La jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso hoy la libertad de los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, y de Roberto Ariel Faure, los últimos dos imputados en la causa de los contratos en la Legislatura que mantenían restricciones de su libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario, con tobillera electrónica.
La medida se dispuso tras un acuerdo entre los defensores y el Ministerio Público Fiscal, que de ese modo deja sin efecto un recurso planteado ante la Cámara de Casación Penal para revertir la medida que había dispuesto la camarista María Carolina Castagno.
Ahora, Barbagelata dispuso para Pérez y Faure desde hoy «y hasta la remisión de la causa a juicio», la obligación de mantener «el domicilio que han denunciando en las presentes actuaciones, y no modificarlo sin autorización judicial»; además, «no ausentarse de la ciudad de Paraná sin autorización judicial», tampoco tener contacto alguno con las personas que aparecen como contratantes en los contratos relacionados al hecho que se les atribuye; «no tener contacto alguno con personas que hayan tenido o tengan actualmente intervención en cualquier etapa administrativa relacionada a la suscripción de contratos, pago de contratos o rendición de contratos, incluyendo auditores o empleados del Tribunal de Cuentas de la
Provincia»; además, no ingresar a la Casa de Gobierno, Legislatura provincial y dependencias descentralizadas del Poder Legislativo; y, «comparecer todos los días lunes y viernes a la comisaría de la Jurisdicción de los respectivos domicilios, a fin de que se tome razón de su presencia en la ciudad, hasta la remisión
de la causa a juicio».
Marcha y contramarcha
El 20 de febrero último, la jueza Barbagelata había acogido favorablemente el planteo formulado por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y dispuso ampliar por 60 días más la prisión preventiva a Pérez y a Faure, sindicado este último como una de las cabecillas en la “organización delictiva”, tal como calificó la Procuración al entramado de los contratos truchos en la Legislatura, que según una primera presunción habría provocado un desafalco al Estado del orden de los $2.000 millones en la última década.
Pérez y Faure fueron a dar a la Unidad Penal N° 1 el 22 de noviembre último cuando el juez de Garantías José Eduardo Ruhl aceptara la petición de los fiscales de modo de frustrar cualquier intento de entorpecer la investigación penal preparatoria, medida de coerción ratificada el 7 de diciembre de 2018 por la jueza de juicios María Carolina Castagno. En los sesenta días que se amplió la preventiva de los dos contadores la Fiscalía adelantó hoy que podría estar remitiendo la causa a juicio oral, con lo cual los plazos ahora se ampliaron. Antes se había establecido como fecha probable el mes de marzo.
Oposición
Los abogados defensores se opusieron de modo cerrado a la posibilidad de que se diera cabida a aquel pedido de Fiscalía.
Leopoldo Cappa, defensor de Roberto Ariel Faure, citó el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que puso fin a las preventivas que pesaban sobre otros cuatro imputados de la causa de los contratos, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. Y mencionó que está en trámite un recurso de queja ante ese máximo tribunal para obtener una medida similar para Faure y también para Pérez.
“Carece de razonabilidad pedir extensión de la preventiva”, aseguró. “Y además, las razones que da la Fiscalía son extrañas e irrelevantes a los fines del entorpecimiento de la investigación, según ha dicho el Superior Tribunal. Nosotros ya habíamos dicho que el plazo inicial de preventiva por 90 días era exagerado. Acá los fiscales no han traído nuevas evidencias que justifiquen la extensión de la preventiva”, apuntó.
Sostuvo que el único elemento para justificar la prisión de Faure fue una filmación en el edificio de Avenida Alameda donde estaba su estudio contable. Pero dijo que en esa filmación no se lo ve a Faure haciendo la mudanza, que es lo que la Fiscalía entiende como entorpecimiento. “Hacer lugar a una prórroga de 60 días de la preventiva es desmedido”, aseveró.
Miguel Cullen, que asiste junto a Guillermo Vartorelli a Gustavo Pérez, descartó que haya riesgo procesal que ampare la prórroga de la preventiva. “Gustavo Pérez no entorpeció la investigación. Es más, renunció a su función, no tiene ninguna intención de entorpecer. No lo echaron. Cuando se suceden estos hechos, renunció. Lo hace porque es inocente. Y porque está convencido de que cumplió su función con honestidad y probidad”, planteó.
Cullen aseguró que “no se llegó a probar cómo Pérez pudo haber entorpecido la investigación. Además, no se han dado fundamentos novedosos que justifiquen la extensión de la preventiva”.
Pero el 22 de febrero la medida fue revertida tras una apelación de las defensas por la camarista Castagno.
En su fallo, Castagno entendió que aún existe riesgo de que los imputados entorpezcan la investigación penal preparatoria y por ello mantuvo la prisión preventiva, pero cambió la modalidad: la cumplirán en sus domicilios, monitoreados con tobillera o pulsera electrónica.
La camarista resaltó que su decisión “está en sintonía” con el reciente fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que puso fin a la prisión preventiva de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao, otros acusados en esta causa.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.