«La conducta de ruptura de la contraria, que aún inmersa en un procedimiento paritario de discusión decidió en forma unilateral e intempestiva romper el diálogo y aplicar directamente medidas de fuerza, sin dudas impide seguir esa instancia administrativa e imponen la inmediata apertura del procedimiento judicial con la disposición urgente de la suspensión de las medidas de fuerza».

En esos términos, la abogada Miriam Clariá, asesora legal del Consejo General de Educación, pidió a la jueza laboral Gladys Pinto, que dicte la conciliación obligatoria en el conflicto docente, que de ese modo cierra su etapa de negociación a nivel administrativo en la Secretaría de Trabajo y ahora se dirimirá en un despacho judicial. «Resulta evidente que la voluntad gremial ha sido impedir que esta parte pudiera ejercer cualquiera de los procedimientos que la ley prevé para evitar la concreción de las medidas directas pues de otra forma no se explica que la respuesta a la propuesta haya sido directamente la medida de fuerza», agrega el escrito al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora. 

El Gobierno había propuesto en la reunión paritaria del lunes 18 un aumento del 18%,  en dos tramos, y había accedido al pedido gremial para destinar un 11% a recuperación de la pérdida frente a la inflación en 2018, y el 9% a recomposición del primer semestre. También, se fijó una cláusula de revisión en julio, y el Gobierno aceptó devolver los montos descontados por los 18 paros docentes del año último. La respuesta a esa oferta fue la decisión del congreso provincial de Agmer, que este jueves 21 sesionó en Chajarí: rechazó la oferta, pidió la presentación de una nueva propuesta y dispuso 48 horas días de huelga, el viernes 22 y el lunes 25.

El plan de lucha gremial no cayó bien en el Gobierno. «Estas medidas de acción directa que habitualmente llevan adelante los gremios -dice la presentación judicial- son la herramienta de la que se han valido para intentar torcer la voluntad estatal y particularmente de quien está asumiendo la representación del Consejo General de Educación, quien por la  Ley y por la Constitución está obligado a velar por la educación  y la formación integral de quienes conducirán los destinos de la Patria, cuales son nuestros niños entrerrianos que tienen garantizado por normas constitucionales y supranacionales el derecho a aprender, y también a que los docentes puedan enseñar respetándose al máximo sus derechos laborales y sobre todo a ser bien representados a la altura de su merecimiento, debiendo bregar también por el cumplimiento de la legalidad en este propósito, que impone en esto, una responsabilidad fiscal y el no compromiso de recursos que no se encuentran debidamente presupuestados».

Enseguida, el escrito aclara que el Gobierno no desconoce «el derecho de los trabajadores de la educación y en particular, el legítimo derecho de huelga», y agrega: «Pero está claro que la constitución quiere decir, primero negociar, pactar, restablecer equilibrios, corregir desigualdades, hacer efectiva la paridad negocial entre los gremios y los empleadores mediante la generación de la legislación negociada del convenio colectivo; después, establecer los mecanismos preventivos del conflicto conciliando y acudiendo voluntariamente al arbitraje, sin indicar si ésta es una actividad estatal y, finalmente, como último recurso, la potestad gremial de ejercer el derecho de huelga».

Y al final, como el paro afectará el derecho a los niños a recibir educación, el Gobierno pidió a la Justicia que dé intervención al Ministerio Público de la Defensa.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.