El colectivo de alumnos “Unidos para que nunca más” de la comunidad educativa del Instituto Superior Gaspar L. Benavento, de Victoria, manifestó su repudio «ante la pasividad de las autoridades educativas que permitirán que un docente denunciado penalmente por acosar y amenazar de muerte a una alumna de nuestra institución, regrese a dar clases a nuestro establecimiento».

«Los hechos a los que hacemos mención, y que ya han tomado estado público, están referidos a reiterados actos de violencia de género asestados por el docente en cuestión sobre una compañera, quien sufrió persecuciones, intimidaciones, y amenazas de muerte. También se encuentran amparados en la multiplicidad de testimonios recabados, no solo de testigos que ya declararon sino también de otras mujeres (y hombres) que han sido víctimas de su infame accionar», plantearon.

El caso ya fue revelado por Entre Ríos Ahora. 

VVU estudiaba la Tecnicatura en Enfermería en la extensión de la Escuela Normal Superior Antonio Sagarna, de Nogoyá, que funciona en Lucas González, a tan sólo 28 kilómetros. Eso ocurrió en 2016, cuando Alberto Daniel Piedrabuena era docente, y comenzó a acosarla.

Piedrabuena le enviaba a VVU mensajes vía whatsapp, y en esos mensajes vía whatsapp la acosaba del peor modo: que sos muy sexy, que pienso tener algo con vos, que me siento muy atraído, pero después pasaba a otro plano, agresivo: que fuera su paciente para examinar su vagina. VVU hizo captura de los mensajes y lo publicó en su muro de Facebook, lo que violentó al docente.

VVU decidió abandonar sus estudios en Lucas González y se trasladó a Victoria, a 72 kilómetros de donde había comenzado a cursar Enfermería. Ahora, se anotó en Enfermería en el Instituto Gaspar Benavento. Pero hasta allí se traladó también el docente la que había denunciado por acoso: había ganado horas cátedra en ese instituto.

La víctima estuvo durante todo 2016 cursando la carrera en Lucas González, pero cuando no pudo soportar el acoso del docente, decidió trasladarse a Victoria, y como allí también tomó horas cátedra Piedrabuena, y para evitar que se repitieran las mismas situaciones, decidió presentar una denuncia en la Justicia.

El docente,  con la defensa técnica del abogado Mariano Berdiñas,  se presentó en Tribunales y declaró como imputado.

El 23 de agosto, el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, hizo el pedido de remisión a juicio. El trámite recayó en manos del juez de Transición y Garantías, Gustavo Acosta. El Ministerio Público Fiscal encuadró los hechos en el delito de amenaza, e hizo el adelanto de pedido de pena: un año y seis meses de  prisión para el docente. A esa conclusión llegó la Fiscalía luego de escuchar a la víctima, tomar declaración al imputado y recabar pruebas y testimonios de testigos.

En la audiencia de remisión a juicio, el juez Acosta decidió dictar el sobreseimiento del docente acusado de acoso por parte de la alumna. El fiscal aportó el testimonio de trece testigos, entre otras medidas, pero el magistrado consideró que no había pruebas suficientes. Uriburu apeló el sobreseimiento, pero la jueza de juicio de Gualeguaychú Alicia Vivian confirmó el sobreseimiento.

Ahora, ya puede volver a dar clases.

Ante eso, el colectivo de alumnos “Unidos para que nunca más” planteó: «Estos sucesos aberrantes llevaron a la Justicia a imponerle durante 2018 una orden de restricción perimetral que le impidió acercarse a su víctima. Al verse impedido de asistir a la institución por su situación judicial, solicitó ´licencia por enfermedad´ -por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico-, que las autoridades educativas le validaron a lo largo de todo el año. Además de ello, existen una serie de antecedentes que prueban cabalmente las gravísimas faltas de éticas en las que ha incurrido como docente y el continuo y sistemático hostigamiento para con alumnos de esta y de otras instituciones en las que se ha desempeñado; por las que también existieron reclamos pertinentes».

Frente a esa situación, expresaron el «más enérgico repudio a cualquier acto de violencia», y agregaron: «Nuestra decisión de contribuir para garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones, particularmente en nuestro espacio académico».

En ese contexto, rechazaron la falta de compromiso «de las autoridades educativas de Victoria y de la provincia, quienes durante el ciclo lectivo 2018 desprotegieron categóricamente a la víctima y al alumnado en su conjunto». Y pidieron intervención de las autoridades «para evitar que este señor vuelva a desempeñarse en un ámbito educativo».

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.