El juez de Garantías Ricardo Bonazzola desechó hoy el pedido de realización de una pericia psicológica y psiquiátrica al diputado provincial justicialista y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPNC), pedida por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa que investiga la denuncia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, contra el histórico dirigente por coacciones y violencia de género.

Bonazzola entendió que someter a Allende a esa pericia aportaría un elemento clave de prueba en su contra, y así, dijo, se estaría vulnerando la garantía  constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar en su contra. «La medida compromete al imputado como sujeto de derechos», entendió el magistrado, que a la vez le hizo notar a la Fiscalía de la existencia de «otros medios probatorios», y que la pericia psiquiátrica y psicológica no resulta «imprescindible».

Los defensores de Allende, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, se habían opuesto a esa petición del fiscal Leandro Dato. «No puede disponerse una medida de prueba sin el consentimiento del imputado. No puede ser dispuesta de modo coercitivo, por cuanto vulneraría la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo”, dijo Lambruschini. Y en el hipotético caso de que se accediera a esa medida, adelantó Lambruschini, “nosotros aconsejaremos a nuestro asistido que se ampare en el derecho a no declarar contra sí mismo, con lo cual la pericia no podrá ser realizada”.

No fue necesario. El juez Bonazzola rechazó la posibilidad de la pericia a Allende.

En cambio, convalidó la aplicación de la restricción de todo contacto entre el legislador y la ministra por otro plazo de 60 días, que se agregan a los 90 días que rigen hasta este domingo 27. «Es una medida procedente», dijo Bonazzola. «Es adecuada y proporcional al fin perseguido», acotó. Y, apuntó, que tiene una «mínima» afectación a la libertad del imputado.

La Justicia había aplicado una perimetral por 90 días en noviembre último -medida que vence este domingo- como consecuencia de la denuncia por “coacciones graves” que le interpuso la ministra  Velázquez.

La medida fue pedida por el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, y autorizada por el juez de Garantías, Mauricio Mayer. Por 90 días, el legislador tuvo prohibido todo contacto con la ministra.

El incidente

El viernes 26 de octubre, la ministra de Salud se presentó ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial , y relató los “aprietes” de los que fue objeto de parte de Allende.

El hecho principal que motivó la denuncia fue reflejado por Entre Ríos Ahora, y de acuerdo a los testimonios recogidos habrían sido testigos las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Gobierno, Rosario Romero.

-¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo? -preguntó Allende a la ministra Velázquez.

-No tengo nada que arreglar con vos, José -respondió la titular de Salud.

-Pero por qué no te vas a la mierda -contestó el diputado.

Allende había comenzado octubre con un fuerte entredicho con la ministra, que se materializó con la carpa que instaló la UPCN y  una manifestación que hizo frente a Casa de Gobierno, durante la primera semana de octubre, en la que pidió la cabeza de la ministra de Salud.

En los últimos 90 días, Allende y Velázquez tenían vedado acerarse a menos de 200 metros. Ahora, esa distancia se quitó. El legislador sólo tiene prohibido contactarse personalmente o por medio de redes o medios de comunicación con la funcionaria; tampoco puede hacerlo a través de terceros. Así regirá por los próximos 60 días.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.