Tres dirigentes de Federación Agraria Argentina (FAA)  y diez polícias siguen negociando para ponerle un fin a la causa que se abrió en 2015 a raíz del tractorazo frente a la Casa de Gobierno, en el útimo tramo de la gestión de Sergio Urribarri.

La manifestación fue el 3 de septiembre de 2015 y terminó en una batahola, con policías heridos. Diez de ellos denunciaron a dirigentes de la Mesa de Enlace, que fueron imputados por el fiscal Santiago Brugo por el supuesto delito de instigación a la violencia.

Sujetos al expedientes quedaron Elvio Guía, director de la filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel (delegado de FAA) y Juan Echeverría (de Chacareros Federados, grupo interno en FAA). En tanto, fue desafectado de la causa Atilio De Angeli, hermano del senador nacional por Cambiemos, Alfredo de Angeli, ya que no estuvo en la manifestación.

Un cuarto productor quedó comprometido con una causa civil por daños y prejuicio. Se trata de Miguel Bowes, dirigente de San Gustavo, departamento La Paz.

En el caso de Bel, Guía y Echeverría, los policías reclaman un resarcimiento económico que totaliza un millón de pesos. Con la causa en pausa, las conversaciones se vienen dando en la oficina de mediación del Poder Judicial para llegar a una salida alternativa. Una primera reunión fracasó.

Entre los policías denunciantes se encuentra el actual Jefe de Policía de la Provincia, Gustavo Maslein, que junto a los demás policías es representado por los abogados Bartolomé Gaggero y Marcos Rodríguez Allende.

Los ruralistas, en tanto, cuentan con la defensa de Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.

En diálogo con el programa Puro Cuento, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, Elvio Guía comentó: “Son diez los policías que están reclamando resarcimiento económico y nos tiene muy preocupados. Se nos acusa de instigación a la violencia. Veremos cómo sigue la causa. En una primera mediación penal, no llegamos a un acuerdo porque no teníamos el importe que nos estaban pidiendo. Veremos si se puede llegar a un acuerdo económico y si no, seguirá su curso la causa”.

En ese sentido, se mostró sorprendido porque el delito que se le imputa tiene una peña de 3 a 6 años de cárcel, que es mayor al de daños y prejuicios –que se le endilga a Bowes- que tiene un castigo de mínimo 3 años y es excarcelable.

El jueves 3 de septiembre de 2015 fue una mañana de furia frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Ese día, hace poco más de dos años, un numeroso grupo de productores se manifestó en la Plaza Mansilla en reclamo por una audiencia con el entonces gobernador Sergio Urribarri. Pedían un auxilio, un salvataje ante la crisis del sector. De un momento a otro la protesta pacífica se convirtió en una batahola. Comenzaron los forcejeos con policías que se apostaron en el ingreso a la Casa Gris: hubo piñas, patadas y tironeos virulentos. Sobre los efectivos volaron huesos de vaca, y éstos contestaron con gas pimienta.

En el medio del griterío y las quejas por los golpes de un lado y el otro, Elvio Guía, director de FAA Entre Ríos, reclamaba bajar los ánimos. “No hagamos macanas”, pedía a los productores y advertía que podían lamentarlo luego. No se equivocó. Para entonces, la violencia de la protesta fue el tema principal en las coberturas periodísticas. El reclamo por el salvataje al sector pasó a último plano.

El lunes 7 de septiembre, Urribarri recibió a los policías heridos y les agradeció por las actuaciones en la puerta de la Casa Gris. Más tarde, un grupo de 10 policías que salieron heridos, entre ellos el actual Jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein –entonces era director de Operaciones y Seguridad-, llevaron el caso a la Justicia y pidieron un resarcimiento económico por las heridas sufridas. La fiscalía, en tanto, imputó a los dirigentes de FAA, a pesar de que buscaron calmar los ánimos de los productores.

En un primer momento hubo un intento por cerrar el caso a través de una mediación. No hubo acuerdo. Ello sucedió el 24 de noviembre de 2016, cuando las partes tuvieron un encuentro ante la Oficina de Mediación Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). De no prosperar esa instancia, se arribará al juicio oral.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.