Adjudicatarios de un plan de 800 viviendas -250 en San Benito, 250 en Colonia Avellaneda, 300 en Paraná- vienen denunciando, indignados, las notorias fallas constructivas, pero la respuesta desde el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), los dejó de una sola pieza: el organismo que conduce Marcelo Casaretto abrió un registro para que, en un plazo de 30 días, le anoten los disconformes y devuelvan las viviendas que les disgustan.

El senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) salió a cruzarlo al funcionario. “Esto es típico de Casaretto, la prepotencia, la falta de sensibilidad social. No puede decir semejante disparate frente a la necesidad de gente. La necesidad de la gente por una vivienda los llevó a que la Mutual Modelo los estafara. Y encima, la Justicia mira para un costado y no hace nada ante la denuncia que hicimos”, señaló, en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

Kisser y Casaretto.

 

En noviembre último, Kisser, con el patrocinio del abogado Rubén Pagliotto, se presentó en la Fiscalía Anticorrupción y denunció a los empresarios de la construcción Néstor Iván Szczech, Miguel Marizza y Rubén Oscar Grasso, y a las firmas Adelco-Viano Construcciones, Caballi SA y RP Construcciones, que tuvieron a su cargo las obras; y a los directivos de la Mutual Modelo, que el legislador Kisser le atribuye a Marizza.

Kisser también denunció a los exfuncionarios de IAPV Oscar Marelli y Alfredo Francolini, por la falta de planificación y control posterior en las obras.

Kisser entiende que el empresario Miguel Marizza sería el ideólogo de un negocio orquestado bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal que consistía en la construcción de 800 viviendas sociales en Paraná, que luego se reconvirtió en tres complejos habitacionales “en el área Paraná” debido a que el IAPV carecía de terrenos suficientes en la capital provincial, y es por eso que “en los pliegos se consigna expresamente que las empresas constructoras debían suministrar el terreno, donarlo al IAPV, y percibir de los adjudicatarios solo el costo del terreno”, según la denuncia de noviembre último publicada en Página Judicial.

 

En la denuncia se habla de una evidente “improvisación y negligencia” del IAPV en la planificación de las 800 viviendas y de “un proceder deliberado e intencional que encubre subalternos intereses empresarios y de determinados funcionarios”.

 

El legislador sostuvo además que se ideó un sistema para obviar a quienes se encuentran en la lista de espera de los registros públicos para acceder a una vivienda y, en cambio, “aparece la idea del negocio inmobiliario de las constructoras, con una mutual que actuaría como financista, teórica loteadora de terrenos y vendedora de los terrenos donde se construirían estas viviendas”, lo que supone “un gran ‘negocio’, en apariencia, porque en definitiva es una estafa”.

“Cuando hicimos la denuncia, además del negociado tremendo con la Mutual Modelo, que se está apropiando de una suma importante en perjuicio de los adjudicatarios, denunciábamos los defectos de construcción. Nos llevó muchos meses estudiar la problemática. Entre mayo y junio de 2018 nos empezaron a llegar quejas de adjudicatarios de San Benito. Empezamos a hacer el estudio, y recibimos informes, y empezamos a reunir información sobre los problemas que presentan estas 800 viviendas”, dijo el legislador.

Entre los problemas que detectó, es la situación de adjudicatorias a los que se les entregaron menos metros cuadrados de los que pagaron. En otros casos, muchos, hay fallas constructivas. “El otro problema que tienen estas viviendas es el techo, que es de chapa. Para el sistema de construcción de Casa Forma, tiene que ser de loza. Y con tejas, mejor, porque necesitan tener peso. Esas viviendas son muy livianas. Frente a tormenta, empiezan a vibrar. Y a perder  fortaleza. Todo esto lo denunciamos. Y esto es producto de la falta de contralor del IAPV”, señaló el legislador.

Devolución

 

En una resolución fechada el 20 de marzo, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) abrió un plazo de 30 días para quienes estén disconformes con el estado de construcción de sus casas, y puedan rescindir su tenencia. La instancia se abrió para saldar los litigios por los reclamos de roturas y desperfectos estructurales. Abarca los planes realizados en San Benito, Colonia Avellaneda y Paraná.

 

Se trata de las que corresponden al Grupo I San Benito (250 viviendas), Grupo II Colonia Avellaneda (250 viviendas) y Grupo III Paraná (300 viviendas) ejecutados en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno. El plan de rescisión de los contratos de adjudicación está contenido en la resolución Nº 0697/19 de IAPV.


En esa disposición, el organismo que preside Marcelo Casaretto establece una instancia para determinar los montos que cada familia interesada en devolver sus viviendas abonó al organismo y la Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos, quien operó en la venta de los terrenos. Este dinero será reintegrado a su vez por la familia postulante a ocupar la residencia que se deja. Previamente, se elaborará un padrón de aspirantes a ser nuevos tendedores precarios de estas casas, según reveló la Agencia de Informaciones Mercosur (AIM).

 

Se estima que el monto total de la inversión por cada unidad habitacional de este tipo en cuanto infraestructura, obras complementarias y redeterminaciones podría llegar a apreciarse en $1,7 millones.

 

En los fundamentos de esta resolución, IAPV menciona los reclamos en los cuales “los presentantes manifiestan su disconformidad respecto del estado en que fueron entregadas las viviendas”. Y sostiene que “las viviendas fueron ejecutadas según las normas del caso, así como que se ejecutaron los pliegos de condiciones pautados con los contratitas y su posterior control e inspección”. También que las familias preadjudicatarias tuvieron oportunidad de ver las unidades antes de ser entregadas y que firmaron conformidad respecto al estado.

 

Desde el Instituto asimismo se sostuvo que “posteriormente a la entrega de las viviendas de los citados grupos habitacionales y en virtud de la garantía, las empresas adjudicatarias montaron un obrador permanente en el lugar con personal técnico capacitado, a efectos de atender cualquier deficiencia constructiva que pudiera suscitarse”. En este orden, se admitió que “se efectuaron reclamos por algunas roturas y desperfectos constructivos, típicos de una obra importante en cantidad de unidades habitacionales, los cuales no superaron en su conjunto, el 2% del total de viviendas entregadas, ante lo cual la Gerencia Técnica de este Organismo”.

 

Tomando en cuentas estos antecedentes, el organismo sostuvo como salida administrativa que las viviendas “fueron entregadas en carácter de tenencia precaria a los grupos familiares preadjudicatarios”, por lo tanto “evaluando el vínculo jurídico que une a los preadjudicatarios con el Instituto y, a fin de resolver la situación conflictiva precedentemente descripta, se entiende conducente habilitar una instancia administrativa en la cual se dejarán sin efecto y por mutuo acuerdo las tenencias precarias otorgadas, renunciando los preadjudicatarios, a los derechos de uso y goce sobre las viviendas y procedimiento a devolver la posesión al organismo”, se indicó.

La idea, se reiteró, es “evitar situaciones conflictivas se perpetúen a lo largo del tiempo, generando reclamos recíprocos que derivarían en largos procesos judiciales, creando indefinición e incertidumbre”.

 

De este modo, se resolvió establecer 30 días hábiles para hacer uso de la facultad de rescindir el acta de tenencia precaria desde la fecha de la resolución, el 20 de marzo. La renuncia, se remarcó, también es de “proseguir cualquier reclamo derivado de la preadjudicación y/o extinción”.

 

Por último, se planteó que “una vez fenecido el plazo de la instancia administrativa antes mencionada, de comprobarse incumplimientos por parte de los grupos familiares tenedores precarios, el instituto iniciará las pertinentes acciones legales tendientes al recupero de las unidades habitacionales”.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.