El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, elevó a juicio la causa en la que están imputados por delitos contra la integridad sexual dos Testigos de Jehová de Santa Elena, ciudad del departamento La Paz. Se trata de Matías Vargas (de alrededor de 42 años) y su cuñado Vito Panza (30 años).

Tanto Vargas como Panza están imputados por delitos contra la integridad sexual. Al primero se le atribuyen los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado se le endilga abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.

En la audiencia de este miércoles, que se realizó en los Tribunales de La Paz, el juez Carballo hizo lugar al pedido de elevación a juicio planteado por el fiscal Facundo Barbosa y por la abogada querellante Valeria Burckhard, que representa a Belén, una de las denunciantes y quien hizo público su caso a través de Facebook el 25 de abril de 2017.

Según reconstruyó Entre Ríos Ahora, el abogado Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala, pidió el sobreseimiento de sus defendidos –Vargas y Panza- y formuló una serie de planteos. Sostuvo que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo; puso objeciones sobre los hechos ventilados por la parte acusadora; rechazó la calificación legal; la prueba presentada por el fiscal y la querellante y también la pena que solicitaron. El juez rechazó todos los planteos.

Según se supo, la prescripción no fue aceptada ya que desde el último hecho denunciado por una de las jóvenes pasaron 10 años. El defensor de los imputados también cuestionó las pericias psicológicas realizadas por la Licenciada Torregrosa.

En ese punto el letrado solicitó hacer una nueva pericia de parte, pero la Fiscalía se opuso por considerar que la que se encuentra en la investigación penal preparatoria ya es suficiente y objetiva para que un Tribunal la meritúe en el juicio. La Licenciada, además, será testigo en el debate oral y público. La abogada Burkhard estuvo de acuerdo con que esa pericia se realice, previa consulta a Belén, la joven denunciante.

A su tiempo,  el fiscal adelantó que en el juicio pedirá una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza. Mientras que la abogada Bukhard coincidió con la calificación legal de los delitos establecidos por el fiscal, pero pidió 20 de prisión para ambos acusados.

Vargas era Siervo Ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los Ancianos -nombre que reciben los líderes de la congregación-. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación- se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza. Este último actualmente vive en San Luis, y también fue expulsado de la congregación.

El caso

La historia que llegó a los Tribunales paceños alumbró, primero, en la red social Facebook. Fue el 25 de abril de 2017, cuando una joven –hoy de 22 años- escrachó con una publicación a Vargas y Panza, a quienes señaló como abusadores.

“Hola gente de Santa Elena! Quiero comunicarles algo, ven a estos dos bien vestiditos con corbata y trajecito por favor se me explotó la vena no me voy a callar nada no van a quedar limpios basuras degenerados les voy a pegar el escracho de sus vidas, violines”, y agregaba que a uno de los Testigos de Jehová “le encantaba manosear y abusar de niñas inocentes” y que al otro “le encantaba excitarse con una nena inocente”.

Esa publicación motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también dijo haber sufrido abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre  8 y 11 años.

Vargas, el mayor de los acusados, demandó por calumnias e injurias a la primera joven denunciante, pero el caso no prosperó por la existencia de la causa penal. Así lo dispuso el 6 de junio de 2017 la jueza de Garantías y Transición de La Paz, Silvina Cufré de Millán.

Ante la repercusión pública que tomó la denuncia, Panza y Vargas, los acusados, fueron apartados de los Testigos de Jehová. Ambos son representados por el abogado Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala.

El 6 septiembre de 2017, la Asociación de Testigos de Jehová, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondió a un oficio del fiscal Barbosa que ambos acusados no pertenecían a las filas de los Testigos de Jehová. El escrito fue firmado por Christian Hernán Stinson, apoderado legal de la Asociación a nivel nacional.

Además, se ampararon en la ley 25.362, de Protección de Datos Personales, que impone el deber de confidencialidad, para no brindar más información.

Esa versión fue rápidamente desmentida por otros integrantes de la congregación de la localidad del norte entrerriano que declararon como testigos en la investigación penal preparatoria. Además, la abogada querellante Valeria Burkhard aportó fotografías a la causa que muestran a ambos participando de las actividades religiosas en el Salón del Reino.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.