Los docentes y el Consejo General de Educación (CGE) se volverán a reunir este lunes 22, a las 9, en el despacho de la jueza laboral Gladys Pinto -que el 22 de marzo, y a pedido del Gobierno, dictó la conciliación obligatoria y así frenó los paros en las cuelas-, y lo harán con la expectativa de sellar un acuerdo.

Aunque de momento el entendimiento no parece cercano. Después de tres sucesivas reuniones en la Justicia Laboral, sindicatos docentes y Gobierno no han conseguido acercar posiciones, y las conversaciones se tensaron luego de que el martes 16 se conociera el índice de inflación para el primer trimestre del año, un 11,8%, que toma más de la mitad de la oferta hecha a los docentes, un 22% para el primer semestre.

Hasta febrero último, el docente del cargo testigo, maestro de grado sin antigüedad, tenía un ingreso de bolsillo de $15.291. En marzo, el Gobierno decidió otorgar un aumento del 10% a cuenta de lo que se negocie en la conciliación judicial, y así ese ingreso pasó a $16.678. Si se acuerda que la recomposición a mayo será del 22%, aquella cifra treparía a $18.655.

Claro que esos montos está lejos del valor de la canasta básica total que mide la línea de pobreza, y que en marzo se ubicó en $28.673,51.

Juan Carlos Crettaz, miembro de la comisión paritaria salarial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) por la minoría Rojo y Negro, acepta que la negociación salarial ingresa en un terreno complejo. El lunes 22 será la cuarta audiencia con la jueza Pinto, a dos días que concluya la conciliación obligatoria dictada por 20 días hábiles, hasta el 24.

Crettaz pone el ojo en el aumento de la inflación. «En el primer trimestre tuvimos un acumulado del 11,8%, con un aumento del 4,7% en marzo, y un pronóstico para abril que habla de un 4%. En ese marco, la demanda docente es por alcanzar un salario que alcance, como mínimo, el valor de la casta básica. Hoy estamos muy lejos. El docente que recién se inicia gana $16.678», aseguró.

El dirigente remarca la necesidad de que el Gobierno acepte establecer una cláusula gatillo que permita la actualización mensual del salario y así evitar la pérdida frente a la inflación. «Con el 10% que nos dieron en marzo no alcanza a cubrir el 11% que nos deben de 2018 por la pérdida frente a la inflación. Pedimos algún paliativo para abril», pero no hay respuesta, aseguró Crettaz.

La cláusula gatillo es clave  «para que no perdamos más de lo que ya perdimos», dice. «Pero el Gobierno prefiere reunirse y ver cómo se actualiza, y así gana tiempo. El año pasado pasó lo mismo: la negociación se cerró el 21 de mayo, en el despacho del juez (José) Reviriego».

-El 10% que el Gobierno otorgó a partir de mayo ya quedó diluido por el índice del 11,8% de inflación.

-Exactamente. Por eso nosotros plantemos la cláusula gatillo mensual.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.