Lejos de estancarse, la investigación judicial en torno al escándalo de los contratos truchos en la Legislatura sigue dando pasos hacia adelante.

Esta mañana, el Ministerio Público Fiscal recibe declaración indagatoria de otros integrantes de la supuesta banda de cobradores de contratos que reportaba a un grupo de contadores, que constituirían los mandos medios de una estructura de un puzzle que de momento no se puede llegar hasta los cabecillas de la «organización delictiva», según la acusación.

La causa está caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, y tiene en prisión a seis personas, la cara visible de la estructura encargada de reclutar personas para firmar contratos de trabajo con la Legislatura de los cuales después recibían una ínfima parte: el grueso del dinero iba a una caja negro cuyo destino es por ahora incierto. Tras las rejas están Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao.  Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más  Hugo Luna (ya fallecido),  María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra,  Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

Según la apertura de la causa, el mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.  Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

La jueza Carolina Castagno confirmó la prisión por cuatro meses para Beckman, su esposo, Hugo Mena, el yerno de éstos, Esteban Ángel Scialocomo, y para el contador Alfredo Bilbao. A ellos, se sumaron a la Unidad Penal N° 1 con prisión preventiva por 90 días el contador Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y el contador Roberto Ariel Faure. 

Ahora, el brazo de la Justicia avanza sobre el lado de los «cobradores» y «reclutadores» de la organización: este lunes prestan declaración indagatoria en Fiscalía Jorge Pablo ”Tucho” Balladares (yerno de Hugo Mena), Jazmín
Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), María Macarena Alvarez (hija de Beckman), Viviana
Giselle Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), Alejandro “Alito” Rubén Ferreyra (yerno de Hugo Mena), Andrea Demartin, Fernando Gastón Sarnaglia y Verónica Caíno (esposa del contador Gustavo Pérez).

Luego de la indagatoria, a las 12 está prevista una audiencia en Tribunales en la que la Fiscalía pedirá «medidas coercitivas», pero no prisión preventiva: prohibición de salir del país o de acercarse a testigos o contratados. El trámite se cumplirá ante la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata

En la tramitación de esa voluminosa causa de corrupción, los fiscales ahora aguardan los informes que deben enviar desde la Legislatura.

La Justicia pidió un detalle de 452 contrataciones de personal efectuadas por la Cámara de Diputados entre el 11 de diciembre de 2011 y hasta septiembre de 2019, y 551 contratos de la Cámara de Senadores, firmados a lo largo de la última década, entre 2008 y 2018, en el maco de la investigación abierta para determinar de qué modo se sustrajeron de los fondos de la Legislatura una suma estimada en $1.235 millones mediante una operación de triangulación a través de “contratos truchos”.

Hasta ahora se hablaba de un mapa hipotético de 350 contratos de personal bajo la lupa de la Justicia. Ahora, se sabe, el número es casi tres veces mayor: 1.003 contratos.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.