intervenir, lo que no estaba es la documentación respaldatoria del gasto. Y en el Tribunal de Cuentas no tenemos documentación respaldatoria del gasto. Nosotros tenemos los informes de los auditores en función de la documentación que dicen ellos haber visto. Es un control por muestreo y selectivo, no tenemos un control de la integralidad del gasto”, precisó.

En esa dirección, el funcionario mencionó que el mismo control se realiza en el caso de los contratos de la Legislatura, y que ahora están bajo investigación de la Justicia. “Nuestros auditores van y controlan el legajo renditivo. Verifican si está el contrato suscripto, si está el recibo del contratado en legal forma, si cobró por cheque o tarjeta de débito o si la prestación está certificada por el funcionario para el cual prestó funciones”, explicó Tomás.

Asimismo, resaltó que en este caso de presunta defraudación que investiga la Fiscalía el organismo de control es “engañado” por las personas que realizan las maniobras de los contratos truchos.

Sobre este caso, especificó que en le organismo que preside hay tres expedientes abiertos: uno investiga lo sucedido con los contratados del diputado radical Ricardo Troncoso, que lo denunciaron en la Justicia; un segundo es sobre los contratos en el Senado; y un tercero se abrió tras la solicitud de la Justicia para que el Tribunal explique su accionar en el control en la Legislatura.

Consultado si el organismo de control puede accionar contra los contratados truchos para recuperar el dinero público, señaló: “Estamos siguiendo atentamente lo que está avanzando la Justicia. Lo que jamás vamos a hacer es dejar de avanzar, y si nos enteramos de un hecho ilícito donde hay dinero público en juego, estamos para seguirlo y recuperarlo”.

No obstante, recalcó que el organismo accionaría no sólo contra los contratados truchos, sino también contra los funcionarios que posibilitaron el cobro de los contratos de forma irregular.

Finalmente, Tomás reiteró que se presentará en el concurso para el cargo de presidente del Tribunal de Cuentas. “Tengo intacta la voluntad de concursar”, dijo y agregó que el concurso está demorado porque aún no se conformaron los jurados del concurso.

“Cuando me tocó tomar posesión de cargo dije que lo iba a hacer con responsabilidad que el cargo se merecía, y es lo que intento día a día.  Sé que hay muchas cosas por mejorar, y no me canso de decirlo: nosotros no cajoneamos ningún expediente. Podemos ser más eficiente, lograr cosas en un término más corto que lo que por ahí nos lleva la tramitación de una causa, pero nosotros no ocultamos nada. Somos absolutamente transparentes”, cerró.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.