El 30 de diciembre de 2002, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó la ordenanza de creación de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

No hay, desde entonces, ninguna otra Defensoría del Pueblo constituida en Entre Ríos. Surgió ocho años después de la reforma de la Constitución de 1994, que incorporó un catálogo de nuevos derechos y una serie de mecanismos de participación popular e instituciones de control y de defensa de los derechos.

No todos esos institutos, claro, están plenamente vigentes.

Pero Paraná sí cuenta con su Defensoría del Pueblo desde entonces.

En aquella sesión del 30 de diciembre de 2002, cuando el Concejo dio forma a la Defensoría, también se aprobó otra ordenanza clave: la que dio sustento al Ingreso Ciudadano para la Niñez de Paraná (Incinipa), un programa que brindó un ingreso mensual a mujeres embarazadas y niños en situación de vulnerabilidad social, a través de un subsidio y cobertura sanitaria y educativa, que finalmente fue derogada el 12 de noviembre de 2004.

También entonces se reguló la consulta popular en Paraná.

La promulgación de la ordenanza de creación de la Defensoría del Pueblo de Paraná recién ocurrió el 12 de marzo de 2003: la N° 8.391.

En los meses que siguieron, se abrió el proceso de selección de los aspirantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de Paraná.

El 25 de junio de 2003, Día de la Ciudad, el Concejo convocó a los postulantes, y se eligió a Jorge Kerz como primer Defensor del Pueblo; Marta Benedetto, como adjunta. Kerz renunció en junio de 2005 y asumió en el área de Coordinación de Políticas Sociales de la Provincia, convocado por el entonces gobernador Jorge Busti. Quedó Martha Benedetto al frente de la Defensoría hasta el 30 de noviembre de 2009.

El 26 de noviembre de 2009, el Concejo elige nuevo defensor: Luis Garay, y a Pablo Donadío, como adjunto. Se mantuvieron hasta 2014. Ese año el Concejo eligió la continuidad de ambos al frente de la Defensoría, por otro período de 5 años. El mandato actual concluye el 30 de noviembre de 2019.

Acaso es hoy el mejor termómetro para medir el humor social de la ciudad, conocer cuáles son los temas que preocupan, qué reclamos van a la cabeza en el ranking de quejas ciudadanas.

La Defensoría del Pueblo entiende en varios temas, y en otros que no son de su jurisdicción, y deben derivarse.

Todo eso que hace lo vuelca en un informe anual. El último, que abarca el período que va del 15 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2018, contiene lo hecho en un año: 2.360 actuaciones.

Se trata de un período de 240 días hábiles, que si se relaciona con la cantidad de actuaciones, da un promedio diario de casi 10 presentaciones ante la Defensoría.

De ese total, 1.241 actuaciones (el 53%) se agrupa en temas de índole local o provincial; 485 (21%) corresponde a casos trabajados en mediación; y 634 (26%) consiste en reclamos de jurisdicción nacional.

Las actuaciones relacionadas a temas locales y provinciales abarcan tres items:

  • derechos civiles y políticos:
  • derechos sociales, económicos y culturales; y
  • derecho de acceso a los servicios municipales.

 

En primer lugar, están los reclamos por derechos civiles y políticos, con el 41%. Encabezan las solicitudes referidas a la tramitación el DNI: vecinos indocumentados, que nunca han tenido documento o que lo han perdido.

Luego, derechos sociales, económicos y culturales, que representan el 37% de las intervenciones. La mayor parte corresponde a derechos de usuarios y consumidores. Sobresalen los reclamos por el servicio de colectivos urbanos, a partir de los cambios instrumentados este año en los recorridos.

También, hay planteos en torno al aumento del precio de la electricidad y los reclamos referidos al acceso a la salud, la situación de las prestaciones de la obra social provincial Iosper y el Hospital San Martín.

En tercer lugar, están los reclamos referidos a derechos de  acceso a servicios municipales, con el 22%. Servicios básicos como el agua y la cloaca lideran los reclamos. Le siguen planteos por baches, desniveles, ocupación de espacios públicos con construcciones, falta de recolección de ramas y residuos domiciliarios, entre otros.

«La estadística -dice el informe de la Defensoría- es una manera de reflejar el volumen de trabajo registrado en la Defensoría del Pueblo desde su inicio, en 2003 hasta este año. Suman 27.190 los reclamos, consultas y solicitudes
de mediación de vecinos que han generado un documento y un trámite, denominado actuación, en
el ámbito de la institución, en catorce años de existencia. Hay temas, abordajes e intervenciones que no quedan plasmados en números, por lo que la evolución estadística es una muestra del tenor de labor desarrollada. Un importante bloque de presentaciones se refiere a temas de índole local, en consonancia con el
alcance de la Defensoría del Pueblo, otorgado por ordenanza. Sin embargo, como se ha planteado
en anteriores Informes, se registra un flujo cada vez mayor de reclamos por cuestiones de jurisdicción provincial que son atendidos ante la falta de la conformación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Entre Ríos. Se mantiene elevada la cantidad de actuaciones registrada por temáticas de alcance nacional, presentaciones que son tramitadas por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación que funciona en conjunto con la institución local».

Los números marcan la tendencia:

Entre 2003 y 2004, 1.363 intervenciones.

Entre 2004 y 2005, 1.146.

Entre 2005 y 2006,  1.070.

Entre 2006 y 2007,1.050.

Entre 2007 y 2008, 1.147.

Entre 2008 y 2009, 1.528.

Entre 2009 y 2010, 1.511.

Entre 2010 y 2011, 1.217.

Entre 2011 y 2012,  2.202.

Entre 2012 y 2013,3.343.

Entre 2013 y 2014, 2.634.

Entre 2014 y 2015, 3.117.

Entre 2015 y 2016,  3.201.

Entre 2016 y 2017, 2.661.

Entre, en 2017 y 2018, 2.360 actuaciones.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.