La negociación salarial docente cerró en Entre Ríos a la baja: la inflación acumulada según las proyecciones de organismos especializados rondará en 2018 el 43%, pero la paritaria con maestros y profesores en la provincia cerró en un 33%, diez puntos abajo.

En realidad,la  negociación salarial docente atravesó en 2018 dos discusiones paritarias en un mismo año, las dos con intervención judicial. Primero, al inicio del año escolar, el juez laboral José Reviriego; en el tramo final, la jueza Gladys Pinto. Así, los acuerdos paritarios terminaron cerrándose en un despacho judicial.

La devaluación de la segunda mitad del año dejó en situación desventajosa a los docentes: en mayo se había cerrado la paritaria anual en un 19%, pero debió reabrirse en septiembre, cuando el Gobierno otorgó un 3% adicional. Después, la negociación del índice de recomposición para el último trimestre del año: un 11% en tres tramos, que se aceptó a regañadientes.

Hasta septiembre, el sueldo del cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, se ubicó en $14.174. A octubre, el costo de la canasta básica total, que mide la línea de pobreza, era de $ 24.241,17. Aproximadamente cobra un 41,5 % de lo que indica la línea de pobreza, menos de la mitad.

Con el último acuerdo de fin de año, el mínimo garantizado de bolsillo para el cargo testigo pasó de $14.174 a $15.305.

Según un cálculo que hace el dirigente docente uruguayense Víctor Hutt, la última recomposición salarial sumó $1.218 al bolsillo de un maestro del cargo testigo.

La Iglesia Católica, no obstante, decidió que las escuelas de los colegios públicos de gestión privada no recibirán el bono de $5.000 de fin de año que había negociado a nivel nacional el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop). Hay una peculiaridad: los docentes de las escuelas privadas reciben la misma pauta de aumento de los maestros de escuelas públicas, pero a diferencia de estos últimos, tienen un regimen de empleo privado.

Según el decreto N° 1.043/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso el otorgamiento del bono de fin de año, quedarían alcanzados por ese beneficio. Pero el acta acuerdo que firmó a nivel nacional Sadop con el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), la Coordinadora de Asociaciones de Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep) y la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (Caiep), puso algunos reparos para el pago del bono.

El punto 1 del acta acuerdo que firmaron el 19 de diciembre, dice: «Inicialmente, las partes reconocen que los titulares de establecimientos educativos de gesetión privada para con los docentes de sus plantas orgánico funcionales, durante el año 2018, han seguido las políticas salariales derivadas de las escalas jurisdiccionales con más los beneficios que pudieran haber sido pactados, convenidos o acordados por las autoridades educativas. En caso de que las jurisdicciones hayan concedido aumentos, bonificaciones, ajustes o bonos en paridad o superioridad con el beneficio dispuesto por el Decreto 1043/2018 se tendrá por debidamente cumplido con el mismo».

José Carlos Badano.

El último día de 2018, el delegado episcopal de Educación del Arzobispado de Paraná, el sacerdote José Carlos Badano, distribuyó un instructivo a los apoderados legales de los colegios católicos de la diócesis, en el que echa por tierra con cualquier expectativa de los docentes por cobrar su bono de fin de año. El texto dice, sin vueltas, que «consideramos que el bono ha quedado compensado con los aumentos que por revisión salarial ha otorgado el Consejo General de Educación para absorber el deterioro producido por la inflación».

Además, plantea: «Respecto de los docentes de materias extraprogramáticas y hasta tanto retome su normal funcionamiento el Consejo Gremial de Educación Privada, se deberá liquidar la asignación extraordinaria en caso que se esté abonando una retribución distinta a la que cobra el docente de materia curricular».

«A mayor abundamiento -señala el documento al que accedió Entre Ríos Ahora-, para el personal docente de las escuelas públicas de gestión privada rige el principio de equiparación, que importa que tiene el derecho a cobrar la misma remuneración que el docente de las escuelas públicas de gestión estatal. Asimismo, conforme el art 105 de la Ley de Educación Provincial Nº 9890, el Estado Provincial se obliga a transferir un aporte destinado a los salarios docentes y otros costos de funcionamiento de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por el Consejo General de Educación.

Claro que ese beneficio es nada más que para el personal docente. «Para el personal de maestranza (con reconocimiento económico) resultaría de aplicación los mismos criterios expuesto en el apartado 3 en lo referente a la absorción o compensación de la suma proporcional del bono según la jornada de trabajo prestada con las pautas de revisión o aumentos salariales dadas por el CGE para el personal de maestranza de las escuelas públicas de gestión estatal», plantea Badano.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.