La Cámara de Casación Penal de Paraná, con voto dividido, confirmó este viernes la prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná para el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el secretario del bloque de senadores del PJ, Juan Pablo Aguilera, y el cuñado de éste y funcionario de la Cámara de Diputados, Alejandro Almada, como así también la domiciliaria para el exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso. Es en el marco de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, investigación en la que la Fiscalía calcula que se sustrajeron del erario público alrededor de $2 mil millones entre 2008 y 2018.

Esta semana, los abogados defensores de los tres imputados reclamaron que finalice la prisión preventiva de los imputados. En el caso de Aguilera y Almada, son los dos últimos acusados que quedan en la Unidad Penal. Allí están desde el 15 de diciembre, por disposición de la jueza de Garantías Marina Barbagelata que hizo lugar al pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

La magistrada, entonces, le dictó prisión preventiva por 90 días en la Unidad Penal por entender que en libertad podían entorpecer la investigación. La medida coercitiva de ambos vence el próximo miércoles 13, pero se espera que la Fiscalía solicite una prórroga.

En primera instancia la medida fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones. Y el 21 de diciembre de 2018 la jueza Carolina Castagno confirmó la resolución de Barbagelata. A ese primer revés ahora se suma el de la Cámara de Casación Penal, o “de Confirmación Penal” como ya la caratularon con sorna algunos de los abogados defensores de los acusados.

En la reciente resolución, Marcela Badano y Marcela Davite votaron para que los acusados sigan con prisión preventiva en la unidad carcelaria ya que consideran que existen riesgos procesales, pero Hugo Perotti fue quien se diferenció y consideró que debía morigerarse la medida.

“La prisión preventiva dictada para garantizar aquellos fines (NDdelaR: obstrucción de la investigación), bien puede ser sustituída por una medida cautelar menos gravosa -prisión domiciliaria- pero que igualmente cumplirá con su cometido principal: impedir la incorporación de pruebas a la investigación en pos de esclarecer gravísimos hechos que, está a la vista, constituyen una de los casos de corrupción más importantes habidos en la historia de la Provincia, por lo que es dable desear que el órgano investigador -el Ministerio Público Fiscal- pueda realizar su tarea de recolección de datos con la más absoluta eficacia”, dijo en su voto el magistrado según el fallo al que accedió Entre Ríos Ahora.

Según la Fiscalía, Aguilera es considerado por el Ministerio Público Fiscal como “una de las cabezas” en la pirámide de mandos de la “organización criminal” que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laborales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política. Se habló, no sin cierta malicia, de la existencia de “El Número 1”, a quien no se identificó.

En esa trama de responsables en la cúspide de la pirámide de mandos, también tienen un lugar de privilegio el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, y el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, empleado de Cardoso y cuñado de Aguilera.

Estos dos últimos están involucrados, además, en la causa que lleva la Justicia Federal ante la presunta existencia de una mesa de dinero en el Senado entrerriano en la anterior gestión de gobierno. Almada, además, suma una segunda causa en el fuero federal luego de ser detenido, a comienzos de 2018, en un operativo sorpresa en el Acceso Norte a Paraná con casi $370 mil en efectivo cuya procedencia no pudo justificar.

Aguilera, a su vez, irá a juicio en julio próximo por el supuesto desvío de fondos públicos en la contratación de publicidad callejera que hizo el urribarrismo con empresas que se sindican como pertenecientes al cuñado del exgobernador: Tep SRL y Next SRL. Se trata de contrataciones por un volumen de $24 millones.

Planteos

El pasado miércoles, en representación de Aguilera habló ante los jueces de Casación –Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti- su defensor, Marcos Rodríguez Allende, quien sostuvo que en la investigación de la Fiscalía “no hay elementos suficientes” para sostener el argumento de la prisión preventiva y por eso reclamó su inmediata libertad. “Se le imputa a Aguilera un hecho que no se sabe cuál es, ni qué rol desplegó. Se ha afirmado en numerosas oportunidades que Aguilera sería una suerte de cabeza de la organización. Pero no surge esto de la investigación penal preparatoria. Del material probatorio que hay hasta el momento no surge que sea el máximo responsable. Todo lo contrario. Aguilera ha sido nombrado una sola vez”, afirmó el letrado.

Miguel Cullen, representante de Alejandro Almada, sostuvo que “el único basamento para sostener la prisión preventiva es un basamento de carácter genérico. Se habla de la gravedad de la imputación y de lo complejo de la investigación”. Esos argumentos, sostuvo, fueron echados por tierra por el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al otorgar la libertad de otros cuatro imputados en la causa contratos: Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao.

Guillermo Vartorelli, defensor de Cardoso, juzgó que la resolución de la jueza Barbagelata, que dispuso la prisión preventiva domiciliaria de su defendido, resultó “contradictoria en sí misma”, y pidió que se dicte la nulidad de esa sentencia, y que se “corrija la situación injusta que se está suscitando respecto de Cardoso. Y se le dicte la inmediata libertad, que cese la prisión preventiva domiciliaria que cumple desde hace 80 días y que se le restituya la inmediata libertad”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.