Este miércoles los fiscales que investigan al exgobernador alcanzaron el  lugar exacto donde se bocetaba la explicación de la familia Urribarri sobre su crecimiento patrimonial. Patricia Yedro y Santiago Brugo se hicieron de documentos valiosos. Por qué Urribarri confía en justificar su enriquecimiento. Preocupación por la causa Mercosur.

Ni Sergio Montiel, ni Jorge Busti, ni Mario Moine, tuvieron que soportar tres causas de semejante magnitud una vez finalizados sus respectivos mandatos. Mucho menos con acusaciones tan contundentes. Sergio Urribarri es investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de la denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet; también se lo investiga por posible fraude en función de los inexplicables gastos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur y tiene otra causa más, enfocada en la figura de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, por negocios incompatibles con la función pública, en la cual también está involucrado.

Este miércoles, los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro, se dirigieron a través de un exhorto a la justicia porteña, directamente al lugar de los hechos y allanaron la oficina donde el exgobernador bosquejaba su defensa, su armado patrimonial: el domicilio fiscal del contador Juan Saul, en Junin 658, A, 6, B, idéntica dirección de la empresa insignia del patrimonio Urribarri: Kriptax Inc SA.

Según pudo saber este sitio, un enviado de la fiscalía, que participó del allanamiento, se hizo de documentación relevante para la causa.

El 1 de agosto, Brugo y Yedro, habían realizado ocho procedimientos judiciales en distintas propiedades ligadas al cuñado del exgobernador. Unos días después, Urribarri retomó su actividad pública y planteó su defensa a través de dos notas periodísticas: explicaciones rápidas y sucintas, pocos datos y oraciones cortas en referencia a su patrimonio.

Pero en el entorno del exgobernador confían en poder explicar la fortuna familiar. Urribarri no tiene casi nada a su nombre, salvo una casa en Concordia. Todo lo demás figura a nombre de sociedades en la que se involucran familiares o de familiares directamente. El crecimiento patrimonial, el contador Saul lo intenta narrar a través de los ingresos de Urribarri, los aportes de su hijo Bruno -fútbolista profesional, aunque sin una carrera que amerite millones- y las ganancias de Kriptax, Inc S.A, la firma más importante de los Urribarri.

Así todo, no resulta fácil, por caso, dar cuenta de la mansión de la península que da al Lago Salto Grande.

MÁS PROBLEMAS.

Si el resultado que arroje los allanamientos a las propiedades de Aguilera pueden traerle nuevos dolores de cabeza al exgobernador, la causa por los gastos en la Cumbre de Presidentes del Mercosur promete constituirse en un escollo muy difícil de superar. En ese caso, acompañado por el actual diputado provincial y ex Ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.

La Cumbre de Presidentes del Mercosur se realizó en Paraná a mediados de diciembre de 2014 y demandó, de parte del Gobierno que entonces encabezaba Sergio Urribarri, una fenomenal inversión en obras y contratación de servicios.

Y todo eso se hizo sin licitación: mediante el caprichoso sistema de contratación directa. La Ley N° 10.327, promulgada el 20 de octubre de 2014, declaró de interés la 47° Cumbre del Mercosur, y facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria.

Ese intríngulis de contrataciones ultraveloces ya fue puesto al descubierto por Entre Ríos Ahora.

Pero conviene recordar cómo sucedió.

La autorización legal que permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre.

En ese esquema, la administración Urribarri contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de $27 millones con la firma Nelly Entertainment, (de Jorge “Corcho” Rodríguez y Facundo De Vido –hijo del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido), para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.

Fue un trámite velocísimo el que logró la contratación de Nelly Entertainment. En cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables.

Claro, los diez funcionarios encargados de los controles dictaminaron sobre un proyecto del Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que el entonces ministro Pedro Báez pensaba difundir por contratación directa.

Con las ofertas recibidas para esa tarea de difusión, Báez y los funcionarios de su Ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos. Así, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en EL DIARIO, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del Director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el Director General de Asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el Ministro Pedro Báez, el Gobernador Sergio Urribarri y la Directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).

Pero hay más.

Al acercar su oferta, Nelly Entertainment expuso en su carta de presentación su propuesta de “difusión de acciones comunicaciones que permitan instalar en todo el territorio nacional el resultado de la gestión de los últimos 7 años de Gobierno”. Hasta aquí, nada que tenga que ver con la Cumbre Mercosur.

Pese a que el sobre cerrado con la oferta de Nelly Entertainment ingresó a la Mesa de Entradas de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el 9 de diciembre de 2014 a las 7.31, ese mismo día, el escribano Antonio Miguel Berro Madero, de la localidad bonaerense de San Isidro, estaba certificando las copias que la empresa debía presentar en el marco de la convocatoria de la Resolución 54 de la Unidad Operativa.

Peor aún, el 10 de diciembre de 2014 –un día después de que la empresa presentó la oferta con las copias certificadas de sus estatutos y demás aspectos formales requeridos– el Colegio de Escribanos de San Isidro dio fe de que la firma del apoderado de la empresa y responsable de la presentación del sobre en Paraná, Pablo Carlos Guerrero, correspondía a ese notario, socio de Berro Madero en la Escribanía de calle 384 1º Piso Oficina 1 de la ciudad de San Isidro.

Los datos, las fechas y los apuros forman parte de una investigación judicial mucho más profunda y abarcadora que tiene en sus manos el fiscal Santiago Brugo.

Y que pondrá contra las cuerdas judiciales al exgobernador Sergio Urribarri, ya sometido a investigación por el delito de supuesto enriquecimiento ilícito.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora