La causa de los contratos truchos de la Legislatura, en la que se investiga la supuesta sustracción de dinero del erario público a través de contratos apócrifos, sigue su curso y todo hace pensar que la requisitoria Fiscal se extenderá en el tiempo.

Cabe recordar que en marzo, cuando en los Tribunales se discutían la continuidad o no de las prisiones preventivas para algunos acusados, la Fiscalía estimó que para fines de abril daría por concluida la investigación y pediría la elevación a juicio. En el medio hubo una sorpresa: el abogado Miltón Urrutia irrumpió con un pedido de ampliación de denuncia. La presentación se anexó a la causa original y la investigación continuó.

La última novedad en la causa se dio el pasado 12 de abril, cuando la jueza de Garantías Marina Barbagelata decretó un embargo millonario por 3 mil millones de pesos y que alcanza a varios de los acusados. La cifra es superior a los 2 mil millones de perjuicio al Estado que calcula la Fiscalía que se habría producido entre 2008 y 2018, que es el periodo investigado.

En su resolución, la magistrada estableció  “el embargo preventivo de los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas que más adelante se individualizarán por la suma de 2.000.000.000 de pesos con más la suma de 1.000.000.000 de pesos en concepto de intereses a la fecha en que se decrete la medida, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso; de los fondos que hubiera, o que ingresaran posteriormente, en las cuentas en la parte proporcional que corresponde por Ley de Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena, Sergio Cardoso, Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Ariel Faure, Jorge Badallares, Pedro Opromolla, Nicolás Beber, Guido Krapp, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni”.

Sergio Cardoso, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados –en uso de licencia-, intentó extraer dinero de su cuenta sueldo y se encontró con el bloque dispuesto por la magistrada. Ante ello, su abogado, Emilio Fouces, presentó un recurso de revocatoria para que cese la medida judicial y sostuvo que está dispuesto a apelar si obtiene un fallo adverso.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el letrado indicó que todavía no fue notificado del embargo decretado, aunque ya es un hecho. “Cardozo fue al banco a tratar de hacer una extracción de su cuenta y se encuentra con la cuenta bloqueada, averigua y le explican que había una orden judicial de trabar un embargo por 3 mil millones de pesos”, refirió.

Para el letrado, el bloque es improcedente, puesto que en la causa no está claro de dónde surge la estimación que hace la Fiscalía de que el perjuicio al Estado fue del orden de los 2 mil millones de pesos. “Es un avasallamiento muy grave al derecho de defensa. Uno cuando se defiende de un delito de índole económica, entre otras cosas, lo que se le tiene que informar a la persona que se le está acusando es a cuánto asciende el monto”, dijo Fouces.

En ese sentido, recordó que cuando la causa se inició, en septiembre de 2018, el monto del perjuicio calculado por los fiscales ascendía a los 1.235 millones de pesos, pero que luego se comenzó a hablar de los 2 mil millones.

En cuanto al embargo, el letrado señaló que la medida “está dirigida a todos los imputados y sus cónyuges”, y que en total son alrededor de 50 personas.  En ese plano, remarcó que la suma del embargo por 3 mil millones por cada uno llega a una desorbitante cifra: 150 mil millones de pesos. “Creo que en la historia del país no debe haber una causa con semejante número”, manifestó.

En ese sentido, consultado por qué ataca la resolución de la jueza Barbagelata, Fouces explicó:  “Hay una ley de 2016, la 10.567, que establece que cualquier agente de la administración pública provincial o municipal que sea sujeto a un embargo sobre sus haberes se debe hacer oficiando al empleador, no se puede embargar directamente. En el caso de Cardoso (su defendido) hay que ir a la Cámara de diputados, y ahí embargar. Acá la jueza libró un oficio directo al Banco de Entre Ríos y le embargaron el 100%  de la cuenta sueldo. Cardozo no puede tener ni un peso de su sueldo, cuando todos sabemos que el sueldo reviste carácter alimentario y es inembargable hasta cierto porcentaje”.

En ese marco, sostuvo que en su recurso de revocatoria a la medida judicial le señaló a la jueza que el embargo dispuesto corresponde a 15 años de contratos de la Cámara de Diputados provincial.

“La Cámara de Diputados tenía en 2018 un presupuesto de 200 millones de pesos (en contratos), entonces el monto del embargo son 15 años de funcionamiento del total de contratos de la Cámara. Hay un despropósito absolutamente infundado, y creemos que hay un avasallamiento al derecho de defensa porque nadie nos ha explicado de dónde surge semejante exorbitancia”, concluyó.

La causa

Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, y la Fiscal Anticorrucpión y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

A mediados de marzo consiguieron la excarcelación algunos de los principales imputados:  Aguilera, Almada, Pérez, y Faure. También se encuentran libres los “recaudadores”, como caratuló a la Fiscalía a los primeros imputados: Beckman, Mena, Scialocomo y Bilbao. Además de ellos, se encuentran en libertad, con algunas restricciones, otro grupo de personas que habría actuado como “reclutadores” de contratados truchos.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.