Fernando Cañete, presidente del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), tiene dos frentes definidos de negociación permanente: los prestadores, que demandan una actualización de los valores arancelarios después de la fuerte devaluación en la segunda mitad de 2018, y los fallos de la Justicia, que obligan a dar prestaciones a como dé lugar. Entre ambos, Cañete dice que la situación más complicada la presentan los magistrados.

Cita los casos de los fallos judiciales que obligan a Iosper a dar cobertura a afiliados que buscan internación en geriátricos que no cuentan con habilitación del Estado. “¿Tengo que brindar o no cobertura a un afiliado que es internado en un geriátrico que no cuenta con habilitación? Para algunos jueces, sí; para otros, no. Los que me dicen que sí, que tengo que darles cobertura, no consideran las condiciones en las que ese afiliado termina internado en un geriátrico. Me obligan a pagar el mismo arancel que cobra un geriátrico que cumple con todas las reglas y que está inscripto. Hablamos de aranceles de $22 mil. La Justicia obliga a internar a una persona en un geriátrico no habilitado, y de esos hay muchos en la provincia”, dice.

A los geriátricos no sólo van los adultos mayores, sino también los pacientes psiquiátricos, en abierta violación de la Ley de Salud Mental. “La Lay de Salud Mental dice que no se puede internar a una persona por más de 60 días sin su consentimiento. Acá los meten en un geriátrico y ahí los dejan. A los enfermos mentales los meten en un geriátrico”, sostiene.

Respecto de los geriátricos, Cañete dice que cuanto Iosper es obligado por la Justicia a dar cobertura de 100% en internación de un afiliado, se hace un estudio socioeconómico. “Y ahí nos surgen las dudas. “Si el afiliado cobra entre $30 mil y $40 mil, y el geriátrico está en $22 mil, que cubre en forma íntegra el Iosper, ¿quién se queda con el sueldo del afiliado? ¿Quién cobra el alquiler de la casa que ocupaba y que ahora no ocupa?”, se pregunta.

Después, vuelve sobre la Justicia, y dice que “cada juez es dueño de su propia jurisdicción, y falla en consecuencia. Claro, como después está la instancia superior, y se puede apelar, disponen y fallan según su propio parecer. Esto lo he dicho ante los miembros del Superior Tribunal: acá cada juez se cree dueño de su jurisdicción”, sostiene Cañete, que proviene de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).

No sólo los jueces ocupan la atención del Iosper. También la demanda de los prestadores, que en función de la corrida de precios –en medicamentos, el que menos aumentó subió un 60%-, están demandando actualización de valores de aranceles. Cañete dice que tiene reuniones frecuentes, pero que la relación con los prestadores está intacta. “Yo les trato de hacer entender que somos socios estratégicos: la obra social necesita brindar servicios, y los prestadores necesitan de la obra social para financiarse”, apunta.

En 2018, Iosper se manejó con un presupuesto anual de $3.700 millones; para 2019, se proyectan $5.700 millones. De ese monto global, el 88% lo absorbe el gasto en prestaciones; y entre estos, el rubro medicamentos se lleva el 33%; las internaciones, 20%. En la segunda mitad de 2018, el tembladeral de los precios produjo un desfase que ahora se busca el modo de ordenar. Pero se da batalla con la situación que crea la decisión de algunos médicos de prescribir medicamentos que están en etapa de prueba y que tienen alto costo.

El último pleito mediático que tuvo el Iosper derivó del reclamo de los papás de un nene de 4 años, con atrofia muscular, cuyo médico le recetó el medicamento Spinraza, a un valor de $12 millones. El caso se judicializó: en primera instancia logró fallo favorable a Iosper, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dio vuelta esa sentencia, y ordenó a la obra social a dar cobertura. El caso fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero antes de que el alto cuerpo resolviera la demanda, ocurrió la muerte del menor.

Ahora, Cañete enfrenta otra batalla: una jueza de familia ordenó al Iosper afiliar a una chica cuyo madre demandó a un afiliado a la obra social para que la reconozca como hija biológica. Antes de que el caso sea resuelto, la magistrada le pidió a Iosper que la afilie. Como hubo resistencia, el titular de Iosper fue denunciado penalmente en las Justicia.

«Lo que me preocupa es la creación de una figura jurídica nueva dentro del Derecho de familia -dice Cañete-. Esto es aberrante. Y me preocupa. Si esto prospera, mañana va a venir cualquier joven denunciando a un empleado público, y reclamando que la obra social dé la afiliación porque presupone que es hija o hijo de alguien».

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.