El cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, fue autorizado por la Justicia a salir de la Unidad Penal N° 1, donde cumple prisión preventiva por 90 días en el marco de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, pero sólo por unas horas.

Será entre las 12 y las 18 de este martes 15 de enero, y «con custodia policial», para asistir al cumpleaños de uno de sus hijos y de su madre. Aguilera, secretario del bloque de senadores del PJ en la Legislatura entrerriana y considerado por el Ministerio Público Fiscal como pieza clave en el entramado de la «organización criminal» que habría distraído $2.000 millones al Estado mediante contratos truchos, había gozado de la prisión preventiva domiciliaria, medida que dispuso el 24 de diciembre último el juez de Garantías Mauricio Mayer, pero tras la apelación de la Procuración, la medida fue dejada sin efecto por la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ). 

El permiso a Aguilera para que pueda salir de la cárcel y asistir a la fiesta de cumpleaños en su casa, en la zona residencial del Acceso Norte a Paraná, fue firmado por el juez de Garantías Mauricio Mayer, y fue a pedido del defensor Miguel Cullen. «La presente autorización halla su fundamento en que el encartado se encuentra transitando una medida instrumental, cual es la prisión preventiva, por lo que se encuentra amparado por el principio o estatus jurídico de inocencia y le asisten todos los derechos civiles y políticos que tal condición depara (…). En este sentido, el derecho a la visita familiar, se trata de uno de los derechos humanos consagrados en el plexo normativo vigente», dice la resolución de Mayer.

Aguilera es considerado por el Ministerio Público Fiscal como “una de las cabezas” en la pirámide de mandos de la “organización criminal”. En esa trama de responsables en la cúspide de la pirámide de mandos, también tienen un lugar de privilegio, según los fiscales, el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, y el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, empleado de Cardoso y cuñado de Aguilera, y también Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y los contadores Roberto Faure y Alfredo Biblago.

En un escalón inferior, y como operadores en terreno, estarían Flavia Beckman, su esposo Hugo Mena, y el yerno de ambos, Esteban Scialocomo, también con prisión preventiva.

En el marco de la investigación de los contratos truchos, la Justicia pidió un detalle de 452 contrataciones de personal efectuadas por la Cámara de Diputados entre el 11 de diciembre de 2011 y hasta septiembre de 2019, y 551 contratos de la Cámara de Senadores, firmados a lo largo de la última década, entre 2008 y 2018, en el maco de la investigación abierta para determinar de qué modo se sustrajeron de los fondos de la Legislatura una suma estimada en $1.235 millones mediante una operación de triangulación a través de “contratos truchos”.

Hasta ahora se hablaba de un mapa hipotético de 350 contratos de personal bajo la lupa de la Justicia. Ahora, se sabe, el número es casi tres veces mayor: 1.003 contratos. Esa información que se solicitó a Diputados y a Senadores, y que ambas cámaras dijeron que van a evacuar, de momento no ha llegado a la Fiscalía.

La causa está caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, y en un primer momento llevó a prisión a cuatro personas:  Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao. Los cuatro con prisión preventiva por cuatro meses. Luego, se sumaron los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y Roberto Ariel Faure. Más tarde, Aguilera, Cardoso y Almada.

Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más  Hugo Luna (ya fallecido),  María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra,  Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.  Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.

Esta detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, Pérez, por el Senado, y Cardoso, por Diputados. Al respecto, mencionaron a Juan Domingo Orabona, director Administrativo Contable del Senado entre 2007 y 2011; Gustavo Pérez, director Administrativo Contable del Senado desde 2011; y Sergio Cardoso, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados.

Hoy están en prisión Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao,  Roberto Ariel Faure. Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez y Alejandrdo Almada; y con domiciliaria, Flavia Beckman y Sergio Cardoso.

Pero hay un recurso de queja ante el STJ que motorizan los defensores y que tiende a dar por concluidas las restricciones a la libertad de todos los implicados.  Esa presentación aguarda una resolución.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.